rado la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) en su propósito por agilizar las respuestas que da el Estado a los inversionistas al momento de iniciar el camino que permita materializar obras de gran envergadura.
Un ejemplo de ello son las concesiones de uso oneroso, una autorización que depende del Ministerio de Bienes Nacionales y que es clave para las iniciativas de Energías Renovables -solar o eólica- que se localizan en la zona norte del país, en donde un 70% de los terrenos pertenece al Fisco.
En 2015, las solicitudes –que sumaron 19- debieron soportar en promedio tres años antes de tener algún feedback. Hoy, en cambio, existen 15 requerimientos, de los cuales catorce están siendo apoyados por GPS con la expectativa de que los plazos bajen a dos años, mientras que el único que optó por la vía tradicional extiende su espera a dos años y tres meses.
“El diagnóstico con el que llegamos en marzo de 2018 es que se había acumulado mucha burocracia en la tramitación de proyectos de inversión y que los tiempos excesivos de tramitación eran una barrera y un costo para los inversionistas que afectaba a la inversión”, relata el director de la entidad, Juan José Obach.
Pero estaban preparados para la acción. En el marco de la elaboración del programa de Gobierno, el mismo Presidente Sebastián Piñera le había encargado a quien sería el primer ministro de Economía de su segundo mandato, José Ramón Valente, revisar los temas de una agenda microeconómica, en particular de dos temas que les preocupaban: inversión y productividad.
“Ambos eran muy relevantes si queríamos mover la aguja en el crecimiento de largo plazo de Chile”, recuerda el actual presidente de Fundación Chile.
José Ramón Valente, Exministro de Economía. Lucas Palacios, Actual Ministro de Economía.
Con este mandato, revisó lo hecho en otros países para agilizar la inversión bajo la lógica de cumplir con altos estándares mediambientales y regulatorios.
Australia y Canadá aparecieron en el radar y viajes, visitas a instituciones de gobierno y conversaciones con empresarios extranjeros fueron parte del proceso.
“Sobre la base de haber estudiado ambas experiencias, elaboré ese capítulo del programa de Gobierno en donde mi conclusión fue que Chile necesitaba dos agencias muy importante para hacerse cargo de la descoordinación a nivel del Estado en la tramitación de permisos, que permitiera a los proyectos que cumplieran con todos los estándares regulatorios y medioambientales, pudiesen tener mayor seguridad sobre si sería aprobado o rechazado, en un tiempo más corto del que se le estaba dando. Con esto se le daría un impulso a la inversión en el país. Esa fue la génesis de GPS”, relata Valente, quien fue removido como secretario de la cartera a mediados de junio.
La nueva institucionalidad debutó con Obach a la cabeza, ingeniero comercial con magíster en administración pública de la Universidad de Harvard, quien pasó a liderar un equipo que en la actualidad componen doce ejecutivos cuyo promedio de edad bordea los 29 años.
Ecos de la crisis social
La dinámica de la oficina sintió el remezón de la crisis social y no sólo porque la cartera enfrentó un segundo recambio de ministro a los 10 días del estallido cuando Juan Andrés Fontaine fue reemplazado por Lucas Palacios. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) entraron en su marco de acción.
“Sentimos que la ayuda de GPS hoy más que nunca tiene que llegar a toda la gente que así lo requiera”, resalta Obach.
De las 30 solicitudes que han ingresado en estos meses, detectaron que los cuellos de botellas para ese segmento de compañías se concentran en los permisos sanitarios y en los municipales como los relativos a edificación y patentes.
Sobre los primeros ya trabajan en criterios objetivos para su otorgamiento junto con el apoyo en la digitalización de las distintas autorizaciones que emiten. De hecho, la autorización sanitaria por alimento, que es la más requerida por las PYME ya está digitalizada.
En el frente municipal, la coordinación ha sido con los directores de obras con el propósito de generar una agenda conjunta.
Esto se sumará al monitoreo de los proyectos de gran envergadura y al trabajo que realizan en un afán por modernizar la gestión del Estado.
Otro desafío es seguir avanzando en la detección de medidas que favorezcan la inversión, las que no son sólo legislativas aclara Obach.
Si bien del diagnóstico inicial de los casos surgió la necesidad de enviar un proyecto de ley que se plasmó en Proinversión I - actualmente en el Senado-, hay otro flanco netamente ligado a la gestión de gran impacto en la inversión.
A la fecha, el equipo de abogados e ingenieros destina la mitad de su jornada a dicha tarea. Han levantado 90 medidas, entre las que destacan protocolos estandarizados para los evaluadores de reparticiones que emiten permisos como Conaf, Dirección General de Aguas, Bienes Nacionales, Consejo Nacional de Monumentos, entre otras. Además, despliegan un plan de consultorías de procesos con diez servicios públicos sobre permisos críticos.
Un buen ejemplo de la necesidad de colaboración se da con el Consejo Nacional de Monumentos (CNMA), que debe emitir un permiso en el caso de que un proyecto requiera una excavación. Para agilizar este proceso elaboraron una guía -algo que hasta la fecha no existía- con criterios claros sobre cómo hacer un buen proceso de rescate de hallazgos arqueológicos.
“Aquí hay que coordinar el desarrollo económico, con el cuidado del patrimonio y el medioambiente”, advierte.
La digitalización es otro de los ejes de GPS. A principios de junio, comenzó a funcionar la plataforma de Sistema Unificado de Permisos (SUPER) que pretende ser una ventanilla única para tramitar más de 180 permisos sectoriales en un solo lugar.
Inquietud por la seguridad y orden público
A 21 meses de operación, el catastro nacional de inversión de la oficina GPS contabiliza más de 200 proyectos de inversión por un monto de mayor a US$ 70 mil millones en el próximo quinquenio y la generación de más de 80 mil empleos.
Pero la sensación es de cautela. La incertidumbre derivada de la violencia que trajo el conflicto social se asume que no es inocua, y el mismo Banco Central proyectó para el próximo año una caída de la inversión de 4% en medio de un frenazo del crecimiento económico hasta niveles de 1%.
Dado este escenario, hace dos semanas levantaron una encuesta entre cien empresas para conocer el sentir de los inversionistas y el efecto de la contingencia en sus planes. Un insumo que, por lo demás, les permitirá actualizar el catastro de iniciativas a cinco años, lo que se conocerá los primeros días de enero. “Podremos comparar con el período pre crisis y ver efectivamente el impacto real en los proyectos de inversión”, dice Obach.
Como resultado, adelanta que “no hay ningún proyecto de envergadura que haya tomado la decisión de no realizarse por la contingencia actual”, asegura.
Y en los sectores que concentran los más grandes, como infraestructura, minería y energía, ni siquiera se percibe un cambio en su cronograma de ejecución, lo que confirma –dice- que responden a variables de largo plazo.
Donde sí percibieron un aplazamiento en la ejecución de la inversión es el sector inmobiliario, que “son de menor envergadura y es más fácil detener un poco y después volver a reactivarlo. Son decisiones más ágiles”, explica.
En el ítem de las principales preocupaciones, Obach precisa que un 70% teme por la seguridad y orden público, mientras que sólo un 12% señala el debate constitucional.
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