Las indicaciones al proyecto que reforma el Sernac, ingresadas el lunes al Senado por el Ministerio de Economía, eran esperadas con ansias por el Comité del Retail Financiero, que ha seguido de cerca su tramitación en el Congreso. Pero los cambios, surgidos del trabajo conjunto del gobierno, parlamentarios y diversas asociaciones, no dejaron satisfecha a la institución.
“El proyecto tiene mejoras, pero están en aspectos de tipo colateral, no en lo estructural”, plantea el vicepresidente ejecutivo del organismo, Claudio Ortiz. En su opinión, los principales problemas detectados por la entidad se mantienen: un Sernac con muchas atribuciones, que transforma en juez y parte a la hora de defender los derechos del consumidor. Por lo mismo, las indicaciones serán revisadas por el comité legal del organismo.
- ¿Cuál es su apreciación de las indicaciones a nivel general?
- Reconocemos y valoramos varios perfeccionamientos que se hicieron a lo aprobado por la Cámara de Diputados. Visualizamos varias mejoras, como es el caso de algunos ajustes en los criterios de las multas, lo cual creemos que tiene mayor razonabilidad que lo anteriormente aprobado. También valoramos el hecho de que el consumidor tenga dos opciones al hacer sus reclamos: recurrir al Sernac o a los juzgados de policía local, por nombrar algunos ejemplos.
- ¿Pero sus aprensiones relacionadas a la institucionalidad del Sernac se mantienen?
- Lo que nos preocupa enormemente, y tiene que ver con algo más estructural, es el gobierno corporativo colegiado. Nosotros teníamos la expectativa -en base a conversaciones y reuniones con distintos personeros del gobierno-, que este tema iba a ser resuelto.
Su importancia radica en que el Sernac, al tener gran cantidad de nuevas funciones manteniendo las que tiene actualmente, va a producir una gran confusión de roles y se pierde el equilibrio. E, incluso, ese exceso de atribuciones va a generar serias dudas de constitucionalidad de este futuro Sernac, de aprobarse el proyecto tal como está con las últimas indicaciones.
- ¿Esta falta de equilibrio que ustedes plantean no se soluciona con el consejo normativo que propone el Ejecutivo?
- No queremos un consejo normativo, lo que queremos es un consejo directivo, que bajo este organismo dependa el director del Sernac para lograr el adecuado balance y equilibrio de poderes, sobre todo teniendo en cuenta el gran número de facultades que va a tener el Sernac. El consejo normativo propuesto en las indicaciones no resuelve el problema. Aún más, si el Senado llegase a aprobar esa indicación, estaría voluntariamente renunciando, delegando su función de legislador.
Este consejo se va a transformar en una especie de junta legislativa en materia de consumo compuesta por tres personas, y ese es un tema que nos preocupa enormemente.
- ¿El Sernac se mantiene como juez y parte?
- Eso se mantiene y en la tramitación futura habrá que ver cómo evoluciona y cómo enfrentarán los senadores los vicios de constitucionalidad que se levantan al perseverar en esta materia y no plantear mecanismos de mitigación que estaban prometidos con la creación de un gobierno coporativo colegiado para dirigir al Sernac.
- ¿La revisión de las indicaciones por parte del comité legal de la institución que representa buscará atisbos de inconstitucionalidad?
- Primero, tenemos que ver el tratamiento en la comisión de Economía y luego en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que es una segunda mirada necesaria de este proyecto y, de acuerdo a cómo se haga el análisis posterior, se van a ir tomando las medidas correspondientes.
Finalmente, la decisión respecto a esta materia va a depender de los senadores, porque son ellos los que pueden recurrir al Tribunal Constitucional.
Además, este consejo normativo es algo que no tiene precedentes en nuestra institucionalidad, es algo extraño, sería un experimento. Y, por ende, sentimos que no mitiga para nada las preocupaciones que tenemos del equilibrio y balance de poderes que es necesario en un organismo con la gran cantidad de facultades que va a tener.
- El proyecto tiene suma urgencia y se está revisando en paralelo al de la libre competencia, a raíz del último caso de colusión. ¿Cree que esto jugó en contra a la hora de hacer las indicaciones?
- Lamentablemente, las prisas pueden llevar a una mala legislación. Nosotros tememos que vincular la discusión de este proyecto de ley -que es un cambio de política pública de importancia- con la coyuntura, es un error de proporciones. Lamentablemente, porque algo que es necesario y conveniente para los consumidores, para el mercado en general, se va a terminar legislando en caliente. Y eso es un error.
principales Indicaciones al proyecto
Se crea un cuerpo colegiado denominado "Consejo Normativo" a través del cual el Sernac ejercerá dos de sus nuevas atribuciones: Interpretar administrativamente la ley de protección de derechos de los consumidores; y dictar normas e instrucciones de carácter general para proteger derechos de los consumidores. Tendrá tres miembros elegidos por el Presidente de la República con acuerdo del Senado.
Durarán cuatro años, renovándose por parcialidades.
Se introduce un período de consulta pública para el ejercicio de las atribuciones que se ejercen a través del Consejo Normativo.
Se agrega un completo catálogo de reglas para la determinación de las multas que se asignen por infracciones a la ley del consumidor. Esto será un sistema de graduación de las multas que procede aplicar atendiendo a determinadas circunstancias atenuantes y agravantes.
Se introducen adecuaciones formales a los procedimientos que pasarán a estar regulados en la ley de protección de derechos de los consumidores, destinadas a facilitar su inteligencia y aplicación. Uno de ellos es el "Principio de Especialidad", ya que se establece que la sanción impuesta por la aplicación de una ley especial, impedirá al Servicio aplicar una sanción adicional en razón de los mismos hechos en la medida que para la determinación de la sanción basada en una ley especial se haya considerado la vulneración de los derechos de los usuarios o consumidores en los términos que los reconoce la ley de protección de los derechos de los consumidores.
Con esto se busca eliminar la incertidumbre en relación a las sanciones a las que podrían verse expuestas algunas empresas que actúan en industrias reguladas tales como servicios sanitarios, eléctricos, gas, o telecomunicaciones.
Se regulará la indemnización del daño moral en procedimientos que protejan el interés colectivo. Acá se introduce una regla especial que faculta al juez a ordenar un peritaje para la determinación del daño moral, separando subgrupos de consumidores afectados.
Se permitirá la opción plena del consumidor para denunciar en las causas de interés individual, las infracciones ante el Servicio Nacional del Consumidor o los Juzgados de Policía Local.
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