Tranquila gracias a la diversidad que compone la Convención Constitucional está la directora del Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS) de la Universidad Mayor e investigadora del COES, Claudia Sanhueza.
“El gran riesgo que había con la Convención Constituyente era que no fuera realmente representativa”, reconoce a través de una videollamada. Entonces, mira el variopinto de personas electas, en donde hay partidos políticos, dirigentes sociales, científicos y queda conforme.
La otra sorpresa fue la votación por mujeres. Su análisis es que el problema no estaba en la participación de ellas, sino más bien en cómo funcionan los partidos con sesgos de género y socioeconómicos. “La gente ve la política como lejos, como otra clase y si queremos tener una buena política, cualquiera tiene que sentir que puede ser parte.”
Ligada al Frente Amplio (FA), desde su rol en la Fundación Saberes Colectivos, Sanhueza espera continuar apoyando el proceso en todo lo que los constituyentes “necesiten, quieran, requieran y los tiempos también nos permitan”.
En lo inmediato, menciona que desde la entidad realizarán talleres sobre seguridad social, participación política, bienes comunes y derechos sociales, entre otros, dirigidos a los constituyentes y a “todos los mundos” ligados a la fundación.
A ello, se suma la implementación de un Observatorio de Coherencia sobre el debate en la Convención y lo que la gente piensa: “Tenemos el financiamiento y probablemente lo reformulemos levemente, porque lo habíamos pensado en otra realidad, como más bien que la Convención se podía alejar” de las inquietudes de la ciudadanía.
- ¿Cómo interpreta el escenario que se conforma con la Convención?
- Veo que hay dos temas: uno, es el constitucional; y otro, es más político, que están relacionado, pero hay que separarlos un poco para focalizar el diagnóstico.
En lo constitucional quedó una Convención con gente mucho más diversa y eso es un buen comienzo, porque le da validez al espacio de conversación. El gran riesgo era que fuera muy sesgado y que la gente sintiera que ese no es el espacio donde se van a conversar las cosas importantes en este momento. Entonces, con la composición me quedo más bien tranquila.
Todavía hay 2/3 que tienen que ponerse de acuerdo sobre qué es lo que se puede poner realmente en una Constitución. Entonces, esa diversidad también es un desafío.
En las constituciones -estuve harto tiempo revisando lo que hay en el mundo-no es tan desconocido lo que hay, son acuerdos generales hacia donde avanzar. Ahí no hay política pública, por eso hay que distinguir los niveles, porque hay un proceso político -también sucediendo- que puede ir cambiando las cosas.
- Con esta diversidad no le inquieta como se dé el debate, por ejemplo, hay actores como la Lista del Pueblo que no están asociados a un grupo más articulado…
- Creo que hay muchos estados de la naturaleza posibles. Hoy está todo abierto, pero creo que es mejor que estén ahí a que no estén. Que en ese espacio -no solo ellos, todo el resto también, ya que hay gente de la elite- se haga el ejercicio de una conversación que tiene que haber entre esos mundos.
Es mucho, mucho mejor que estén ahí, que se escuchen las diferencias y va a ser un desafío tratar de entenderse, saber cuáles son los puntos en común.
Además, estamos viviendo un momento especial en Chile, entonces que las instituciones políticas se hagan cargo de lo que está pasando en términos formales. Esta es una Convención Constitucional con una ley, es un espacio formal, lo veo positivo.
Qué cambios pueden originarse
Para la economista, que ha participado en diversas instancias de diálogo en su trayectoria, como la Comisión Bravo, fue co-coordinadora del programa presidencial de Beatriz Sánchez (FA) e integró un grupo convocado por el CEP para revisar aspectos económicos en las cartas fundamentales de otros países, en esta etapa se abre una oportunidad para transitar a un sistema en que se acorte la distancia entre las preferencias sociales -que, en el caso de los chilenos, dice que están ancladas en que los resultados obtenidos en la vida provienen de un juego que no es justo-; y la política pública.
“Si uno analiza a Chile en ese contexto, es más parecido a los países europeos”, afirma, por lo que espera que se dé espacio a una discusión más “honesta” que permita un esquema “más redistributivo”.
Entre sus expectativas está ir hacia un sistema político semipresidencial, en donde las iniciativas de gasto público puedan alojarse en otros estamentos que acompañen sus planteamientos con el financiamiento de ellas: “Si es una propuesta que tiene un gasto, debe tener alguna propuesta de ingreso, eso se da en otros países también”.
También aclara aspectos que a su juicio no tienen directa relación con un cambio constitucional sino que son puntos a abordar en las leyes y pasan por un punto político.
Uno de ellos es “un Estado que tenga empresas y que pueda financiar innovación, realmente no hay tantos límites, sino que se han dejado de hacer las cosas”.
Otro aspecto es que “Chile es un país con hartos recursos naturales, entonces apropiarse un poco de las rentas de eso. No todo ahora, porque esa política fiscal es poco estratégica (…) pero falta más carga tributaria” para financiar seguridad social, educación, salud.
Sobre los derechos de aprovechamiento de agua que están “de alguna manera en un artículo de la actual carta fundamental, explica que “soy de la idea de sacar eso de la Constitución” y poner en la nueva carta magna “lo que se dice en el Código de Aguas, que el agua es un bien nacional de uso público y, por lo tanto, es de todos” para darle un énfasis a lo que luego será la normativa.
No hay que terminar con lo privado
- ¿En este proceso -desde tu visión de economista- qué es lo que debería cambiar?
- Una de las cosas importantes que habría que sacar es el tema de la subsidiaridad del Estado en las políticas sociales y en la política económica. Es relevante, porque eso detuvo el fortalecimiento de lo público en educación, seguridad social, salud. Entonces, como privatizó un poco esas áreas, terminamos con sistemas muy segregados. Esto no significa terminar con lo privado. Eso no es así, sino que significa, por ejemplo, que el Estado pueda cobrar contribuciones sociales para un fondo solidario, lo que hoy no puede, la Constitución no lo permite (…) que pueda hacer un seguro único de salud, cosas así.
Cuando sacas la subsidiaridad del Estado, puedes hacer esas cosas.
Ahí, luego tendrían que implementar las leyes y eso tiene que ser aprobado por un Congreso.
La política pública terminó muchas veces en que no podemos hacer esto porque es inconstitucional, por lo tanto creo que la subsidiaridad del Estado es importante.
- ¿Y respecto a la propiedad privada?
- Lo que ha pasado con la Constitución actual es que el área de los derechos está más bien absorbida por la propiedad. De alguna manera, se ha vuelto más economía que social y creo que el tema de la subsidiaridad apunta ahí, a fortalecer el área de los derechos que no están hoy. Entonces, en términos de la propiedad privada, en realidad esta Constitución no tiene cosas tan distintas a otros países (…) en ese sentido no debería haber cambios.
- ¿Con la conformación de la Convención ves factible el cambio de la subsidiaridad?
- Va a depender de como se dé esa discusión. Creo que hay gente buena ahí, abogados constitucionalistas que van a ser voces que expliquen mucho mejor qué es lo que significa terminar con la subsidiaridad del Estado en esta Constitución (…) creo que hay una posibilidad efectiva de que eso suceda (…) Esta subsidiaridad en la actual Constitución está bien generalizada, entonces de repente hay espacios donde a lo mejor se avance y otros en que no; no es lo que preferiría.
Hay una posibilidad efectiva de que eso suceda, pero tampoco es seguro, vamos a ver cómo se va a dar esa discusión.
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