Un aumento en la conflictividad en el sector eléctrico desde el punto de vista legal regulatorio (no contractual) reconocen expertos, siendo una expresión de ello principalmente la estadística que se puede recoger en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). “Como asesores legales de empresas de la industria de la energía y en particular del sector eléctrico, percibimos un aumento en la conflictividad desde el punto de vista legal. Esto se ha dado tanto en el TDLC como ante el Panel de Expertos de la Ley Eléctrica, con un aumento en el número de casos, y en la complejidad de las discusiones”, reconoció la directora de Regulación y Competencia en Prieto, Andrea Von Chrismar.
La abogada aseguró que la tendencia al aumento de los casos y de las disputas es mucho más clara tratándose del TDLC. Si bien no hay un crecimiento de casos no contenciosos, hay un alza en el número de casos contenciosos referidos al mercado eléctrico si se compara 2020 con 2024, creciendo a más del doble en solo cuatro años (pasando de tres a ocho).
“El aumento de números de empresas y de tecnologías disponibles, genera una mayor contraposición de intereses y una regulación más compleja”, señalaron desde Energía.
Algo que llama la atención es el paso a casos contenciosos, en que los demandantes o la requirente busca que el TDLC condene a un determinado agente económico por incurrir en conductas anticompetitivas. Ahí destacan dos. En diciembre de 2021 se inició una demanda de Eléctrica Puntilla e Hidromaule en contra de la CNE respecto a la aplicación de la condición de inflexibilidad en la norma técnica de GNL, generando una intensa disputa. Y, en diciembre de 2022, una demanda de Ferrovial Power Infraestructure Chile SpA contra el Coordinador Eléctrico por la adjudicación de un grupo de obras de transmisión en el marco de un proceso de licitación.
Von Chrismar detalló que antes, si bien había existido casos ante el TDLC referidos a actuaciones de la CNE y/o del Coordinador, estuvieron acotados al ámbito de los procedimientos no contenciosos o de consultas. Este es el caso de la consulta de Hidromaule y otras sobre la “condición de inflexibilidad” contenida en la norma técnica para la programación y coordinación de la operación de unidades que utilicen GNL regasificado (que fue la antesala en la pugna por el “gas inflexible”) y la consulta de Parque Solar Fotovoltaico Luz del Norte SpA sobre el Informe de Servicios Complementarios 2020 emitido por el Coordinador. Sin embargo, advirtió, “ahora se les imputan infracciones, lo que hace que esos dos casos sean novedosos”.
En el Panel de Expertos, instancia que dirime conflictos del sector, se ve un crecimiento en el número de discrepancias ingresadas al menos desde 2020, siendo el punto más álgido en 2023 cuando llegaron a 70 frente a las 42 presentadas en 2022.
El presidente del Panel de Expertos, Guillermo Pérez del Río, reconoció que se constata que en los últimos años, particularmente en 2023, hubo un incremento significativo. No obstante, precisa que el aumento de discrepancias en un año puede deberse, en parte, a procesos tarifarios cuatrienales, como el VAD, el VNR, que coincidieron el año pasado y que involucraron a más de una empresa a la vez. Además, dice, la implementación del nuevo Sistema de Tramitación de Discrepancias Electrónico trae consigo un mecanismo de contabilización que no permite comparar en un sentido estricto con años anteriores.
“Con todo, es esperable que el número de discrepancias vaya en aumento, toda vez que la cantidad de actores en el sector se ha incrementado en casi todos los segmentos del mercado eléctrico, muchos de los cuales han incorporado nuevas tecnologías. En este contexto, se han evidenciado nuevos desafíos y problemas, cuyas soluciones no siempre concitan el acuerdo de las partes, lo que eventualmente puede derivar en discrepancias”, aseguró. Añadió que debe tenerse presente que la normativa ha ido ampliando la competencia del Panel hacia otros procesos y temáticas, incluyendo, por ejemplo, procesos regulados asociados al mercado del gas.
Rodrigo Castillo, socio de Táctica Abogados Consultores, coincidió en que “existe un aumento palpable en la conflictividad en el sector eléctrico”, evidenciado no solo por estadísticas del TDLC y el Panel de Expertos, sino también por el cambio en la naturaleza y complejidad de las interacciones entre los distintos actores del mercado. “Este incremento se puede atribuir a una serie de factores, que incluyen cambios normativos y en las dinámicas de mercado que, a su vez, han generado distintos flujos económicos entre los participantes”, señaló.
Efectos o medidas
Aunque no advierte que sea una materia de preocupación, Daniel Salazar, socio director de energiE, indicó que el mercado eléctrico se está transformando rápidamente y se están tomando decisiones en forma mucho más ágil, “todo lo cual no ha podido ser seguido al mismo ritmo por las normas y regulaciones”. “Resultado de lo anterior es que se producen vacíos y zonas grises que son caldo de cultivo de controversias”, dijo.
Sobre si esto obliga a tomar medidas, Von Chrismar afirmó: “La existencia de más casos contenciosos en materia eléctrica en el TDLC se traducirá en que entidades como el Coordinador o la CNE tomen cada vez más en cuenta aspectos de libre competencia en sus actuaciones. Para ellos, ahora el riesgo de que sus actuaciones puedan ser posteriormente cuestionadas por actores de la industria ante el TDLC es real”.
Castillo sostuvo que “se requiere un esfuerzo conjunto para concordar regulaciones que respondan oportunamente a los nuevos desafíos”.
Carlos Claussen, abogado, socio de Claussen y Velasco Abogados, sostiene que "sin duda el aumento de conflictos en el sector eléctrico obliga a generar un análisis crítico entre la Administración del Estado (Ministerio de Energía, CNE y SEC) y los particulares, todo respecto a las causas que originan los conflictos. La intransigencia en un sector regulado y en constante evolución no es opción para obtener una sana inversión, seguridad jurídica, eficiencia y efectividad".
Desde el Ministerio de Energía reconocieron que hay un aumento en el número de litigios. Esto, porque el Panel tiene más competencias en materias como gas natural y otras, y que debido a disposiciones de orden interno agrupa menos las controversias y las resuelve de manera separada. “Sin perjuicio de eso, el aumento de números de empresas y de tecnologías disponibles, genera una mayor contraposición de intereses y una regulación más compleja. Muchas veces la intensidad competitiva del mercado genera más litigios y obviamente vamos a seguir monitoreando esta situación”, explicaron.
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