¿Cambios a la regulación de la industria forestal? Las propuestas de la comisión investigadora de los incendios en 2017

“El país requiere de la formulación de una nueva política forestal”. Si bien esta es una afirmación muy escuchada en sectores del Gobierno por estos días, no es nueva. Es más, fue una de las principales propuestas de la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados que en el año 2017 analizó lo ocurrido con los mega incendios que afectaron a la zona centro y sur del país.  

El grupo de diputados en 2017 investigó y conoció los testimonios de distintos actores públicos y privados sobre lo sucedido. En su informe de 121 páginas se propone, entre otros aspectos, que la nueva política forestal “debe partir respetando la opinión del mundo rural y la necesaria preservación del bosque nativo, y desde allí elaborar una suerte de plan maestro de explotación forestal que conviva de manera virtuosa con el resto de las actividades productivas y los asentamientos urbanos y rurales”.

Agrega que “permitir el crecimiento inorgánico de grandes extensiones del territorio nacional plantado de especies de interés de las forestales ya no es posible. Coincidimos con fuerte convicción con quienes observan la necesidad de limitar las áreas plantadas, y de circunscribirlas a extensiones acotadas que permitan su adecuado manejo en condiciones de seguridad”.   

La comisión también constató la magnitud del daño a nivel de la industria forestal al señalar que  en términos de vegetación, durante el mega incendio, entre el 18 de enero y el 5 de febrero de 2017, la superficie afectada en las regiones de O’Higgins, del Maule y Biobío fue de 280.500 hectáreas de plantaciones, 77.000 hectáreas de bosque nativo, 76.000 hectáreas de praderas y matorrales, 31.000 hectáreas de terrenos agrícolas y 108 1.700 correspondientes a otro tipo de terrenos. En total, fueron afectadas casi 500.000 hectáreas.  

Y señalan en su informe que “se concluye que un fenómeno que podría sumarse al conjunto de variables que intensifican los megaincendios es la situación estructural de las plantaciones forestales en el país, caracterizadas por extensas superficies continuas de Pinus radiata y especies del género Eucaliptus, que están generalmente constituidas por masas jóvenes, homogéneas y con muy poco o nulo manejo u ordenamiento silvicultural preventivo, condición que posibilita un aumento de combustibilidad. De ahí que se desprende que los recientes incendios se vieron incrementados en su propagación por la expansión desordenada de usos urbanos en el medio rural y de una ineficaz ordenación territorial”.

Quien fuera presidente de la comisión, el exdiputado Celso Morales (UDI), sostiene que a raíz de los actuales incendios “son pertinentes las conclusiones a las que arribamos en 2017, esta discusión ya se había dado y ahí sugeríamos algunos comportamientos que tenían que tener las empresas del mundo forestal y también las autoridades de servicios públicos como Vivienda y  la Superintendencia de Electricidad”.

Como conclusión afirma que “lo que falta es fiscalización, eso es lo central, no creo que haya que empezar a hacer nuevas mesas para trabajar, lo que se debe hacer es poner en práctica esas conclusiones”.

El hoy subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), integró la comisión investigadora en 2017 y comparte que “la fiscalización es una tarea indispensable” y adelanta que “la fortaleza que tenga el Estado en materia de fiscalización será también una de las materias que se van a revisar” en la mesa que instalará el Ejecutivo con las forestales.

Agrega que la mayor crisis en materia de eventos extremos se vivió en 2017 “allí hubo una serie de recomendaciones que estaban orientadas fundamentalmente a tareas preventivas y si uno mira lo que ocurrió ahora se vuelve a cuestionar, por ejemplo, la cercanía de las plantaciones a sectores poblados o si uno mira la cantidad de establecimientos educacionales afectados uno diría que la recomendación de tener medidas preventivas en torno a lo que podría denominarse infraestructura crítica también es un aprendizaje del año 2017”.

Sostiene que “también la planificación del desarrollo habitacional y urbano tiene que tener en cuenta la eventualidad de un evento extremo de incendio, todos esos aprendizajes serán necesarios y considerados en el dialogo al que ha convocado el Presidente”.