Agosto ha sido históricamente un mes fatídico para los presidentes de Brasil. En agosto de 1992 fue impugnado Fernando Collor de Mello, en medio de un escándalo de corrupción similar al que ahora sacude a la presidencia de Brasil. Treinta años antes, el mismo mes, Janio Quadros fue el primer mandatario brasileño en renunciar. Y en agosto de 1954, el emblemático Getulio Vargas se suicidó.
La actual presidenta Dilma Rousseff también afrontará este mes, su quinto agosto en el cargo, uno de los períodos más desafiantes de su mandato. Las amenazas comienzan hoy, cuando la cámara de diputados deberá votar un reporte sobre las cuentas fiscales de los anteriores gobiernos.
Ese procedimiento, que recibió una tramitación de suma urgencia, es un hito clave: dejará el camino expedito para que la cámara baja discuta sobre las cuentas del año pasado tan pronto como el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) resuelva las denuncias de irregularidades en el balance fiscal de 2014, el último año del primer mandato de Rousseff.
Los analistas aseguran que si el TCU cuestiona la cuenta fiscal de la presidenta para el ejercicio pasado, la posibilidad de una impugnación a su gobierno se vuelve una posibilidad muy concreta.
Esa amenaza aumenta además por la presión de la gente en las calles y en el ciberespacio.
Hasta ahora, la red social Facebook registra más de 100 mil usuarios inscritos para la masiva marcha que se va a realizar en las principales ciudades del país el 16 de agosto pidiendo la destitución de la jefa de gobierno.
A eso se suma la decisión de la agencia Moody's, que en los próximos días deberá resolver si rebaja la calificación del país a nivel de basura, que llegará después de que Standard & Poor's afirmara que Brasil puede perder el grado de inversión si las investigaciones por corrupción perjudican al crecimiento económico y a la implementación de los ajustes fiscales.
Pedaleo fiscal
Se espera que el TCU, el órgano responsable de la fiscalización financiera del gobierno brasileño, examine durante agosto las cuentas de Rousseff del ejercicio 2014 con el objetivo de investigar los "pedaleos fiscales".
El TCU indicó en abril que "el gobierno incurrió en delito de responsabilidad fiscal cuando utilizó recursos de bancos públicos para inflar los resultados de las cuentas del país", pero la investigación se iniciará ahora en agosto.El gobierno habría realizado una maniobra para retrasar la transferencia de fondos a los bancos públicos y así mantener las cuentas con superávit primario, algo que está prohibido por la ley.
La administración de Rousseff ha reconocido retrasos en las transferencias en los últimos años, pero argumentó que se trata de una "práctica antigua", también registrada en el gobierno de Fernando Hernrique Cardoso (1995-2002), y argumentó que los "pedaleos fiscales" no son operaciones de crédito, ya que "tienen origen en contratos de prestación de servicios, al igual que cuando hay un retraso en un alquiler, por ejemplo".
El equipo de Dilma está preparando un documento con su defensa oficial. Si el TCU determina que hay irregularidades, no habrá consecuencias para las cuentas públicas. Corresponderá al Congreso realizar el juicio político de la actuación del gobierno, y podría ser el fundamento necesario para el proceso de impugnación contra la presidenta, en un momento en que crece la oposición de los legisladores a las medidas fiscales que quiere aprobar y ahora que, con el escándalo de Petrobras acercándose cada vez más al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Rousseff es más vulnerable a los intentos de la oposición de sacarla del gobierno.
Indignación en Brasil
La cada vez más profunda recesión y el escándalo de corrupción que alcanza ya a figuras senior del Partido de los Trabajadores (PT) ha consumido el capital político de Rousseff y presiona su popularidad a mínimos récord. La aprobación del gobierno brasileño se derrumbó a 7,7% en julio, según la firma MDA.
Junto con el cacerolazo convocado para hoy durante la emisión de un discurso de la presidenta para defender el desempeño de su gobierno, grupos ciudadanos como Movimento Brasil Livre están ya movilizando a los brasileños para la masiva manifestación convocada en las principales ciudades del país el domingo 16.
La fuerza que demuestren estos manifestantes podría ser clave para animar a los opositores de Rousseff a incluir en la agenda del Congreso la recusación a la presidenta y bloquear las medidas fiscales que el gobierno asegura que son necesarias para controlar el déficit presupuestario.
Las posibilidades de que Rousseff termine su segundo mandato "dependerán en gran medida de las protestas", explica a Bloomberg explica Danilo Forte, ex líder en el Congreso del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), aliado del gobierno. "Todo va a depender mucho de cómo se canalice la indignación en la manifestación. Nuestro plan no puede ser pasar los tres próximos años y medio sangrando".
Citigroup advierte sobre bonos de bancos brasileños
Los inversionistas del mercado de bonos del sector bancario de Brasil están siendo muy condescendientes frente a la perspectiva de que la nota crediticia del país sea recortada al nivel basura, según Citigroup.
La firma estadounidense advirtió que si la calificación soberana es rebajada al grado especulativo, los bancos locales también caerían por debajo del nivel de inversión, ya que las notas de dichas entidades generalmente están alineadas con las de su país, dada la importancia de los prestamistas para la economía nacional.
Eric Ollom, jefe de estrategia global de deuda corporativa de mercados emergentes de Citigroup, detalló que una reducción en la nota de Brasil sería especialmente dañino para el segmento más riesgoso del mercado. Banco do Brasil, Itaú Unibanco y Bradesco han emitido US$ 13 mil millones en títulos subordinados, que ya tienen una nota más baja que los papeles senior que les entregan a los acreedores protecciones más fuertes en caso de default.
El analista estima que los valores de estos bonos aún no reflejan el impacto negativo que tendría la menor calificación. "¿Está ese recorte incorporado en el precio? No lo creo", afirmó en una entrevista a Bloomberg. "Debería haber una presión sobre las calificaciones".
Ollom, quien recomienda vender los títulos, mencionó como ejemplo los papeles subordinados por US$ 750 millones de Banco do Brasil que vencen en 2023, que rinden 0,9 punto porcentual más que la deuda senior del banco estatal. Según el experto, los inversionistas deberían recibir un premio de rendimiento de hasta 1,5 punto porcentual dada la perspectiva de una rebaja crediticia.
Los bonos de las tres firmas han disminuido 3,8% en el último mes, frente al avance promedio de 0,3% de los bancos emergentes.
Al borde del grado especulativo
Las especulaciones acerca de que Moody's podría dejar la calificación de Brasil al borde del bono basura están aumentando a medida que se agrava la situación económica y política del país.
En septiembre, la agencia colocó la nota Baa2 en perspectiva negativa por los problemas de corrupción y el deterioro de las finanzas. Desde entonces, la situación sólo ha empeorado y el mes pasado Moody's pronosticó que el PIB se encogerá 1,8% en 2015.
Si la agencia decide reducir la calificación, se uniría a su rival Standard & Poor's, cuya nota es BBB-, un escalón por encima del grado especulativo. La semana pasada, S&P también revisó la perspectiva a negativa.
En un comunicado, Itaú declaró que su nota no puede estar por sobre la de Brasil por la metodología de Moody's, pero puntualizó que su financiamiento proviene principalmente de depósitos de clientes locales denominados en reales, por lo que una rebaja no debería afectar su costo promedio de financiamiento.
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