Con varios proyectos en punto de quiebre y que amenazan con dilatar la ansiada meta del desarrollo, son varias las discusiones que se han presentado en las últimas semanas respecto a cómo superar los cuellos de botella y el descontento social para destrabar numerosas opciones de inversión.
Desde el ámbito judicial y de la óptica empresarial recogimos dos interesantes diagnósticos que apuntan a conocer las causas del actual panorama que llevó a la detención y judicialización de varias iniciativas. El ex fiscal regional y actual decano de Derecho de la U. San Sebastián, Xavier Armendáriz, plantea que la incapacidad de la sociedad civil para generar acuerdos es clave en este escenario, mientras que el presidente del directorio de AFP Habitat, José Antonio Guzmán, responsabiliza directamente a la clase política.
Xavier Armendáriz: "El peor favor que nos podemos hacer es pretender que los tribunales nos solucionen los problemas"
Por Patricio Ojeda González
Un juicio crítico respecto a la incapacidad de la sociedad civil para encontrar acuerdos manifiesta el actual decano de derecho de la Universidad San Sebastián, Xavier Armendáriz.
El ex fiscal regional de la zona metropolitana oriente afirma que en materias altamente sensibles como los temas energéticos y medioambientales es básico establecer puntos de encuentro para que la justicia no termine decidiendo en aspectos que debieran ser de neta responsabilidad de las partes involucradas.
Además, desdramatiza las opiniones que el Ejecutivo ha formulado respecto a las decisiones del Poder Judicial insistiendo en que "los actos de una autoridad cualquiera pueden ser objeto de debate y de cuestionamiento", siempre que no se intervenga en temas de exclusiva injerencia de un poder.
- ¿Cómo analiza la relación que se ha dado en el último tiempo entre el Poder Judicial y el Ejecutivo?
- Creo que en los estados democráticos de derecho moderno y, más aún, en la dinámica en que se dan hoy las relaciones sociales institucionales, no hay ninguna posibilidad de dejar al margen del comentario o de la crítica las actuaciones de ninguna autoridad, desde luego tampoco a la judicial. Lo que sí prohibe la Constitución es la injerencia en las actividades de un poder con respecto al otro, pero no comentarios. Sin perjuicio de eso, me parece que hay que tener una prudencia para cuidar el sistema. Si estamos discutiendo un fallo en particular, discutámoslo. Ahora, que se haya comentado algo sobre un fallo lo encuentro normal, con la salvedad que hay que respetar la institucionalidad. No le hacemos un favor a nadie si las instituciones se descalifican unas a otras, porque esto en el chileno medio, que en mi sensación es bastante descreído con respecto a la institucionalidad, no va a servir para que gane confianza en ella.
- ¿Y cómo observa la polémica respecto al rol de la justicia en los proyectos energéticos?
- La judicialización de esos problemas va a existir siempre. La Ley 20.600 acaba de crear los tribunales ambientales y ellos le dan la competencia en ciertos casos a las cortes de apelaciones y en otros casos a la Corte Suprema para resolver las materias ambientales, por lo tanto, no se adelanta nada con decir si los jueces no tienen competencia o idoneidad para resolver los asuntos. O sea, no vamos a estar en un escenario para nada distinto al que estamos hoy, en que estamos sujetos a la última palabra del más alto tribunal de la república que, por lo demás, me parece que es la única manera de enfrentar los conflictos en un Estado democrático, o sea, tiene que haber un poder judicial independiente que resuelva los conflictos. Los tribunales ambientales justamente tratan de enfocar ese problema. Ahora, para esto de la complejidad de los temas que hay que tratar, en otras partes lo que se hace es dotar de asesores o ayudantes a los ministros de la Corte Suprema -que sean de confianza de los ministros- y ellos recopilan antecedentes legales o técnicos de las materias, eso me parece que es una buena iniciativa. Y si lo que echamos de menos es algún rango de preparación o de apoyo técnico a los ministros, creo que están las herramientas para proporcionarles un staff de asesores donde apoyarse.
- En el último tiempo se ha hablado mucho de la judicialización de los proyectos energéticos. De hecho, los más emblemáticos han sido detenidos por la justicia....
- Y si no han salido rechazados, han sido cuestionados e igual han sido llevados a la judicialización. Ahora, a mi me parece inevitable y por lo demás se está tratando de dar una respuesta institucional justamente a través de los tribunales ambientales. Cuando las institucionalidades no logran resolver y lograr consensos sociales sobre estos proyectos, indefectiblemente terminan en tribunales. Yo no soy nada partidario de la completa judicialización de los asuntos sociales, creo que eso no ayuda a un país. O sea que si tenemos un conflicto sobre educación, sobre leyes ambientales, cultura o si hacemos un iniciativa social, que al final del día sean los tribunales los que resultan todo, creo que no es ese el papel. Creo que las sociedades tienen que tener un grado de madurez tal para ser capaces de lograr acuerdos y consensos que, por supuesto, no dejarán a todos contentos, pero que sí sea fruto de un acuerdo, pero si eso no se logra, están los tribunales.
- ¿En los casos energéticos debería pasar lo mismo?
- Justamente la idea de los estudios de impacto ambiental es esa, que se logren los consensos a través de un proceso de participación, porque si no lo que sucede es que en definitiva son los jueces los llamados a pronunciarse respecto a procedimientos largos, donde han intervenido distintos estamentos, y se supone que está la voz de la autoridades. Obviamente los tribunales hacen su papel pero uno desearía que los consensos sociales se lograran y que no fueran la imposición de una autoridad judicial, que tiene que optar por un camino.
