¿Fomento o desincentivo? La discusión detrás del artículo 9 del Ministerio de Ciencia y Tecnología

Hace unas semanas una comisión mixta del Parlamento aprobó el proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, dando el “puntapié” oficial a una controversia en el ecosistema. El motivo fue claro y transversal: las indicaciones que se hicieron al artículo 9 de la ley, que pasa de la administración de Conicyt a la nueva cartera.

El principal cambio a este artículo dicta que si la institución o persona a la que se le asignaron recursos estatales para desarrollar la investigación patentada, logra comercializar su derecho de propiedad industrial, deberá restituir el 100% de los fondos asignados y una suma adicional equivalente al 5% de los ingresos de la comercialización del derecho de propiedad industrial, dentro de los plazos y condiciones que determine el reglamento.

Un cambio que desde la vereda científica y legal representa un desincentivo a la transferencia tecnológica y se contrapone a medidas estatales pro innovación.

“En los últimos 10 años el Estado ha generado políticas públicas para incentivar a los privados que lleven la actividad de innovación y transferencia tecnológica. Ahora, ¿qué empresa va a querer contratar con una universidad, licenciar una tecnología, si sabe que el Estado tiene exactamente la misma patente? Es un desincentivo muy grande”, comenta Felipe Burgos, socio y partner de Andes IP, quien fue seleccionado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) como autor de un informe sobre transferencia de tecnología en el país. A ello agrega que en ciencia sería muy difícil detectar qué financiamiento devolver, considerando que una investigación que llega al mercado utiliza más de un fondo. “La investigación no es lineal”, dice.

Propuestas de solución

En un Meet Up sobre esta controversia, realizado en el Centro de Innovación UC Anacleto Angelini, el director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (Inapi), Maximiliano Santa Cruz, destacó que una opción es la futura Ley de Transferencia Tecnológica, que busca evitar que se financie lo que ya existe a nivel de patentes, así como también exigir a que las entidades beneficiarias generen una estructura de propiedad intelectual. El ejecutivo también aclara que si bien esto iría dirigido a Fondecyt, de a poco comenzará a incluir nuevos fondos. “Confío en que la Ley de Transferencia Tecnológica va a ser discutida y va a ordenar y hacer más eficiente el ecosistema de I+D+i, que pueda evitar duplicaciones y hacer más eficiente ese 0,39% del PIB que estamos invirtiendo”, espera.

Similar opinión tiene Virginia Garretón, directora de la Iniciativa Milenio, quien cree que la mejor solución y la única que ve de manera concreta es la propuesta por Santa Cruz. “La Ley de Transferencia Tecnológica lo que pretende, de alguna manera, es que el Estado pueda regular que lo que invierte en conocimiento termine siendo útil o en alguna parte que sirva, pero no es sólo eso, sino que también pueda regular que el conocimiento que hoy pagas por obtener, quede disponible para todos los ciudadanos que lo pagan, que es lo que debería pasar”, afirma.

Respecto a los plazos, la investigadora asegura que los timings son menos acelerados de lo que cree. “Si se piensa que hay que nombrar ministro, subsecretario, discutir el presupuesto para el próximo año, empezar a operar, y que tienes que tener una estrategia de ciencia y tecnología, una política y un plan de acción, todo eso va a demorar un año más, o sea tenemos que prepararnos para cuando ya tengamos que hacer cosas súper concretas, que no sean continuidad de lo que ya estamos haciendo, y en eso tenemos una ventana de tiempo para aprobar la Ley de Transferencia Tecnológica, que va a tener que discutirse a la vez que se prepara la estrategia. Es un timing perfecto”, asegura.

Cristian Hernández-Cuevas, director de negocios de la Fundación Ciencia y Vida, en cambio, cree que los plazos deben ser menores.

“Si decidimos hoy que este tipo de herramientas, incentivos o desincentivos, se aplican de aquí en adelante, las consecuencias se verán dentro de cinco o diez años. No te puedes bancar un experimento tan largo, siendo que ya desde antes debes prever que esto va a ser dañino, y va a ser difícil corregirlas”, comenta. Su propuesta para destrabar la disputa del artículo, apunta a evitar ponerle pago de royalties y que se evalúe con mucho cuidado de la devolución del dinero adjudicado.

“Cuando uno empieza a pensar en un bien superior, del Estado, cuando uno invierte, se generan las externalidades positivas que a la larga impactan mucho más, pero de manera que no puedes predecir en el momento que partiste”, concluye.

En la misma línea,  la directora de Incubatec UFRO, Claudina Uribe, destaca que "si limitamos la transferencia porque el Estado exige tener derechos sobre esa propiedad intelectual, se mata cualquier posibilidad de que un emprendimiento tecnológico sea capaz de desarrollarse, pues generaría un desincentivo importante en el traspaso tecnológico que hoy se realiza hacia las empresas, que son quienes finalmente invierten, escalan y generan la adopción de estas tecnologías en la sociedad".

Para la ejecutiva, el desafío como universidad estatal de excelencia es abrir el conocimiento y ponerlo a disposición de la sociedad, facilitar los procesos, pero eso no se logra por la vía de la administración estatal de las patentes.