La controversia por la toma de control al interior del club de fútbol Universidad de Chile escalará a la sede penal.
Este martes, la familia Schapira, encabezada por Daniel Schapira Eskenazi y Eduardo Schapira Peters, se querelló en contra de Michael Clark por la compra del 90% del fondo de inversión privado (FIP) “Tactical Sport”, controlador de Azul Azul, anunciada a finales de diciembre.
La acción está dirigida en contra del propio Clark y la sociedad que adquirió las cuotas del vehículo, Inversiones Antumalal Limitada, y contra todos quienes resulten responsables del delito de fraude en la omisión de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).
El clan
Schapira, que mantiene un 21,44% de Azul Azul, acusó al empresario de realizar la operación "a puertas cerradas por contrato privado e
incumpliendo con la obligación legal de informar al público de la operación y de efectuar una OPA para ella" en la toma de control del FIP, que, a su vez, controla la concesionaria del equipo.
Esto "a un precio incomprensiblemente bajo", apuntaron.
El arribo de Clark a Azul Azul
La querella comenzó relatando la historia de la familia Schapira en Azul Azul, de la que es accionista desde sus orígenes. “Participa a través de sus integrantes en tanto personas naturales, específicamente Eduardo Schapira Peters, quien actualmente es titular de 194 acciones de clase B, así como a través de la sociedad Inmobiliaria DSE Limitada, la que actualmente es titular de 9.580.891 acciones de clase B, lo cual, sumado, equivale a un 21,44% de participación societaria”, precisó.
El texto afirmó que si bien la concesionaria comenzó sus operaciones en 2007, no fue hasta 2021 que el fondo de inversión privado (FIP) “Tactical Sport”, administrado por Sartor AFIP, ingresó a la propiedad de la sociedad, tras adquirir el 63,07% de acciones Serie B que mantenía Inversiones Alpes Limitada, controlada en ese entonces por el empresario Carlos Heller Solari.
Para la compra, Sartor, en representación del FIP, lanzó una OPA por aquel mismo porcentaje (63,07%). “Es importante considerar que esta oferta se hizo en dólares en un precio de US$ 0,55 por acción (al valor del dólar de la época, un monto equivalente a $ 387,97; al dólar actual, aproximadamente $ 550)”, sostuvo la acción penal.
En aquella instancia, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) formuló una serie de observaciones, y apuntó que “la administradora del fondo de inversión no participaba en la propiedad de este ⎯era solo la administradora del FIP Tactical Sport mas no dueña de sus cuotas⎯ y, por ende, según la CMF, no correspondía que fuera FIP Tactical Sport quien figurara como controladora en la OPA”, recordó la querella. Sin embargo, la adquisición se realizó de todas maneras.
Fue a través de esta operación de Michael Clark ingresó a Azul Azul, apuntó el documento, como tenedor de 10% de las cuotas de “Tactical Sport”, a través de su sociedad Inversiones Antumalal. De esta manera, también se convirtió en el nuevo presidente de la concesionaria, cargo que mantiene hasta la fecha de la querella.
El restante 90% se encontraba en manos de Asesorías e Inversiones Sartor S.A., una de las sociedades matrices del grupo, detrás de la que se encontraban el dueño de Sartor, Pedro Pablo Larraín, entre otros relacionados a la firma.
La caída de Sartor
La querella continuó señalando que luego de tres años “de tensa calma en el gobierno corporativo de Azul Azul ⎯no exenta de misterios y especulaciones sobre la propiedad, el control y potenciales conflictos de interés ocultos, en todo caso⎯, la tormenta retornó el segundo semestre de 2024, con ocasión de los distintos conflictos normativos y judiciales que afectaron al Grupo Sartor”.
En esta línea, el documento relató el conflicto aún latente con la CMF, luego de que el organismo detectara irregularidades en su modelo de negocios, principalmente por la inversión en créditos privados de sociedades relacionadas a los controladores de Sartor. Lo anterior decantó en la orden de liquidación final de la gestora de fondos públicos del holding, Sartor AGF, el 20 de diciembre.
Pero no era el único frente para la firma.
A raíz de las acciones del regulador, la corredora de bolsa de Bci decidió no renovar un contrato de operaciones de compraventa a plazo o simultáneas de cuotas de fondos de Sartor AGF, que mantenía con Asesorías e Inversiones Sartor. Así, la intermediaria le exigió el pago, a más tardar el 4 de diciembre, de $ 5.699 millones.
Sin embargo, ante el no pago de la acreencia, la corredora solicitó el 12 de diciembre la liquidación forzosa de la sociedad.
"Transacción subrepticia"
Este sería el telón de fondo con que el pasado 20 de diciembre, mismo día en que se revoca la existencia de Sartor AGF, Azul Azul anunció a través de un comunicado en su página web que la gestora “no tiene ninguna relación de propiedad” con la concesionaria, ya que “Tactical Sport” se encontraría administrado por otra entidad.
Además, reveló que las cuotas del FIP “pertenecen íntegramente a Inversiones Antumalal S.A., sociedad perteneciente a Michael Clark, por lo que no existe ningún accionista del Grupo Sartor que forme parte de la propiedad de Azul Azul”.
La noticia sorprendió a los querellantes, ya que “se revelaba públicamente un cambio de controlador del que nadie había sido informado”.
También motivó reacciones de la CMF, la que solicitó información de la operación a través de un oficio a Clark, además de que aclarara cómo se habría dado cumplimiento a la Ley de OPA.
La respuesta del presidente de la concesionaria llegó el 24 de diciembre, en la que dio a conocer que el 13 de diciembre Inversiones Antumalal adquirió 6.354.981 cuotas de “Tactical Sport” (el 90% restante del FIP), a US$ 0,9 cada una o un total de US$ 5,7 millones.
“La supuesta fecha de la transacción subrepticia, 13 de diciembre de 2024, no deja de llamar la atención”, sostuvo la querella, ya que se produce un día después de que Bci solicitara la liquidación forzosa de Asesorías e Inversiones Sartor.
De esta manera, “a través de esta operación, celebrada a puertas cerradas por contrato privado e incumpliendo con la obligación legal de informar al público de la operación y de efectuar una OPA para ella, Antumalal, de propiedad de Michael Clark, pasó a detentar la totalidad de los aportes del FIP Tactical Sport y, con ello, dicha sociedad adquirió indirectamente el 63,07% de las acciones de la serie B de Azul Azul”, denunció.
Lo anterior “a un precio incomprensiblemente bajo”.
“En efecto, los US$ 5,7 millones supuestamente pagados por Antumalal a Sartor S.A. equivalen a un valor de $ 219,3 por acción de la serie B de Azul Azul, precio no sólo absurdamente menor al que a la fecha se transaba en la bolsa, que era de $ 550 por acción, sino sustancialmente inferior también al que había pagado el mismo Fondo por la adquisición de las acciones de Azul Azul en el año 2021”, detalló la querella.
Tras nuevas presiones de la CMF, Clark anunció que llevaría a cabo una OPA voluntaria, por sobre la acciones Serie B de Azul Azul, pero no por sobre el fondo.
“Estos ulteriores anuncios no hacen sino confirmar que la operación originalmente realizada por Michael Clark, consistente en adquirir la totalidad de las cuotas del Fondo, fue efectivamente una toma de control que debió haberse informado y debió haber sido objeto de una OPA”, sentenció el texto.
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