La batalla judicial entre la banca y los operadores de criptomonedas locales continúa y ahora el escenario es la tercera sala de la Corte Suprema. Luego que la cuarta sala de la Corte de Apelaciones fallara en contra de BancoEstado, acogiendo la tesis de Orionx -exchange que comercializa criptomonedas-, la semana pasada la compañía estatal apeló ante el máximo tribunal del país.
La Corte de Apelaciones había decidido acoger la acción de protección de la exchange y ordenaron a BancoEstado a proceder la reapertura de la cuenta bancaria que la firma cerró previamente, acusando "los graves riesgos involucrados" que conllevan las actividades relacionadas a criptomonedas.
Según el tribunal de alzada, lo obrado por BancoEstado configuró una "acción arbitraria e ilegal".
En el escrito presentado por BancoEstado a la Suprema, la entidad alega que la decisión del cierre de la cuenta bancaria consistió "en una actuación general del sistema financiero".
La compañía presidida por Arturo Tagle explica que "es precisamente en marzo cuando el sistema financiero comienza a tomar fundada posición respecto a los graves riesgos involucrados en la actividad que desarrollan" los exchanges.
Uno de los argumentos usados por los operadores de criptomonedas es que no existe una norma que prohíba su existencia. Ante ello, el banco estatal acusa que buscan "asimilar su situación a la de cualquier pyme no regulada".
BancoEstado esgrimió en su apelación que "los beneficios de las criptomonedas en materia de rapidez y eficiencia también pueden ser herramientas útiles para fines ilícitos, como el lavado de dinero, el narcotráfico, la evasión de impuestos y el financiamiento al terrorismo".
Así, BancoEstado consideró que "nos encontramos con que la actividad y operación de los exchange de criptomonedas, constituye una actividad financiera no regulada en que la titularidad y origen de los recursos que administran son de carácter anónimo para nuestra institución".
Este hecho significaría, según BancoEstado, estar en una posición de impedimento de cumplir con la legislación vigente.
La defensa de Orionx
A la apelación de BancoEstado en la Suprema, el abogado de Orionx, Pablo Tromben, solicitó los alegatos correspondientes a la causa.
En el escrito estima que "no existe una norma legal que obligue al banco a responder la trazabilidad de los recursos, ni de prevenir el lavado de activos, función que le corresponde, precisamente por ley, a la Unidad de Análisis Financiero".
Se espera que en los próximos días la Corte Suprema anuncie cuándo se procederán a realizar los alegatos.
Una vez que estos se realicen y que la Suprema dicte sentencia, el máximo tribunal del país dejaría jurisprudencia respecto a la materia, la cual podría usarse en el litigio que se desarrolla en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Mientras, la Corte de Apelaciones de Santiago dio a conocer la semana pasada el último fallo que faltaba: Buda.com versus Itaú.
En este caso, el tribunal de alzada rechazó la acción de protección ejercido por el exchange.
Una de las razones que aparece en la sentencia es que la Corte de Apelaciones no sería la instancia judicial para resolver materias para "declarar la nulidad de una cláusula contractual", sino que el recurso de protección "debe basar tal acción en actos u omisiones ilegales o arbitrarios que perturben derechos indubitados".
Proyecto de Ley de bancos se votaría la próxima semana y pasaría a Sala del Senado
Todo pareciera ir viento en popa para el proyecto de ley que pretende modernizar y entregarle mayor fortaleza a la legislación bancaria de nuestro país. Esto, porque luego de la reunión que mantuvo ayer el ministro de Hacienda, Felipe Larraín con los integrantes de la comisión de Hacienda del Senado, la autoridad anunció que la iniciativa podría votarse la próxima semana en la instancia y así pasaría a la Sala del Senado.
Los parlamentarios y el ministro de Hacienda debatieron por cerca de una hora y media, y sugirieron la idea de votar el próximo martes.
"Este proyecto es fundamental para Chile, pues nos tenemos que poner al día con lo que han transitado otros países en estas materias", sostuvo el titular de Hacienda.
Rol de la UAF
Sobre la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el ministro advirtió que hoy no funciona adecuadamente la supervisión preventiva contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ya que la Superintendencia de Bancos (Sbif) revisa la existencia de los controles aplicados por los bancos a sus clientes, pero no la efectividad de estos. A esto se suma que si la Sbif detecta alguna irregularidad, interpreta que no está facultada para compartir información sujeta a reserva bancaria con la UAF.
Para resolver este punto, la propuesta plantea facultar a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para que pueda compartir información sujeta a reserva bancaria con la UAF cuando la CMF detecte alguna irregularidad en los controles aplicados por los bancos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La propuesta realizada por el jefe de las finanzas públicas apunta a cumplir con los requerimientos internacionales, omitiendo la notificación al cliente en los casos en que la información se necesite con urgencia o que la notificación al titular pudiese dañar el curso de la investigación.
Tras el encuentro, el presidente de la Comisión, el senador Juan Pablo Letelier (PS), destacó que "se ha buscado un término medio, entre lo que existe hoy, que todo pasa por los tribunales, notificando al titular de la cuenta, con una solución intermedia para lo que son las operaciones de lavado, donde se le da esa atribución a la CMF y que puede ser una buena solución".
"Para construir este acuerdo necesitamos que haya un espacio adecuado para evitar un tercer trámite en este proyecto y no terminar en comisión mixta", remarcó.
Por último, Letelier criticó el actuar de las instituciones financieras, señalando que podrían haber manejado las situaciones que ocurrieron en los últimos días de mejor forma. "El ritmo de la transformación de la tecnología es tal que necesitamos que los privados se hagan cargo de su responsabilidad porque es su riesgo, es un riesgo de los privados. Creo que se podrían haber manejado un poco mejor".
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