Los mayores riesgos y oportunidades que ven los inversionistas en América Latina para 2025
Según distintos expertos, además de los combustibles verdes, hay espacio para crecer gracias al desarrollo de infraestructura. Sin embargo, los desafíos geopolíticos, las reformas y el impacto del cambio climático persisten como algunos de los mayores peligros para quienes están evaluando ingresar o mantenerse en la zona.
Por: I. Ramos y J. P. Escobar | Publicado: Domingo 10 de noviembre de 2024 a las 22:00 hrs.
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Riesgos geopolíticos: migración y seguridad
“2025 va a ser el año de la geopolítica. Las mayores fuentes de incertidumbre vienen dadas por los conflictos bélicos, el triunfo de Trump en Estados Unidos y lo que suceda con la crisis del multilateralismo y del orden internacional basado en reglas”, explicó a DF el director del Centro de Estudios Internacionales UC, Jorge Sahd.
Dos de los problemas que han tensionado a América Latina en los últimos años son la migración y el crimen organizado.
“De permanecer la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, se estima que la nueva ola migratoria puede ser de 3 millones a 5 millones de venezolanos”, comentó Sahd. Añadió que la región no tiene la capacidad de absorber esta cantidad de personas, y que ello genera tensión social, estrés en los sistemas de servicios públicos y un riesgo político.
“Uno de los problemas estructurales de América Latina es el crimen organizado profesionalizado, integrado y diversificado” que tiene una expansión regional, no local, dijo Sahd. Detalló que eso no se refiere solo al narcotráfico, sino también a la minería, tala de bosques y pesca ilegales.
El crimen organizado va de la mano con la inseguridad. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) la región concentra casi la mitad de las víctimas de homicidios a nivel mundial, a pesar de representar cerca del 8% de la población global.
“América Latina es la región más violenta del planeta. El principal responsable es el narcotráfico, y eso no se limita a un solo país. Como las pandemias o el calentamiento global, es un desafío transnacional, que requiere soluciones transnacionales. En la medida en que éste se vaya insertando en nuestras instituciones, afectará a la política, a la calidad de la vida de los ciudadanos, a la calidad de las políticas públicas y a la capacidad de hacer negocios y la calidad de vida de los ciudadanos”, aseguraron los socios de la consultora Andes Risk Group, Jaime Baeza y Robert Funk.
En Chile, si bien la discusión en torno a la violencia y sus impactos negativos en la economía ha bajado un poco, el crimen organizado sigue siendo una preocupación, acotó el country manager de Chile y Perú de la consultora Cefeidas Group, Carlos Cruz.
Un estudio publicado en febrero por Ipsos concluyó que nuestro país “es el más preocupado del mundo por el crimen, la violencia y el control de la inmigración”.
El crimen organizado es un desincentivo para la inversión. La empresa alemana de servicios financieros Allianz destacó, en un reporte de este año sobre México, que “los riesgos de seguridad derivados de las actividades de los cárteles siguen siendo elevados para las empresas de las zonas donde dichas actividades son mayores”.
Marco institucional: corrupción y reformas
La debilidad de las instituciones en algunos países de la región es un punto débil ante los inversionistas. Según Sahd, otro de los problemas estructurales de América Latina es la corrupción, que se agrava porque la lucha contra este fenómeno “está estancada hace varios años”.
La corrupción obstaculiza el desarrollo económico, desalienta la inversión extranjera y fomenta el gasto público excesivo, ha advertido el Banco Mundial.
Otro factor que puede desalentar el atractivo de los países latinoamericanos es la incertidumbre regulatoria, derivada de la discusión de reformas.
“En los últimos años han tenido lugar varias iniciativas dirigidas a implementar reformas estructurales profundas, tanto en los sistemas previsionales como en los tributarios. Respecto a los primeros, tanto Colombia como Perú han aprobado cambios que podrían perjudicar el pilar de sostenibilidad de sus sistemas de pensiones”, explicó Cruz, de Cefeidas.
En el caso de Chile, “la administración de Gabriel Boric también ha intentado activamente reformar esta área. En un contexto donde estos países poseen mercados de capitales aún emergentes, estos sistemas son críticos para dar liquidez al sistema”, agregó.
La reforma a las isapres que se discute en nuestro país “añade mayores inestabilidades a la industria de los prestadores de salud”, mientras que en México la extensión del pilar solidario del sistema de pensiones “podría aumentar significativamente la presión fiscal”, advirtió el experto.
“Este es un rumbo opuesto al que han seguido países como Uruguay y Paraguay, que han optado por medidas dirigidas a reducir la carga fiscal de sus sistemas de pensiones”, agregó.
