Los flancos abiertos de Chile en la mira del Departamento de Estado de EEUU

“Aunque Chile es un destino atractivo para la inversión extranjera, persisten desafíos (...) Chile no ha cumplido plenamente con sus obligaciones en materia de PI establecidas en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile. Los procesos de obtención de servicios ambientales, los requisitos de consulta a los indígenas y los engorrosos procedimientos judiciales han hecho que las aprobaciones de grandes proyectos sean cada vez más lentas e impredecibles, especialmente en casos con sensibilidades políticas".

La declaración es uno de los párrafos introductorios del último reporte del Departamento de Estado de EEUU sobre el clima de inversión en el país. Es un documento que analiza en 13 puntos las condiciones locales para invertir en materia de apertura económica, facilidad para hacer negocios, tratados, régimen jurídico, políticas industriales, propiedad intelectual, sector financiero, empresas estatales, conducta empresarial, corrupción, seguridad y políticas laborales.

"Algunas empresas han expresado públicamente su preocupación por el hecho de que, durante una huelga polémica, las fuerzas del orden se han mostrado reacias a proteger la propiedad privada”

"Persisten los desafíos en materia de protección de la propiedad intelectual. Los actores privados han considerado insuficiente el marco de Chile para la protección de secretos comerciales".

El documento que se hizo público el 10 de julio, pone acentos en algunos de los puntos que aún se mantienen bajo los estándares internacionales o que despiertan la incertidumbre de los inversionistas, principalmente en materia de permisos sectoriales, regulaciones ambientales, piratería y entorno de seguridad.

Asimismo, menciona ciertas reformas impulsadas por el Gobierno que despiertan inquietud. “Algunas propuestas de reforma del Gobierno generaron preocupación por sus posibles impactos en las inversiones en los sectores de la salud, los seguros y las pensiones”, dice.

El informe, en todo caso, destaca la estabilidad que históricamente se mantiene en el país, pese a haber enfrentado la ola de disturbios civiles que lo mantuvieron en vilo en 2019 y parte de 2020. “El uso de herramientas pacíficas y democráticas por parte del Gobierno fue en gran medida considerado como la forma de disipar la tensión social”, se lee en el informe que detalla los dos procesos constitucionales que siguieron a la revuelta como una manera de encauzar las demandas, y que finalmente fueron rechazados.

Asimismo, el documento resalta la política económica, la solidez del marco legal y las políticas orientadas al mercado, que “crean importantes oportunidades para que los inversionistas extranjeros participen en el crecimiento económico del país”. Pese a ser un mercado pequeño, Chile ha logrado atraer inversión extranjera directa (IED), con una relación IED/PIB de casi el 85%.

Permisos: procesos “largos y poco predecibles”

Si bien el reporte estadounidense destaca la consistencia en el tiempo de las políticas de inversión extranjera, sí advierte problemas en materia de demora de permisos para proyectos de infraestructura. “El clima de negocios de Chile es generalmente sencillo y transparente, y su marco de políticas se ha mantenido consistente a pesar de las administraciones de diferentes tendencias políticas, episodios de malestar social y dos intentos fallidos de reescribir la Constitución chilena”, menciona. Y agrega: “Sin embargo, los procesos de permisos para proyectos de infraestructura, minería y energía son largos y los resultados son menos predecibles en los casos que involucran evaluaciones de impacto ambiental políticamente sensibles, cuestiones de derechos de agua y consultas indígenas”.

Es un punto que vuelve a repetir en su capítulo sobre facilidad para hacer negocios donde, pese a destacar las medidas implementadas para facilitar las transacciones comerciales durante la última década, menciona que “el sector privado aún considera que el proceso de obtención de permisos es largo y excesivamente engorroso”.

Respecto al régimen jurídico, el informe destaca la transparencia de los sistemas jurídicos, regulatorios y contables del país, que “generalmente establecen reglas claras para la competencia y condiciones de igualdad para los extranjeros, y que son compatibles con las normas internacionales. Pero hace una excepción en cuanto a las regulaciones ambientales, donde alerta de los mecanismos de consulta indígena, en particular en casos complejos políticamente. “Las regulaciones ambientales, que incluyen la consulta indígena obligatoria exigida por el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (OIT 169) de la Organización Internacional del Trabajo, y otros procesos de obtención de permisos se han vuelto largos e impredecibles, especialmente en casos políticamente delicados”, dice.

Al debe en evaluación de impacto de regulaciones

En materia legislativa, el Departamento de Estado de EEUU señala que si bien todos los decretos y leyes se publican en el Diario Oficial “no siempre se encuentran allí otros tipos de normas”. Y advierte de la inexistencia de otros lugares centralizados en línea donde se publiquen las normas en Chile.

