Eran cerca de las 11:20 de la mañana del miércoles cuando un documento de tres páginas entró al WhatsApp de varios actores involucrados en la discusión tributaria. Se trataba del protocolo de acuerdo firmado entre Hacienda y los senadores de la comisión del ramo para destrabar la tramitación del proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, el de mayor recaudación -por ahora- del pacto fiscal con un 1,5% del PIB en régimen.
El punto dos del acuerdo levantó varias cejas: se aplicaban cambios paradigmáticos en la orgánica del Servicio de Impuestos Internos (SII), que en el papel le restan espacio de maniobra al director y buscan aumentar su independencia del Gobierno de turno y despersonalizar su gestión. Especialistas tributarios, funcionarios del servicio y de Hacienda coinciden en que esta es la mayor modificación en el funcionamiento del SII en al menos los últimos 30 años.
El consenso entre las partes es que se fortalecerá el carácter técnico e independiente del organismo respecto del Gobierno de turno e "intereses particulares", tanto en su dirección como subdirección. También, se busca establecer plazos máximos de permanencia en algunos cargos de decisión, lo que generó ruido interno.
¿La razón? Es común que funcionarios de carrera o que llevan décadas en el organismo se hagan cargo de subdirecciones estratégicas o asuman la titularidad de las direcciones regionales, en algunos casos rotando entre distintas zonas.
No ocurre lo mismo a nivel de fiscalizadores, donde la alta rotación es una de las principales preocupaciones del director (s) Javier Etcheberry.
En el SII explican que hay áreas donde se requiere cierto nivel de especialidad donde es necesaria la experiencia de los funcionarios, mientras que las rotaciones en las regionales se sustentan en evitar conflictos de interés en los contactos que se realizan entre las direcciones y los sujetos fiscalizados.
Aquí, lo que se analiza es que algunas subdirecciones o regionales estén sujetas al sistema de Alta Dirección Pública (ADP). O sea, tres años máximos con dos renovaciones, lo que resulta en un período total en el cargo de nueve años.
El ruido: el consejo externo
Pero quizá el cambio más radical es que se creará un consejo externo que tendrá opinión sobre temas fundamentales del actuar del SII: evaluará los planes de fiscalización y tendrá una visión vinculante sobre la juridicidad de las circulares. En otras palabras, podrá oponerse a ciertas instrucciones de la entidad. Esto último ha generado inquietud en el SII por dos razones: el cuestionamiento a la toma de decisiones, y la posibilidad de que este consejo tenga opiniones sesgadas por conflictos de interés.
En el primer punto, fuentes del servicio explican que las decisiones sobre las circulares ya son tomadas a nivel colegiado, participando distintas áreas en la redacción de las instrucciones, y dejando huella digital y en el sistema de quiénes intervinieron en su construcción. También, recuerdan que desde 2014 las circulares son sujetas a consulta del mercado antes de publicarse.
Sin embargo, partidarios de una mayor supervisión recuerdan dos decisiones polémicas que el SII tuvo que revertir: la reciente circular que ampliaba el impuesto específico a bebidas deportivas y néctares, y una del 2015 que buscaba aplicar IVA a las radiografías y otros exámenes de laboratorio, que se bautizó coloquialmente como el "impuesto al hueso".
En el segundo punto, el temor de los funcionarios es que el consejo sea integrado por asesores de empresas o firmas de auditoría, que implique la posibilidad de contener el actuar del servicio en beneficio de sus clientes.
De todas maneras, esto no es nuevo: en 2008, el entonces director Ricardo Escobar creó un consejo consultivo integrado por diez personas, cinco funcionarios del SII, tres abogados y dos contadores públicos o auditores externos. ¿La idea? Que aportaran con conocimiento jurídico o económico a las decisiones de la autoridad, pero su opinión era meramente consultiva y no vinculante. Dicho consejo dejó de funcionar hace varios años y hoy fue reemplazado por el Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc), el que existe en todos los organismos estatales.
El frente interno
Los eventuales cambios han generado malestar y dudas a nivel interno, debido a que confirmaría la visión de analistas externos de que el organismo basa sus decisiones en criterios parciales y sin mayor contrapeso.
Por lo mismo, Etcheberry ha dedicado las últimas horas a contener el frente interno y explicar que el protocolo es una base de la discusión, que vienen dos meses intensos de tratativas y que cualquier contrapeso al actuar del director será compensando con nuevas herramientas para combatir la evasión y la elusión, como aplicar de manera más rápida la NGA y el levantamiento del secreto bancario.
"Esto recién comienza, se viene ahora un trabajo de ingeniería fina", ha transmitido el ingeniero internamente.
La presidenta de la Asociación de Fiscalizadores del SII (Afiich), Paola Tresoldi, reconoce la "preocupación" por los contenidos del protocolo y anticipa que solicitarán reuniones con Etcheberry y los senadores de Hacienda para entender el alcance del consejo externo.
¿Más o menos dientes?
Cristián Vargas fue subdirector de Jurídica del SII hasta 2015, hoy socio de Tax & Legal de BDO, cree que en el margen el servicio tendrá más facultades en perseguir la informalidad, pero no cambiará sustancialmente en cuanto al secreto bancario, ya que se mantendría la autorización judicial, aunque con plazos más acotados a los actuales: "Debemos esperar cómo se traducen estos principios en las normas del proyecto de ley para una conclusión definitiva".
Alejandro Burr, quien fue director del SII entre 2013 y 2014 ve crucial observar experiencias internacionales. "Un caso interesante es el de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala, que tiene un modelo de gobernanza similar al propuesto. De ese caso se pueden extraer tanto aspectos positivos como negativos de su funcionamiento", recalcó.
Alberto Cuevas fue jefe del Departamento de Impuestos Directos del SII, hoy es socio de Tax & Legal de KPMG, opina que el protocolo trata de equilibrar dos cosas que no son sencillas: por una parte, el fortalecimiento de las facultades de fiscalización y, por otra, el establecimiento de medidas que eviten arbitrariedades. Eso sí, tiene dudas sobre el consejo externo.
"¿Qué pasará con el resto de los organismos fiscalizadores en el país? ¿Se propondrá la creación de consejos externos como éste para cada uno de ellos? ¿En el caso del Sernac, por ejemplo?", se pregunta.
Javier Jaque, hoy socio líder de CCL Auditores Consultores y con un paso de casi una década por el SII, recalca que la reestructuración busca fortalecer el carácter técnico del servicio, lo que si bien "puede ser visto como una pérdida de potestades por parte de la institución, pero a cambio pudiera fortalecer su labor".
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