Uno de los proyectos más esperados por los sectores políticos, en el marco de la agenda de probidad nacida del trabajo de la comisión Engel, es el que fortalece el sistema de Alta Dirección Pública (ADP), a más de diez años de su creación con el fin de profesionalizar la gestión de los recursos humanos y los nombramientos de los altos directivos del aparato estatal.
En este contexto, el Ejecutivo ingresó ayer a trámite en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el proyecto -de 34 líneas de extensión- que busca modernizar el sistema con dos desafíos: mejorar la transparencia y probidad del mecanismo para escoger los cargos en el sector público; e independizar al sistema del ciclo político.
Uno de los principales tópicos que incluye la iniciativa es aumentar las facultades de ADP, dotándola de la capacidad de impartir -a los ministerios y servicios que integran el sistema- directrices y ejercer tareas de coordinación y supervisión en materias de gestión y desarrollo de personas.
Una de las facultades más llamativas será que la dirección nacional del servicio podrá asesorar a las instituciones públicas en la elaboración de códigos de ética, “con el objeto de reforzar permanentemente las temáticas de probidad y transparencia”, consigna el documento.
Este es un tópico hoy en boga a raíz de la crisis institucional que estalló con los casos Penta-SQM y Caval.
Además, el proyecto establece la creación de un registro de consultores externos, que “aumentará el estándar” en la selección de altos directivos del Estado.
Asimismo, la dirección nacional mantendrá una nómina permanente de postulantes a cargos ADP “para invitar a participar a un mayor número de personas presumiblemente interesadas en participar en este tipo de procesos de selección”.
Otra de las novedades que incorpora el cuerpo legislativo es que en mayo de cada año, el consejo de ADP deberá dar cuenta ante las comisiones de Hacienda de ambas cámaras a través de un informe con el resultado general y consolidado del desempeño de los altos directivos públicos.
Nuevos servicios
El proyecto consagra la entrada al sistema de nuevos cargos en el servicio público, entre los que destacan el de director nacional y jefes de división del Senama; director nacional y regionales del Sename; director nacional y jefaturas de departamento de Fonasa; el director y subdirector de Odepa; el director y jefe de división de la Dirección General de Obras Públicas; y los subdirector del Serviu metropolitano.
De esta manera, los servicios afectos a ADP pasarán de 113 a 123, y los cargos concursables de 949 a más de 1.000.
Mejoras a los directivos
El texto suprime la figura de los altos directivos provisionales y transitorios (PyT), reemplazándose -en caso de vacancia- por un subrogante legal.
Además, el texto faculta al presidente de la República a designar de manera directa a un máximo de 15 jefes superiores de servicio durante los primeros tres meses de su mandato.
“Con esta nueva facultad presidencial, se aspira a facilitar la instalación de los nuevos gobiernos, al permitirles exceptuar del proceso regular de selección del sistema a un número acotado de directivos, de acuerdo a sus prioridades programáticas. Lo anterior reviste especial interés considerando la duración de los períodos presidenciales y la conveniencia de facilitar la provisión de cargos estratégicos para el éxito de los objetivos gubernamentales”, señala el mensaje presidencial.
También el proyecto permite a los funcionarios públicos nombrados en cargos ADP a mantenerse como cargo de planta, precisando que esa facultad sólo puede ejercerse por una única vez para el primer nombramiento ADP, incluidas sus eventuales renovaciones, por un máximo de nueve años.
Asimismo, se aumenta de 100 a 120 UF la dieta máxima de los consejeros de ADP.
LAS PRINCIPALES PROPUESTAS DE LA COMISIÓN ENGEL
Los cambios al sistema ADP toman en cuenta las recomendaciones realizadas por el consejo asesor contra la corrupción, presidido por el economista Eduardo Engel. A nivel del la organización del propio sistema, se sugirió que el consejo del organismo asumiera un rol central pasando a ser el responsable del sistema, con las atribuciones y responsabilidades correspondientes. El rol ejecutivo quedaría en manos del jefe del servicio, cargo que ocuparía el presidente del consejo, persona nombrada por el Presidente de la República.
Respecto al trabajo realizado por ADP, se recomendó ampliar los cargos seleccionados por esta vía al tercer nivel jerárquico, y priorizar la incorporación de las jefaturas relacionadas con los sistemas de compra y licitaciones públicas.
Entre los organismos que la comsión recomendó incorporar al sistema destaca la Dirección del Trabajo, Senama, Fonasa, Odepa y Sercotec.
Además, se analizó la situación de vacancia, sugiriendo limitar los cargos provisionales y transitorios (PyT) a un 10% en el primer nivel jerárquico y eliminarlos por completo del segundo nivel. Asimismo, se propuso reducir su permanencia en el cargo a seis meses, prorrogable por el CADP, con razones fundadas y que su remuneración no debiese incluir la asignación de ADP, a modo de desincentivar la figura y su excesiva permanencia en el tiempo.
También se dejó abierta la posibilidad de que un funcionario PyT pueda integrar una terna de selección, siempre y cuando al momento de realizarse la misma no lleve más de seis meses en dicha calidad. Finalmente, se recomendó que un jefe de servicio que ejerce como profesional PyT, así como aquellos cargos especiales nombrados directamente por el Presidente de la República recién asumido, no puedan nombrar altos directivos de niveles inferiores (solo suplentes), ni desvincular a otros salvo razones fundadas en incumplimiento de sus obligaciones, faltas graves, sumarios u otros de similar naturaleza, previa solicitud del subsecretario al Consejo de ADP.
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