Brasil se sumió ayer en el caos político, con el país prácticamente paralizado y con protestas en las ciudades más importantes pidiendo la salida de la presidenta Dilma Rousseff. El nombramiento de Luiz Inácio Lula da Silva como ministro de Casa Civil, el último recurso de Rousseff para controlar la crisis y contener el pedido de impugnación en el Congreso, fue un fiasco. Lula duró sólo 40 minutos en el cargo y fue suspendido por orden de un juez federal. Los empresarios, por su parte, advierten que el país se dirige a una depresión económica.
Las calles de Brasil se fueron llenando de manifestantes el miércoles en la noche, luego de que el juez Sérgio Moro, que encabeza la investigación de la operación Lava-Jato, el esquema de corrupción en Petrobras, divulgara grabaciones de las llamadas telefónicas de Lula.
En una conversación con Rousseff, la mandataria le dice que le enviará el documento de nominación como ministro y que lo firme “si es necesario”, lo que sugiere que intentaba protegerlo de la justicia. Lula está siendo investigado por corrupción, lavado de dinero, ocultación de patrimonio y apropiación indebida.
Pero en las grabaciones Lula también se refiere al juez Moro como un “hijo de puta que habla mierda” y que “tiene que sentir miedo” (ver recuadro).
Gritos de apoyo y protestas
Ante la divulgación de estas escuchas, el gobierno decidió adelantar del martes 22 a ayer la ceremonia de juramento de Lula, pero desde temprano el ambiente estaba enrarecido.
En el plenario de la Cámara de Diputados los parlamentarios opositores reprodujeron el audio de las grabaciones telefónicas y comenzaron a gritar: “renuncia, renuncia, renuncia”.
“Es algo muy grave, un diálogo de dos figuras importantes de la República. Usando la nominación para obstruir la justicia. Lula está siendo nombrado ministro para impedir las investigaciones. Es la gota que rebalsó el vaso. La presidenta Dilma tiene que renunciar”, afirmó Betinho Gomes, del opositor PSDB, a Valor Económico.
El gobierno acusó que las grabaciones son ilegales, ya que el juez pidió que la interceptación del teléfono de Lula se cortara dos horas antes de la conversación entre Rousseff y su mentor. Pero por una descoordinación con las compañías telefónicas, esto no se concretó.
Moro, por su parte, se defendió diciendo que “ni el mismo mandatario de la República tiene un privilegio absoluto de sus comunicados”, y que existe un precedente legal: el caso Watergate en EEUU, que le costó la salida al presidente Richard Nixon en 1974.
En la principal calle de Sao Paulo, la Avenida Paulista, y en las afueras del Palacio de Planalto comenzaron a congregarse cada vez más manifestantes antes de la ceremonia de juramento del ex presidente. Los enfrentamientos con la policía fueron escalando mientras, adentro de la casa de gobierno, Rousseff defendía a Lula llamándolo “un gran amigo de luchas y de conquistas”.
“Para superar la crisis, no puedo ni quiero prescindir de nadie”, aseguró la mandataria.
Roussef atacó también al juez Moro, diciendo que las “grabaciones ilegales no favorecen la democracia del país”. En medio de la ceremonia, el diputado Major Olímpio fue retirado de la sala por las fuerzas policiales tras gritar varias veces “vergüenza, eso es una vergüenza”. Los presentes respondieron con gritos de apoyo a Lula y llamando a Olímpio “golpista”.
Crimen de responsabilidad
Pero la permanencia de Lula en el gobierno duró poco: sólo 40 minutos. Un juez federal en Brasilia emitió una medida cautelar para suspender el nombramiento, con el argumento de que perjudicaba “el libre ejercicio del poder judicial”.
Para el magistrado Itagiba Catta Preta, la situación es “compleja y también grave”, porque puede configurar un crimen de responsabilidad por parte de la presidenta Rousseff. Según el juez, la mandataria quería usar el cargo con el único propósito de transferir la oficina responsable por conducir las acusaciones contra Lula, desde el juez Sérgio Moro, en Curitiba, hacia el Supremo Tribunal Federal (STF), cuyos miembros han sido nombrados mayoritariamente por Lula y Rousseff.
El nombramiento “implica una intervención directa, por parte de la excelentísima señora presidenta de la República, en órganos del Poder Judicial”, argumentó el juez. “El acto obstruye o está destinado a obstruir el libre ejercicio del Poder Judicial”, agregó.
La Abogacía General de la Unión recurrió a la decisión para mantener al ex presidente en el puesto. Pero de forma paralela el STF recibió ayer diez acciones que piden que el tribunal le impida a Lula asumir cargos en el gobierno de Rousseff. Las peticiones fueron presentados por partidos, como el PSDB, PSB e PPS, y por ciudadanos. Los casos fueron asignados a tres ministros, los que no tienen plazo para tomar una decisión.
Según analistas, la llegada y salida de Lula del gobierno terminó por catapultar la suerte de Rousseff. “Su nombramiento fue tan importante como el resultado de una elección presidencial en Brasil”, dijo Gabriel Petrus, analista de la consultora Barral M Jorge Associates, a Financial Times. “Dilma le puso fin efectivamente su mandato”.
Avanza la impugnación
Por la tarde, Rousseff recibió otro revés, ahora en el Congreso. La Cámara de Diputados aprobó por 433 votos a 1 la lista de miembros de la comisión que va a analizar el pedido de impugnación de la presidenta (ver infografía).
