Ayer por la mañana en La Moneda rondaba cierto optimismo sobre poner un punto final al paro que ya se extiende por 29 días de los funcionarios del Registro Civil. Sin embargo, una frase del vocero de gobierno, Marcelo Díaz, cuando explicó los alcances de la ronda de negociaciones que habían comenzado en las últimas horas, dio luces de la piedra de tope que imposibilitó el tan ansiado humo blanco.
"Podemos dialogar y lo podemos hacer sobre la base de entender que hoy día hay una mayor estrechez presupuestaria y que no estamos en condiciones de atender todas las demandas (...) La búsqueda de acuerdos hay que hacerla dentro del contexto de las posibilidades que tiene el país para atender un conjunto de prioridades, como Salud o Educación", expresó.
Esta idea englobaba la propuesta que los asesores del ministerio de Justicia, Carlos Aparicio y Eduardo Paredes, habían ofrecido a los funcionarios del servicio liderados por Nelly Díaz entre el lunes por la noche y el martes en la mañana en la primera ronda de negociaciones que se abrió entre las partes desde que se inició el conflicto. La oferta radicaba en la firma de un protocolo que establecería una mesa de trabajo entre Justicia y la Asociación para la elaboración de un proyecto de ley, para cambiar las bases del instrumento por el cual los funcionarios reciben mejores remuneraciones, mesa a la cual se sumaría el Ministerio de Hacienda en diciembre, una vez que haya pasado la discusión presupuestaria.
La única participación que habría tenido la cartera de Teatinos 120 hasta este momento, según afirman fuentes del gobierno, habría sido visar que se estudiarán nuevos recursos, pero sin poder asegurar una cantidad.
Ese escenario -dicen en Palacio- fue el que salió a explicar Díaz, basado en la premisa de la austeridad fiscal, aprendiendo también la lección dejada por el bono que se ofreció a los trabajadores del Banco Estado y con la intención de no abrir una caja de pandora para nuevas demandas.
Así, luego de una extensa asamblea llevada a cabo por los funcionarios (ver recuadro), las bases de los trabajadores a nivel nacional decidieron no aceptar la propuesta, básicamente porque faltaban precisiones. Por ello, la portavoz de los funcionarios identificó tres puntos conflictivos que no se lograron resolver tras la reunión con Justicia: la definición de los montos, el instrumento para lograr aquello y la manifestación de parte del Ministerio de Hacienda.
De hecho, la dirigente exigió que se recomponga la mesa de diálogo con dicha cartera, pues es el único encargado de poner cifras, lo que para los funcionarios es un tema central para satisfacer sus demandas y acabar con el paro.
La estrategia del gobierno
En el gobierno preocupa la escalada que puede tener el conflicto ante al paro convocado para hoy por la ANEF en apoyo de la demanda del Registro Civil.
En este marco, se aceleraron las tratativas para alcanzar un pronto acuerdo, moderando el discurso inicial de no establecer ningún tipo de diálogo mientras persistiera la movilización. Así, se elaboró la propuesta que fue rechazada públicamente por los trabajadores, pero sobre la cual -hasta el cierre de esta edición- aún en Justicia esperaban un definición formal.
Respuesta que para la ministra del área, Javiera Blanco, debiese ser positiva debido a las complicaciones que están teniendo "miles de chilenos para hacer sus trámites".
La secretaria de Estado expresó, poco después de la declaración de Nelly Díaz, que "estaban dispuestos a pinponear la propuesta" y a abrir la mesa de trabajo una vez que la movilización se depusiera.
Al cierre de esta edición, en La Moneda se encontraban reunidos la minista Blanco, junto a su par de la Segegob, Marcelo Díaz, y al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, analizando la última contrapropuesta de los funcionarios del Servicio con exigencias adicionales a las planteadas por el gobierno, que incluía beneficios que comenzarían a concretarse a partir de 2016 y en otra etapa en 2017.
Por su parte, la dirigenta de la agrupación de funcionarios exponía nuevamente sus descargos apuntando hacia las gestiones del recién asumido director del servicio, Luis Acevedo, a quien acusó de intransigente y de intentar descabezar al registro.
En paralelo, se confirmó que la investigación sumarial sigue su curso y ya está en manos de un fiscal a cargo.
asamblea extrañó recursos en la mesa
Una vez finalizada la última reunión de los asesores de la ministra Blanco con los dirigentes de los funcionarios del Registro se convocó a una asamblea general en las dependencias de la repartición pública con el fin de deliberar y votar la propuesta del gobierno. A poco andar de la cita, ya se podían establecer las conclusiones de trabajadores que salían afuera del recinto: el gobierno estaba ofreciendo solo "tres aspirinas", pues no había platas comprometidas para el reajuste ni para el bono.
Luego de dos horas de intenso debate, hubo un espacio para el almuerzo, en donde se esperaba el recuento de votos a nivel nacional. Ya todo indicaba que el paro seguía. Luego vinieron los discursos finales que anunciaban el rechazo a una propuesta que consideraban insuficiente.
En ese escenario, y flanqueada por un centenar de funcionarios, Nelly Díaz, salió a dar los resultados, sin aclarar- eso sí- cuál era el sistema de votación que se había efectuado. De paso informaba que para hoy está convocada una marcha con el respaldo de la ANEF, aunque aún no estaba claro cuántas oficinas públicas se sumarían.
Con todo, el ánimo reinante de los trabajadores es que Hacienda les de montos y cifras, no quieren protocolos ni compromisos, que -a su juicio- ya no cumplió el anterior ministro de Justicia, José Antonio Gómez.
Díaz, eso sí, se mostraba con algo de confianza para que Hacienda se involucrara más directamente en la negociación, no descartando de plano que en las próximas horas ello pudiese ocurrir. Desde dicha cartera sólo se limitaron a decir que estaban evaluando la situación.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
movilizaciones
