En 2019, AES Andes, Colbún, Enel y Engie firmaron un acuerdo voluntario con el Gobierno para la salida de centrales a carbón de cara a la meta de un retiro total a 2040. El proceso de descarbonización se desató y, con ello, algunas firmas aceleraron las metas previstas y otras aún no tienen fechas definidas. Hubo empuje para que estos cambios se desarrollaran sin provocar secuelas, pero también el paso del tiempo ha dejado en evidencia que en algunos casos los efectos de estos procesos en los trabajadores siguen latentes.
Los planes de reconversión laboral y/o de salida fueron la tónica en estos ceses de operación. En Enel Generación cada central presentó desafíos únicos a la hora del cierre. En Central Tarapacá la principal dificultad -dijeron- “estuvo en ofrecer alternativas atractivas para los trabajadores en una región con menos oportunidades laborales en el sector energético”. Bocamina -en Coronel- “enfrentó la necesidad de realizar una planificación de cierre por etapas debido a sus dos unidades”.
En Tarapacá, “cerca del 70% de los colaboradores eligieron nuevos desafíos internos en la compañía y ser reubicados en otras áreas dentro de Enel o en proyectos renovables del grupo. En Bocamina, este porcentaje fue similar”.
En Engie, destacaron que en septiembre de 2022 dieron un importante paso al cerrar su última unidad que generaba carbón en el Complejo Térmico de Tocopilla, lo que hicieron de la mano de un Plan de Transición Justa.
Conocido fue -por ejemplo- la toma por parte de contratistas de Bocamina en 2022, pero en el último tiempo se desarrolla una silenciosa controversia que se cruza también con el proceso de descarbonización.
El Sindicato Nacional Interempresa de Ingenieros de Ejecución y Profesionales de Enel, filiales y otras empresas relacionadas (SIEP) presentó en mayo una denuncia ante el Director Provincial del Trabajo Santiago Centro, Guillermo Reyes, por incumplimiento de contrato colectivo. En el marco del cierre de Bocamina la empresa reubicó a trabajadores y ofreció un “Bono Extraordinario Zona”, que se paga cuatrimestralmente.
Mientras, en la cláusula 27 del contrato colectivo está pactado un bono que busca cubrir el diferencial económico entre el sitio de trabajo inicial y el lugar de destino.
La controversia surgió porque la empresa solo estaría realizando el pago del “bono descarbonización”. Los trabajadores son enfáticos en que el bono extraordinario zona nace con el proceso de descarbonización, pero el diferencial de costo de vida es un beneficio del contrato colectivo.
Se alude a 11 trabajadores que, “al no recibir la asignación ‘diferencial de costo de vida’, han asumido los gastos de la reubicación de sus cargos, tolerando el desmedro que ha significado el encarecimiento del costo de la vida en los nuevos centros de trabajo, lo que ha significado en los hechos una reducción de sus remuneraciones”.
En junio, la Dirección del Trabajo emitió un informe de fiscalización que constata que, “si bien la empresa sí ha estado realizando el pago de los bonos correspondientes al proceso del cierre de la central Bocamina, con ocasión del proceso de descarbonización, no puede desentenderse de las cláusulas pactadas en contrato colectivo vigente (...) y, en la ocasión de que la empresa haya considerado que el bono ofrecido haya ido en reemplazo del o de los beneficios pactados por contrato colectivo, debió haber tomado las providencias del caso”.
Tras constatar la infracción, se cursó una multa por 60 UTM. La empresa apeló en agosto, proceso que sigue en curso.
El presidente del SIEP, Mauricio Ramírez, reconoció que la promesa realizada por Enel de no desvincular y de reubicar a sus trabajadores fue cumplida. Pero, sobre la denuncia, indicó que se gatilló después de diversas conversaciones. Y adelantó: “Si las apelaciones o la gerencia general insiste en que esos bonos son lo mismo y, por lo tanto, ya está cumplida la obligación, nos veremos en la necesidad de recurrir a tribunales”.
Desde Enel Generación indicaron que “para todos nuestros procesos de traslado de personal, nuestra prioridad es apoyar a los trabajadores en sus transiciones, considerando el impacto que estos cambios pueden tener en sus condiciones de vida”.
Por ejemplo, para el caso específico del Plan Bocamina, “implementamos medidas adicionales para respaldar esta transición, las cuales significaron reajuste de las remuneraciones para reflejar las nuevas condiciones; entrega de un bono de apoyo a la instalación por un período de cuatro meses, desde el primer mes en la nueva zona de destino; disposición de días hábiles para el traslado, con la posibilidad de ser acompañado por una persona; cobertura de los gastos de viaje, y un bono bruto cuatrimestral aplicable exclusivamente para la movilidad por el proceso”.
Juan Carvajal, presidente del Sindicato Nº 1 de Trabajadores de AES Andes, quien también es vocero y representante de la agrupación de los sindicatos de la energía, tiene una mirada crítica sobre cómo se ha desarrollado el proceso de descarbonización. Lo calificó de “precario”, “desordenado” e “improvisado” por parte de los dos últimos gobiernos.
Recordó que las conversaciones sobre lo que ocurriría con los trabajadores se iniciaron recién en 2019, cuando fue anunciado el plan de retiro voluntario de centrales a carbón y no hubo un trabajo previo del Estado de Chile. Y reveló que fue el sindicato quien se acercó inicialmente al Gobierno para generar mesas de trabajo tripartitas (Estado-empresa-sindicato).
Carvajal agregó que en la agrupación está decidido recurrir a instancias internacionales para perseguir responsabilidades del Estado en el desarrollo del proceso.
Respecto a los retiros, el presidente del Sindicato Nº 2 de Engie Tocopilla, Adrián Astudillo, aseguró que “han sido mesas bastante discutidas y, si bien tenemos un plan de retiro acordado con la empresa que está acotado, sentimos que podría haber sido más universal”. También puso el acento en el empleo, ya que si bien cree que son positivos los proyectos que está impulsando la empresa en Tocopilla -como la instalación de un condensador síncrono- estos funcionarán con muy poca mano de obra.
De todas formas, reconoció que se han mantenido todas las condiciones que tienen pactadas en los contratos colectivos y que más bien la atención está en los procesos que vienen. Esto, ya que -por ejemplo- resta retirar las unidades de generación a carbón del Complejo Térmico de Mejillones.
En el caso de Colbún, un desafío relevante a 2040 será el retiro de la Central Santa María. La firma indicó que ha tenido un diálogo continuo con los trabajadores de la central para transmitir a estos los avances e informaciones dados a conocer por la autoridad en el proceso de descarbonización. “En estos encuentros se ha recogido la visión e inquietudes de los trabajadores respecto de esta materia, oportunidad en que la compañía ha transmitido su visión y puntos de vista sobre el particular”, dijeron.
Y enfatizaron que, “por ahora, Colbún no ha tomado ninguna decisión sobre el futuro de Santa María más allá del acuerdo de descarbonización firmado en 2019”.
Desde el Ministerio de Energía señalaron que, en este proceso de descarbonización, el Gobierno ha propiciado de manera activa el diálogo entre los distintos actores involucrados: empresas, trabajadores y comunidades: “Desde 2021 hasta 2023 se han sostenido mesas de trabajo con representantes de los sindicatos de las cuatro empresas dueñas de centrales a carbón, con los trabajadores portuarios de los cinco puertos afectados por el cierre y con contratistas de algunas de estas centrales”.
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