Acera, Acesol y GPM escalan al Congreso su rechazo a propuesta del Gobierno de restringir ingresos de pequeños generadores para ampliar subsidio eléctrico

La propuesta que sinceró el lunes el Gobierno en la mesa técnica respecto a que los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) se sumen al esfuerzo de recaudación para ampliar la cobertura del subsidio eléctrico, sigue elevando la tensión. Luego que en dicha sesión se hiciera presente la oposición a la idea por parte de la Asociación Chilena de Energía Solar (Acesol) y la Asociación de Pequeños y Medianos Generadores (GPM), este miércoles estos actores -junto a la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera)- elevaron la preocupación al Congreso, enviando una carta a la comisión de Minería y Energía del Senado. 

En la misiva, a la que tuvo acceso DF, los gremios manifiestan su "profunda preocupación y oposición" a la reciente propuesta del Ministerio de Energía de reducir los ingresos de la generación distribuida con el propósito de recaudar fondos para la ampliación del subsidio eléctrico. Y, en concreto, hacen un llamado al Gobierno a reconsiderar esta idea y a buscar soluciones que no impliquen intervenciones artificiales en el mercado. 

"Es fundamental mantener un marco regulatorio estable y predecible que fomente la inversión y el desarrollo sostenible del sector energético en Chile", dijeron los gremios. Y sentenciaron: "Instamos a las autoridades a ampliar el espectro de soluciones viables que no pongan en riesgo la estabilidad de la industria de energías renovables y como consecuencia buscar preservar la creciente competitividad en el sector para beneficio de la familia chilena".

Aumento del precio de la energía

En el documento, exponen los motivos que justificarían la oposición. Aseguran que "la propuesta del Ejecutivo altera significativamente el esquema de remuneración de los PMGD quitando, mediante un mecanismo arbitrario, ingresos a proyectos con inversiones ya realizadas". Si bien dicen que las asociaciones firmantes valoran las discusiones tenidas en el marco de la mesa técnica, plantean que es importante destacar que esta medida en particular podría tener consecuencias graves para la economía del país.

Y, aunque comparten la preocupación por el alzas en las tarifas eléctricas, afirman que en un sistema tan complejo como el eléctrico, las intervenciones artificiales pueden generar más problemas que soluciones: "Es crucial buscar alternativas que no comprometan la estabilidad del mercado, la competitividad del país, la confianza de los inversionistas y financistas, y finalmente, lo más importante, el precio de la energía en el largo plazo, ya que, si bien el subsidio es un alivio en el corto plazo, el mayor riesgo país traerá consigo un inevitable aumento del precio de la energía".

Siguiendo el debate por el alzas en las cuentas de la luz, aclaran que el aumento de las tarifas eléctricas es el resultado de una medida coyuntural de congelamiento de tarifas impulsada por el Estado, por lo que -dicen- "su solución no debe basarse en la reasignación de recursos entre los agentes del sector eléctrico, sino que focalizar y financiar el subsidio a las familias más vulnerables con los recursos que el Estado dispone".

Y advierten: "Alterar nuevamente, y en un plazo tan corto, el esquema de remuneración de los PMGD, que ha permitido inversiones significativas en beneficio del país en puestos de trabajo, mejorando la calidad de servicio en su entorno y facilitando la transición energética, enviará una señal negativa a los inversionistas y financistas nacionales e internacionales, cuyo rol es imprescindible para entregar energía más limpia y barata a las familias de Chile".

Asimismo, los gremios aseguran que "la intervención artificial en los precios de los contratos de suministro eléctrico adjudicados en licitaciones públicas ha generado incertidumbre y desconfianza entre quienes financian el desarrollo de proyectos energéticos en Chile, ya que afecta significativamente la gran característica distintiva que diferencia a Chile, la estabilidad jurídica y regulatoria".

Y añaden que "esta nueva medida agravará la percepción de riesgo regulatorio, alejando o encareciendo futuras inversiones y financiamiento en el sector energético, con el consecuente aumento del precio de la energía. Una intervención discrecional de precios por parte del Estado sienta un grave precedente distorsionando el mercado, generando graves consecuencias, tal como las que originaron los mecanismos de estabilización anteriores".

La carta, firmada por el presidente de Acera, Sergio del Campo; el director ejecutivo de Acesol, Darío Morales; y el director ejecutivo de GPM, Matías Cox, es enfática: "La medida será el golpe de gracia para muchos desarrolladores de proyectos de generación distribuida, a sus bancos financistas, a la industria asociada y más importante aún, para las familias cuyas fuentes laborales dependen de ellos".