Este proceso se origina en las irregularidades contables en las que incurrió el gobierno para cuadrar el presupuesto, lo que se conoce como “pedaladas”.
De acuerdo con un levantamiento realizado por el medio local Valor Económico con parlamentarios, líderes y asesores, la oposición ya cuenta prácticamente con una mayoría simple en la comisión.
De los 65 integrantes electos, al menos 32 ya se manifestaron a favor de la destitución de la presidenta. Este número podría subir, ya que hay varios parlamentarios de partidos minoritarios que están repensando su postura de apoyo al gobierno.
En un proceso paralelo, el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Antonio Dias Toffoli, decidió ayer unificar las cuatro acciones en las que el partido opositor PSDB pide una casación del mandato de la presidenta Dilma Rousseff y del vicepresidente Michel Temer. Con esto, las acciones se tramitarán de forma más rápida.
Pero eso no fue todo. El PMDB, el socio del Partido de los Trabajadores (PT) que el fin de semana se había dado 30 días para decidir si seguía en la coalición gobernante, anunció ayer que adelantará su decisión al 29 de marzo.
La posibilidad cada vez más cercana de que Rousseff no termine su mandato causó optimismo entre los inversionistas. El índice bursátil Bovespa se disparó ayer 6,6%, su mayor alza desde enero de 2009, para cerrar en su nivel más alto desde julio de 2015.
Las escuchas telefónicas
La frase que desató la polémica
"Te estoy enviando a (funcionario) Messias con un documento para que lo tengas y lo uses sólo en caso necesario. Es el acta de asunción", dijo la presidenta.
Presiones al juez Sérgio Moro
"Él tiene que estar preocupado, es un h... de p... de esos cualquiera que hablan m..., tiene que dormir sabiendo que al día siguiente va a tener a diez oficiales en su casa a saco (...) una representación en el Supremo Tribunal Federal, no va a tener nada".
Interferir en investigación en su contra
"Era preciso que usted llamara al responsable y le dijera 'Qué c... es esto?", le dijo Lula al ministro de Hacienda, Nelson Barbosa, para presionar a los investigadores.
La frase sobre el sistema político
"Tenemos una Suprema Corte totalmente acobardada, un Tribunal Superior de Justicia totalmente acobardado, un presidente de la Cámara de Diputados j..., un presidente del Senado j...", dijo Lula.
Empresarios le piden a la presidenta que renuncie "por el bien de todos"
La posición del empresariado brasileño es clara: quieren que Dilma Rousseff salga del gobierno, ya sea que renuncie o a través de una impugnación.
"Presidenta Dilma, su pasado de luchas, sus convicciones y su amor por Brasil serán engrandecidos por esa actitud de desprendimiento y de consideración por el pueblo brasileño", escribieron en un comunicado conjunto la Federación de las Asociaciones Comerciales del Estado de Sao Paulo (Facesp) y la Asociación Comercial de Sao Paulo (ACSP). "Por el bien de todos, renuncie ahora, evitando un proceso de impugnación que va a prolongar las dificultades del país", argumentaron.
Las federaciones de industrias de los estados de Sao Paulo (Fiesp), Río de Janeiro (Firjan), Espírito Santo (Findes), Paraná (Fiep) y Pará (Fiepa) realizaron una videoconferencia y pidieron a los parlamentarios que voten a favor de la impugnación en el Congreso.
En Río de Janeiro, el presidente de Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, anunció que los empresarios de cada estado van a buscar a los parlamentarios locales para "mostrarles la obligación que tienen de votar para que en Brasil cambie el presidente de la República lo más rápido posible".
En Sao Paulo, la Fiesp distribuyó ayer almuerzos gratuitos a los manifestantes a favor del juicio político que pasaron la noche en la Avenida Paulista, la calle más importante de la ciudad, ofreciéndoles filé mignon, pastas, torta, puré y arroz.
La noche del miércoles, cuando se difundieron las escuchas telefónicas entre Rousseff y el ex presidente Lula, la pantalla luminosa en la parte frontal del edificio de la federación se encendió con la leyenda: "renuncia ahora".
Por su parte, la Confederación Nacional de la Industria (CNI) emitió un comunicado diciendo que la política nacional se transformó en un "espectáculo deprimente", que los empresarios están "perplejos" y que es necesario "restablecer la gobernabilidad".
"El sector empresarial espera que las instituciones brasileñas, principalmente el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal, con apoyo y participación de la sociedad, consigan encontrar, con urgencia, soluciones para sacar al país de la crisis política y económica", escribió su presidente, Robson Braga de Andrade.
Los empresarios temen que el agravamiento de la crisis política empeore aún más la recesión que enfrenta Brasil, la peor desde los años '30.
Pedro Passos, presidente del directorio de Natura Cosméticos, afirmó que la crisis moral ya está instalada. Sin una recomposición política, lo que pasa por la renuncia de Rousseff, el país está en camino de una depresión económica, advirtió al medio local Valor Económico.
La noche del martes, en un seminario en la Universidad de Sao Paulo, el presidente de Itaú Unibanco, Roberto Setubal, dijo que no cree que el gobierno actual sea capaz de hacer reformas que Brasil necesita para volver a crecer.
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