La principal función que tiene un agente ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya es ser el representante del Estado en dicha instancia. José Miguel Insulza será el responsable de velar por los intereses nacionales, haciendo ver a los jueces los argumentos en derecho que se consideran hacen improcedente la demanda que interpuso Bolivia ante la Corte en abril de 2013.
Esta función, a juicio de diversos actores del mundo diplomático y político, es la central y casi exclusiva que debe tener el ex canciller. Su arribo, en reemplazo de Felipe Bulnes, de todas formas apunta a que no sólo se preocupará de lo legal, sino también de lo político. Esa combinación de roles, al parecer, aún no está del todo definida dentro del nuevo diseño que la Cancillería trabaja junto a los asesores, Ascanio Cavallo, Joaquín Fermandois y Gabriel Gaspar.
Por ello, la duda que se mantiene en el edificio Carrera, según comentan fuentes cercanas al proceso, es hasta dónde Insulza tendrá una labor más de vocería. Cuál será el límite que alcanzará su actuar en el contexto de esta nueva etapa que la presidenta Michelle Bachelet anunció se abría con el cambio de agente que dio a conocer la semana pasada, y que causó diversas reacciones, algunas positivas y otras no tanto en torno a los alcances del cambio.
El diputado Jorge Tarud alerta sobre la función que debe tener el ex ministro: "Chile tiene que preparar una contundente contramemoria, eso lo que tiene que hacer el nuevo agente, y no hay tanto tiempo para prepararla, por lo tanto, hay que abocarse a aquello. Con respecto a las vocerías soy partidario que sean políticos, ex presidentes, Frei, Lagos, Piñera, los parlamentarios; pero es bastante riesgoso que el agente se involucre en temas políticos", apunta.
En esa línea, una de las temáticas que rondó, por ejemplo, en la reunión que sostuvo el viernes un grupo transversal de parlamentarios con el canciller Heraldo Muñoz, el agente y el equipo jurídico, fue cómo se va a delinear este llamado nuevo ciclo.
Las preguntas de varios de los asistentes se enfocaron en cómo Chile va a armar la contramemoria que se debe entregar el 25 de julio del próximo año y qué elementos de dicha estrategia se expondrán en forma pública y cuáles se mantendrán en el plano de lo reservado.
Algunos son partidarios de no revelar los argumentos hasta el momento de los nuevos alegatos; mientras que otros son más proclives a salir a explicar de forma más clara y contundente la posición chilena a la comunidad internacional, ocupando todas las herramientas posibles.
Dudas que, por ahora, aún permanecen sin respuestas, en tanto Insulza comienza a estudiar la memoria boliviana y analiza la posibilidad de permanecer gran parte del tiempo en Europa, trabajando de forma exclusiva como fue el mandato presidencial.
Elementos para la defensa
Ya hay varios elementos que se barajan como los ejes centrales de la argumentación nacional. Entre ellos, está que se debe explicar profusamente que Chile sí ha estado permanentemente dispuesto al diálogo con sendos ofrecimientos, pero que ninguno de ellos se hizo efectivo en un acuerdo bilateral, lo que significa que estos no pueden ser considerados acuerdos unilaterales de derecho como intenta hacer demostrar La Paz.
Y, en ese sentido, desde el equipo jurídico también analizan que es fundamental explicar que cualquier decisión de la Corte de hacer valer una negociación como un acto obligatorio, puede ser detonante de un desorden internacional, en el sentido de que ahora en más cualquier conversación diplomática entre países, puede ser tomada como una obligación.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Francisco Chahuán, cree que uno de los temas importantes es la construcción de una visión histórica que, a la fecha, ha notado algo ausente: "Es fundamental fortalecer el relato histórico cuando Perú demandó a Chile y luego lo hiciera Bolivia no se le dio demasiada importancia a este tema y en los dos fallos, tanto en la excepción preliminar en el caso de Bolivia como en el fallo por Perú, se dieron por cierta las versiones de estos países. Por eso, hay que abocarse muy bien a ese tema".
Desde la óptica del presidente del Senado, Patricio Walker, la defensa jurídica tiene que basarse en explicar las conversaciones diplomáticas que Bolivia cree ineludibles. "Lo fundamental es señalar que Chile ha asumido obligaciones con Bolivia, que están todas establecidas en el Tratado de 1904 y que ha dado cumplimiento a cabalidad a esta obligación. Por ejemplo, se establece que el acceso que tiene Bolivia al océano Pacífico no es soberano", plantea el parlamentario.
Segundo, añade, "que ninguna de estas negociaciones han derivado en acuerdos, por lo tanto no hay obligaciones. Son acuerdos que fracasaron porque Bolivia no estuvo dispuesto a cumplir las condiciones que Chile propuso, como sesiones territoriales o sesiones de agua y, por lo tanto, esas conversaciones nunca derivaron en acuerdos".
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