Sobre los procesos de elaboración de normas, el informe indica que Chile aún está por debajo del promedio de la OECD “en la evaluación de impacto de las regulaciones, la consulta con partes externas sobre su diseño y su evaluación a lo largo del tiempo”. “Chile ha logrado avances limitados en materia de transparencia, evaluación de impacto y formas de apelar e impugnar las regulaciones”, dice.

Asimismo, explica que en materia de cumplimiento normativo en el país prevalece un enfoque de la aplicación de la normativa más punitivo que preventivo: “Los reguladores aún prefieren inspeccionar en lugar de colaborar con las entidades reguladas para fomentar el cumplimiento”.

Piratas y lagunas en protección de datos

Uno de los puntos donde el reporte es más enfático en cuanto a las faltas del país es en materia de propiedad intelectual (PI), en particular en productos farmacéuticos. Desde 2007, Chile se encuentra en la Lista de Vigilancia Prioritaria Especial 301 (PWL) del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), considerada una suerte de lista negra” de los países que no cumplen los estándares en PI.

“Persisten los desafíos en materia de protección de la propiedad intelectual. Los actores privados han considerado insuficiente el marco de Chile para la protección de secretos comerciales. Los productos farmacéuticos padecen procedimientos de patentamiento relativamente débiles, la ausencia de un mecanismo eficaz de aplicación y resolución de patentes y algunas lagunas en la regulación que rige la protección de datos”, señala el informe.

Respecto de la aplicación de los derechos de PI, EEUU considera que “sigue siendo relativamente laxa, en particular en lo que respecta a la piratería, los derechos de autor y la protección de patentes, mientras que el procesamiento de las infracciones de la propiedad intelectual se ve obstaculizado por lagunas en el marco jurídico y la falta de conocimientos especializados en materia de propiedad intelectual entre los jueces”.

Ante eso, sugiere al país escuchar las recomendaciones de privados de “la necesidad de destinar más recursos a las operaciones aduaneras y establecer un procedimiento mejor definido para tratar los paquetes pequeños que contienen mercancías infractoras”, ya que, a su juicio, “la base jurídica para detener y decomisar los transbordos sospechosos tampoco es suficientemente clara”.

La actividad delictiva internacional

Especialmente extenso y detallado es el capítulo del reporte estadounidense sobre el entorno de seguridad. Más que hacer llamados de alerta o recomendaciones, aquí el documento se limita a describir las diversas áreas donde se ha observado un deterioro de la seguridad pública y privada en los últimos años. De esta manera, menciona que si bien hasta antes de los disturbios civiles de finales de 2019, había poco registro de incidentes contra infraestructura pública o privada por motivos políticos, una excepción son los ataques en la región de la Araucanía y la provincia de Arauco en Biobío. “Esta área, hogar de casi medio millón de habitantes indígenas, ha sido testigo de una tendencia constante de violencia por motivos políticos y actividad criminal organizada”, señala. Es un conflicto en el que subyace, dice, “la radicalización de un número relativamente pequeño de comunidades indígenas mapuche, lo que ha llevado al surgimiento de grupos organizados que persiguen sus demandas por medios violentos”.

Los esporádicos ataques explosivos a pequeña escala perpetrados por grupos anarquistas, que ya habían sido motivo de alerta desde EEUU hacia Chile, también son mencionados en el actual informe. “Desde mayo de 2019 se han producido once incidentes con bombas que explotaron, fueron desactivadas por las autoridades o no detonaron. Los grupos anarquistas suelen reivindicar estos actos, así como los incidentes violentos durante las protestas estudiantiles y laborales”, señala junto con informar que “media docena de activistas están actualmente condenados y encarcelados por ataques que causaron alrededor de 15 heridos entre civiles y policías”.

Respecto a la seguridad pública, el informe dice que el ambiente “es generalmente seguro”, pero alerta que “las fuerzas del orden han observado un aumento de la actividad delictiva transnacional y de los intentos de las organizaciones de narcóticos de afianzarse en Chile”,

“Las autoridades chilenas han atribuido el aumento de los delitos violentos en Chile, en parte, al aumento de migrantes vinculados a organizaciones criminales transnacionales en el país”, agrega.

Como punto aparte, menciona su preocupación por los destrozos a infraestructura privada producto de la actividad ilegal de algunos trabajadores en huelga y la débil acción de las policías frente a este fenómeno. “Algunas empresas han expresado públicamente su preocupación por el hecho de que, durante una huelga polémica, las fuerzas del orden se han mostrado reacias a proteger la propiedad privada”, advierte.