Baeza y Funk, de Andes Risk Group, ponen el foco en Argentina, porque “recién ahora entra en la parte más compleja de su proceso de reforma económica, que es desarmar un complejo sistema de regulaciones y, a la vez, asegurar que los efectos de las reformas se sientan en la población. Hasta el momento, los votantes han tenido paciencia por la sensación de que algo de dolor era necesario para luego llegar a un futuro mejor. El próximo podría ser el año en que los votantes empiezan a exigir resultados en su vida diaria”.
Hay proyectos para realizar reformas sectoriales en Chile, Brasil, Paraguay y México. En tanto, en Panamá se podría concretar “una liberalización del sector eléctrico, lo cual podría ser atractivo para inversionistas extranjeros”, dijo Cruz.
El desafío de reducir la brecha en infraestructura
Si bien el déficit de infraestructura podría ser considerado como otra de las debilidades de la región, también representa una oportunidad de inversión.
Según el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, la zona “enfrenta desafíos significativos en la reducción de brechas en infraestructura tanto física como digital, ambas necesarias para la integración y productividad”.
La región necesitará invertir US$ 2 billones (millones de millones) a 2030 en los sectores de agua, sanidad, energía, transporte y telecomunicaciones para extender y sostener una infraestructura que alcance las metas sustentables establecidas en la Agenda 2030, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“En varios países de América Latina el desarrollo de una infraestructura logística se ha vuelto una prioridad crítica”, comentó Cruz. “En Chile, por ejemplo, resulta cada vez más necesaria la existencia de megapuertos que permitan tanto la exportación del hidrógeno verde (H2V) que se comenzará a producir en el país, como la mantención de los envíos de minerales y materias silvoagropecuarias”.
Perú, por su parte, está avanzando en el desarrollo de sus puertos, pero “también necesita mejorar sustancialmente su infraestructura vial”, dijo Cruz.
En tanto, el Gobierno de Colombia ha dado prioridad a los proyectos intermodales y locales en ferrocarril, transporte fluvial y carreteras terciarias. “En estos países, la infraestructura de telecomunicaciones y tecnologías de la información podría ser también un sector con múltiples oportunidades”, proyectó el experto de Cefeidas.
Impacto del cambio climático y el potencial de la transición energética
El impacto del calentamiento global también es una de las preocupaciones para las empresas que están evaluando invertir en Latinoamérica.
El informe “Riesgo Climático en América Latina y Caribe”, publicado por el Banco Europeo de Inversiones en 2023, mencionó que si bien la región contribuye con menos del 5% a las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2), es una de las grandes afectadas por el cambio climático, con los desastres naturales triplicándose desde la década de los ‘70.
“Está afectando de forma desproporcionada a los países situados en zonas cálidas, a los pequeños Estados insulares y a las naciones en las que los sectores sensibles al clima desempeñan un papel importante en la economía”, explicó la institución.
Según Cruz, el impacto del calentamiento global es mayor en la región, porque “buena parte de su matriz económica gira en torno al uso de recursos naturales”.
En referencia al costo financiero de los efectos del cambio climático, Alvarado acotó que “puede afectar directamente a la seguridad económica de los países”.
La escasez hídrica ha golpeado a Chile y Perú, ha alterado el normal funcionamiento del Canal de Panamá y ha causado disrupciones en las cadenas de suministro de Brasil y Paraguay.
La sequía histórica de Argentina el año pasado “terminó afectando a la entrada de divisas por la exportación de soya en un contexto económico sumamente adverso. Inclusive en Uruguay, un país caracterizado por su estabilidad sociopolítica, han tenido lugar manifestaciones ciudadanas por problemas asociados al suministro de agua potable”, dijo Cruz.
Pero no todo son malas noticias. La transición energética ha acelerado la demanda por materias primas como el cobre, litio, cobalto, níquel y tierras raras, donde los países de la región tienen una ventaja estratégica. De hecho, Bolivia, Chile y Argentina tienen un 60% de las reservas de litio del mundo, enfatizó Sahd.
“Es un boom importante la transformación de una matriz de carbón y de combustibles fósiles hacia los recursos renovables. Chile tiene una posición ventajosa y las posibilidades infinitas del viento y el sol se están mostrando en su claridad”, enfatizaron de Andes Risk Group.
En lo que respecta a nuevos combustibles, “Brasil se encuentra comparativamente mejor posicionado. El país está impulsando activamente el desarrollo de hidrógeno verde y tienen un mercado interno y una infraestructura lo suficientemente avanzada como para generar una cadena de valor completa, algo que no está tan claro en otros países de la región”, afirmó Cruz, de Cefeidas.
En ese país, y en Uruguay, “el combustible a base de biomasa está cobrando mayor preponderancia. En este marco, la potente industria aeronáutica brasileña podría contribuir a empujar la demanda por ese combustible con relativa facilidad”, comentó el analista.
