Diputados piden al Gobierno regular vía ley la continuidad de contratas en el Estado tras dictamen de Dorothy Pérez

La disputa en torno al polémico dictamen de la contralora general de la República, Dorothy Pérez, sobre la confianza legítima de los funcionarios públicos llegó al Congreso.

Este lunes la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados escuchó la visión de representantes del sector estatal respecto a este concepto que operaba -hasta ahora- como un principio de protección laboral. En la práctica, se traducía en que luego de un determinado tiempo de renovaciones sucesivas de un funcionario con contrato fijo -un año por ejemplo-, aplicaba la confianza legítima y la administración sólo podía poner término al vínculo laboral a través del sistema de calificaciones o un sumario administrativo.

El nuevo criterio de Pérez estableció que la decisión sobre el plazo para generar la confianza legítima en los funcionarios públicos a contrata es una materia de competencia exclusiva de los tribunales de justicia -ya que se trata de una materia litigiosa- que no debe ser analizado por la Contraloría.

Dorothy Pérez, Contralora general de la república. Foto: Agencia Uno

Ante los parlamentarios, los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la Mesa del Sector Público insistieron en sus críticas, y enfatizaron que el nuevo criterio de Pérez hace peligrar los trabajos de más de 250 mil funcionarios.

Además, comunicaron que ingresaron recursos de reconsideración al dictamen.

Las críticas generaron eco entre los diputados, quienes plantearon la necesidad de abordar el tema a través de un proyecto de ley.

“Sin estabilidad, con la incertidumbre de que te renueven o no la contrata, produce una inestabilidad tan grande que esas personas no pueden proyectarse, nadie le da un crédito hipotecario porque no hay estabilidad”, criticó el diputado socialista, Leonardo Soto, quien agregó que es necesario que la problemática se resuelva a través de un proyecto de ley.

“Tenemos que ver la posibilidad de que haya una garantía para resolver esto por ley (...) tenemos que votar una ley que los proteja del abuso y de la discriminación que están viviendo”, dijo Soto.

Una opinión en la misma línea entregó Alberto Undurraga (DC), quien planteó que este dictamen puso sobre la mesa la necesidad de analizar en más profundidad la estabilidad del empleo en el sector público, y que una vía para abordar la discusión podría ser la ley de reajuste del sector público.

“Hago la invitación al Gobierno a que converse con la ANEF, la CUT, para que presente en la ley de reajuste una solución”, dijo Undurraga, y agregó que quizá la fórmula puede ser intermedia. Es decir, que sea Contraloría la que resuelva estas reclamaciones, pero que en ellas se consideren los plazos que la Corte Suprema ha planteado para dar lugar a la confianza legítima, el cual actualmente es de cinco años.

La socialista Daniella Cicardini también se alineada con la posibilidad de impulsar un proyecto de ley para abordar el tema. “Es importante escuchar al Gobierno, en este caso al Ministerio del Trabajo, saber si está pensando en alguna propuesta legislativa en la que nosotros vamos a estar disponibles, y también poder escuchar a la Contralora”.

Planteamientos a los que también se sumaron Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC).

Visión de la Contralora

Desde la CUT, la ANEF y la Mesa del Sector Público, valoraron la recepción de la comisión, e insistieron en que el objetivo de sus críticas es proteger el empleo de los trabajadores. “El Código del Trabajo, con todas las críticas que se le puedan hacer, entrega protección a los trabajadores del sector privado. Hoy día lo que estamos planteando es el rotundo abandono de deberes y la denegación de servicio que está haciendo la contralora Dorothy Pérez hacia los trabajadores del Estado, quitándole la única herramienta que tenían para defenderse ante un despido injustificado”, planteó a modo de cierre el presidente de la CUT, David Acuña.

La comisión acordó plantear al Gobierno la necesidad de evaluar una propuesta legislativa, y se consideró invitar a la contralora general de la República, Dorothy Pérez.