- Pero el empresariado centra sus críticas en que ha habido estudios de impacto ambiental aprobados y que aún así los proyectos llegan a la justicia...
- Entiendo que cuando una parte se sienta perjudicada reclame, pero el sistema opera de esa manera y no se le puede pedir que opere de otra. Llegado el caso, el tribunal va a tener que pronunciarse respecto al tema, ahora la legalidad o el alcance del fallo es ya un tema del fallo en particular, yo he escuchado que en Central Castilla se dijo que el fallo no se ajustaba a derecho, pero esa fue la postura de quienes perdieron.
- ¿Cómo analiza el actual estado de la justicia?
- Yo pondría algunas cosas de relieve, por ejemplo en esto que estamos hablando de la judicialización de lo social. El peor favor que le podemos hacer al sistema de justicia y el peor favor que nos podemos hacer como sociedad es pretender que los tribunales nos solucionen todos los problemas. Si la sociedad civil pretende que en definitiva sólo sean los tribunales los árbitros de toda la vida social, me parece un modelo de funcionamiento social deficitario. La sociedad tiene que ser capaz de ponerse de acuerdo y lograr consensos sin necesidad que los tribunales lo estén resolviendo todo. Por lo mismo, los tribunales tienen una cara muy visible en el espectro social y ocupan un rol muy relevante en el lugar social, pero no es un lugar que hayan pedido tener, sino que es donde los estamos ubicando nosotros por la falta de capacidad de ponernos de acuerdo. Se están convirtiendo en los árbitros únicos de las últimas soluciones. Eso siempre es un papel que no es agradable y que va a originar que el Poder Judicial tenga detractores.
José Antonio Guzmán, presidente del directorio de AFP Habitat: "Con el actual clima político veo difícil la realización de proyectos clave"
Por Bárbara Gutiérrez P.
La política no es un tema ajeno para el presidente del directorio de AFP Habitat, José Antonio Guzmán. Tras liderar la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) entre 1990 y 1996, estuvo en sus planes la posibilidad de llegar a ocupar un escaño en el Congreso Nacional. Aunque no logró ese objetivo, cada una de las declaraciones que realiza desde el mundo empresarial donde se ha desarrollado, incluye un profundo análisis político.
Clara muestra de aquello es la interpretación que entrega sobre el particular momento que vive el país, cruzado por el reciente movimiento social en la provincia de Huasco que derivó en el cierre de la planta de Agrosuper, emplazada en la comuna de Freirina, y el incierto panorama que se mantiene sobre el proyecto de Punta Alcalde, también ubicado en la zona.
Y no tiene dudas respecto de las responsabilidades: depende del "liderazgo y actitud de la clase política".
- Tras lo ocurrido ahora en Freirina, ¿cuál es, a su juicio, el problema esencial en este tipo de conflictos?
- El caso Freirina es un ejemplo más de las dificultades que viene observando el sector empresarial para llevar a cabo iniciativas de inversión en diversos ámbitos. Convergen aquí diversos errores cometidos por los diferentes actores de este episodio, que podrían haberse previsto y obviado, si hubiese habido oportunamente una actitud más reflexiva y constructiva de las partes.
- Vamos por parte, ¿cuáles son los errores de la empresa Agrosuper?
- De parte de la empresa, es evidente que hubo falta de previsión sobre el impacto de la ubicación y el tamaño de la inversión, aunque hayan cumplido con la normativa medioambiental vigente, lo que ha terminado afectando injusta e innecesariamente la calidad de vida de los habitantes de una ciudad. De parte de la autoridad de la época en que se autorizó la inversión, queda claro que primó el objetivo político de impulsarla a toda costa, en el ambiente de débil recuperación económica que atravesaba el país por entonces, con alegría de varios de los que hoy se erigen como detractores del proyecto.
- Y ¿cuál es el error del actual gobierno?
- De parte de la actual autoridad, una vez más, el no haber percibido el alcance de la manifestación ciudadana, ni neutralizado a los grupos extremistas y violentistas que fluyen por el país para impedir la aprobación o ejecución de cualquier proyecto de inversión y desarrollo.
- ¿Qué responsabilidad le atribuye a quienes se manifestaron, que eran quienes estaban siendo afectados en definitiva?
- De parte de la comunidad local, pero, particularmente, de sus autoridades, la falta de visión y disposición al entendimiento para procurar la continuidad de su principal fuente laboral, dejándose arrastrar por intereses políticos de izquierda para dañar al actual gobierno y a los empresarios.
Responsabilidades y clima político
- ¿Considera que este escenario es irreversible o que aún podrían implementarse algunas medidas que permitan retomar confianzas mutuas?
- Hacia el futuro, la principal responsabilidad es de la clase política, de su actitud, de su liderazgo ante la comunidad y de transmitir su real intención de avanzar hacia el desarrollo.
- ¿Es optimista de que se asuma esa responsabilidad, incluyendo a los empresarios?
- Con el actual clima político, impulsado especialmente desde una parte de la oposición, veo difícil la realización de proyectos claves, aunque el sector privado haga sus mejores esfuerzos por recuperar la confianza de la ciudadanía.
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