Tras múltiples cuestionamientos, Terrazas reitera defensa a licitación de Corfo: "Ha sido transparente y apegado a las bases"

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, a través de una carta publicada este lunes en el diario El Mercurio, respondió al editorial realizado por ese mismo medio el domingo pasado, y de paso a una serie de voces del mundo público y privado que han salido a criticar públicamente el proceso, argumentado que la adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) al consorcio liderado por Associated University Inc, "ha sido transparente y apegado a las bases".

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En el editorial titulado "Controvertida decisión de Corfo", el medio de comunicación señala que el panel de expertos internacionales -seleccionado por la estatal- situó "en primer lugar a la Corporación Alta Ley, formada por un conjunto de universidades chilenas de excelencia un grupo de empresas de los sectores involucrados y centros de tecnologías internacionales".

La licitación involucra una inversión pública -proveniente de los acuerdos de Corfo y SQM- por US$ 193 millones. En este contexto, el editorial afirma que el consorcio liderado por Alta Ley ofertó US$ 148 millones, versus los US$ 123 de AUI, aunque este último también ofertó utilizar una menor cantidad de los fondos de Corfo: US$ 142 millones.

El medio finaliza diciendo que "estos antecedentes podrían sugerir la conveniencia de que Corfo reconsidere su decisión. Por ello es importante que la Corporación explique con claridad sus fundamentos y que la solidez e estos pueda ser evaluada".

Terrazas, en la misiva señala que "la asesoría internacional fue un insumo que consideró la Comisión Evaluadora, y de acuerdo a las bases, no tenía carácter vinculante". Cabe destacar que la comisión evaluadora nacional estuvo conformada por Felipe Commentz, gerente general de Corfo, Fernando Hentzschel, gerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo, Pamela Borquez, subgerenta Legal (S), Jorge Tapia, secretario ejecutivo de gestión de proyectos sustentables del Ministerio de Economía y Matías Caamaño, asesor del gabinete del ministro de Ciencia, Andrés Couve.

La decisión final la tomó el Consejo de Ministros de Corfo, en que varios de los titulares se inhabilitaron por conflictos de interés, en la que finalmente participaron la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, el exministro de Agricultura, Antonio Walker y tres subsecretarios, de Turismo, José Luis Uriarte, de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, de Hacienda, Alejandro Weber, además del gerente general de Corfo.

Financiamiento a largo plazo

Terrazas -que se inhabilitó de participar en la adjudicación debido a su inhabilitación por participar en representación de la Corporación en Alta Ley y Fundación Chile-, sostiene que un "elemento decidor en todas las evaluaciones fue la sustentabilidad de largo plazo del Instituto, dado que el aporte I+D solo considera recursos para los próximos 10 años, y en ese sentido, la alternativa más robusta fue la ganadora".

Añade que esta alternativa contempla "la generación de nueva capacidad instalada, comprometiendo seis nuevos laboratorios e instalaciones multipropósito para el desarrollo de las tres áreas de especialización del Instituto, creando valor para la región de Antofagasta y para todo Chile".

Agrega que el 20% de los ingresos del aporte total del consorcio Alta Ley "corresponde a la reinversión de eventuales ingresos futuros, lo que genera una incertidumbre evidente y que pone en duda la capacidad del Instituto de proyectarse al futuro. Y no sólo eso, el aporte monetario efectivo de esta propuesta es de US$ 38 millones, mientras la de la propuesta ganadora es de US$ 104 millones".