Andrés Osorio, nuevo socio de Econsult: “Hay más de 300 mil regulaciones en Chile. Somos el segundo país con mayor complejidad de la OCDE”

El primero de enero pasado, Andrés Osorio asumió como nuevo socio del área de asesoría económica de Econsult. Así, el economista de 35 años se convierte en uno de los socios más jóvenes de la compañía.

Graduado de la UC, con un máster en Políticas Públicas de la Universidad de Columbia y pasos por Credicorp Capital, Econsult -donde volvió en 2019- y el Ministerio de Economía, Osorio se ha especializado en dos áreas: regulación y libre competencia, liderando un grupo de 9 economistas que analizan la coyuntura en materia regulatoria y de institucionalidad y casos de libre competencia.

“Estamos en un escenario en que se pronostica una caída del PIB para Chile, con limitado espacio para política monetaria y para política fiscal expansiva, pero sí existe el espacio para una tercera política: la simplificación regulatoria”.

“Es una buena señal que esta Agenda de Productividad (del Gobierno) haya sido lograda mediante el trabajo conjunto de instituciones públicas y privadas, pues el aumento de la productividad no se logra con una sola medida. Esta Agenda va en la dirección correcta”.

Ambos temas los conoce bien, luego de que creara en su paso por Economía la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional (OPEN), institucionalidad que se mantiene hasta hoy.

El economista, quien trabaja en conjunto con el socio de la firma Sebastián Cerda, señala que el país aún tiene mucho camino para ponerse al día en materia de regulaciones y libre competencia, valorando la Agenda de Productividad de más de 40 propuestas que presentó el Ejecutivo la semana pasada.

- ¿Cómo ven los clientes lo que está ocurriendo en el país en materia regulatoria?

- Existe la incertidumbre respecto a la regulación futura, y gran parte también tiene relación con los tiempos que se ha demorado el Tribunal de Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica en tomar ciertas resoluciones. Vemos con bastante preocupación que el presupuesto de la FNE haya caído en términos reales en los últimos tres años, en un contexto en que hay mayores casos y más complejos.

Cuando uno mira el presupuesto de la Fiscalía, es un 10% menor al de agencias similares en países de Latinoamérica y el Caribe, y 66% menor que los países OCDE. ¿Cómo vamos a enfrentar problemas más complejos desde el punto de vista del Estado en temas de libre competencia, si no se entregan los recursos para poder tener a la gente detrás que puedan resolver sus problemas?

- ¿Y en materia de regulaciones, cuál es el feedback entre las empresas?

- Un tema que puede complejizar el panorama hacia adelante es la gran cantidad de regulaciones. Estamos en un escenario en que se pronostica una caída del PIB para Chile, con limitado espacio para política monetaria y para política fiscal expansiva, pero sí existe el espacio para una tercera política: la simplificación regulatoria, que puede potenciar el crecimiento de largo plazo.

Por ejemplo, en Australia se hizo el “Repeal Day”, donde se eliminaron 10 mil reglamentos y 3.600 leyes. En Corea se creó la “Sunset Rule”, que significa que ciertas leyes van a ser revisadas cada diez años para ver si funcionan o no. En Inglaterra y en Canadá por cada ley que tú creas tienes que bajar la carga regulatoria de otra ley.

Entonces, son técnicas que han funcionado, que han entregado dinamismo, son economías que queremos seguir bajo ciertos parámetros y obviamente son cosas que podríamos aplicar en Chile.

A pesar de los buenos esfuerzos que han habido en Chile, como los informes de productividad, OPEN, que cambió nombre pero mantiene la institución, aún queda mucho espacio por recorrer. ¿Sabe cuántas regulaciones existen en Chile?

- ¿10.000?

- Cuando uno toma las leyes, las normas, existen más de 300.000 regulaciones en Chile. Lo comprobé con la Biblioteca del Congreso. Chile es el segundo país con mayor complejidad regulatoria de la OCDE.

Entonces, no hay que dejar de lado los esfuerzos que se han hecho, que han trascendido los gobiernos, pero por otro lado vemos que la cantidad y complejidad de las regulaciones muestran que la simplificación puede ser una fórmula que ayude al crecimiento a largo plazo. Estamos pensando en cómo financiar las pensiones y la salud, pero más financiamiento también se logra con más crecimiento. La simplificación regulatoria puede ser el camino.

No es generar reglas más laxas, sino generar reglas claras y simples.

- ¿Cómo se imagina esa agenda de simplificación regulatoria?

- No existe una única medida. Hoy la Comisión de Productividad tiene más de 300 recomendaciones, la CPC tiene 109 recomendaciones, la ex OPEN tiene 600 recomendaciones. Falta un elemento súper relevante: que por ley se exijan informes de impacto regulatorio para las nuevas leyes. Esto no quiere decir impacto económico, sino impacto regulatorio, considerar el impacto social, de género, en los pueblos originarios. Para que así los legisladores tengan esa información ex ante para hacer cualquier tipo de modificación regulatoria.

- ¿Cuánto ayuda la Agenda de Productividad que lanzó el gobierno?

- Es una buena noticia que se quiera realizar una mejora estructural a la tramitación de los proyectos de inversión, pues el tiempo y la incertidumbre asociada a los permisos de inversión ha afectado negativamente al crecimiento del país y la creación de empleo durante los últimos años.

Es una buena señal que esta Agenda de Productividad haya sido lograda mediante el trabajo conjunto de instituciones públicas y privadas, pues el aumento de la productividad no se logra con una sola medida. Esta Agenda va en la dirección correcta al incorporar más de 40 medidas diferentes distribuidas en nueve ejes de trabajo.

- ¿Está conversando la regulación técnica con lo político? Hay proyectos que pasan etapas técnicas, pero se caen en las fases de decisión política, como Dominga y Fundamenta.

- No toda la tarea regulatoria tiene que ser entregada al Estado, sino que el sector privado perfectamente puede participar en la confección de esas soluciones para los problemas regulatorios. Entonces, hay que generar las instancias, como se ha generado con la Agenda de Productividad, pero entregar la carga de mejorar en el ranking de ser el segundo país con mayor complejidad regulatoria al Estado es una tarea bastante compleja.

- ¿Y casos como Dominga y Fundamenta?

- Más que hablar de proyectos en particular, lo importante es ver que los permisos sean adecuados y que obviamente los tiempos sean los menores posibles para generar mayor inversión y mejor empleo. Lo relevante es que el ambiente regulatorio sea muy claro, que sea simple y que permita que la inversión vuelva a crecer y se generen más y mejores empleos.

- ¿Cuánto reduce la incertidumbre regulatoria el acuerdo constitucional?

- La Constitución abarca muchos temas, en temas de libre competencia el proyecto anterior se alejaba muchísimo de lo que está en la ley actual. Lo que recomiendan los expertos -y lo que permite que la libre competencia funcione mejor- es dejar un aspecto más amplio en la Constitución y después dejar las leyes para regular en específico esas materias.

Respecto al resto de la regulación, para eso están los expertos y las autoridades que sean electas. Lo relevante es que se busque un ambiente que sea claro, que baje la incertidumbre. Los índices de incertidumbre están muy altos y eso obviamente está relacionado con no saber cómo será la regulación hacia adelante. Y cuando baja la incertidumbre, la inversión vuelve con más fuerza.