7 proyectos en el Congreso que preocupan a la banca

Uno de los temas que ha estado en la palestra por estos días en el sector financiero es la moción parlamentaria impulsada por el senador Manuel José Ossandón y los exsenadores Eugenio Tuma y Lily Pérez que busca limitar la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con plásticos extraviados, hurtados o robados.

Además de esa iniciativa, solo en la comisión de Economía de la Cámara Baja existen otros seis proyectos de ley que apuntan a otorgar mayores derechos a los clientes del sistema financiero. Algunos de ellos generan incomodidad en el sector, aseguran algunos ejecutivos.

Uno de ellos tiene como fin exigir como obligatorio la existencia de sellos del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en contratos de servicios y productos financieros.

Los autores de la moción apuntan a que si bien el marco legal permite que las compañías financieras puedan contar con sellos del Sernac, que asegure que el contrato está de acuerdo a la ley y sin cláusulas abusivas, es algo meramente facultativo desde 2011.

Según los creadores de la iniciativa, el hecho de que sea obligatorio que los contratos de adhesión del sistema financiero cuenten con un sello Sernac, facilitaría a una mayor comprensión de estos instrumentos al tener la venía del organismo fiscalizador.

Existe otro proyecto que establece como competencia desleal el hecho de condicionar el precio o descuento de un producto al pago mediante un instrumento financiero específico.

Los parlamentarios que formularon la moción acusaron en el Congreso que “las casas comerciales están manipulando el precio de mercado de sus productos relacionándolos directamente con las tarjetas de crédito emitidas por las mismas instituciones comerciales”.

El resguardo de la información sobre deudas contraídas para financiar la educación superior es otro ámbito que pretende ser regulado. De acuerdo a una moción que está en esta instancia, se busca prohibir que los responsables de los registros o bancos de datos personales proporcionen dicha información.

Formas de pagar

La modificación de las condiciones para proceder a la cobranza de créditos también ha sido objeto de una moción legislativa. Este proyecto tiene como próposito cinco cambios. Primero, establecer un plazo mínimo de tres meses para hacer efectiva la cláusula de aceleración o al menos después de tres cuotas vencidas. Que los intereses que se apliquen en deudas por mora sean los mismos establecidos en el contrato. En tercer lugar que aquel consumidor que pague un 25% de la deuda, pueda paralizar la cláusula de aceleración de forma inmediata. También prohibir expresamente las cláusulas que obligan al deudor a pagar todos los intereses que genere el capital prestado hasta el día del vencimiento de la última cuota, permitiendo solamente, el cobro de intereses que se ganan o devengan día a día y no hasta el final. Y que en los procesos de repactación de deuda o reprogramación, se prohíba expresamente aplicar intereses superiores a los pactados en el contrato original.

Existe otra iniciativa legal que apunta a que los notarios a la hora actuar como ministro de fe cuando se firma un contrato de un crédito hipotecario certifiquen el conocimiento de aquellas cláusulas más relevantes del contrato. Como, la modalidad del crédito hipotecario; la tasa de interés y la consecuencia de que sea fija, variable o mixta; conocimiento sobre la carga anual equivalente; derechos y obligaciones; consecuencias del retardo del pago; del alza de la hipoteca y los costos de la misma.

Ciberseguridad

A comienzos de año, la comisión de Economía de la Cámara Baja acordó refundir tres mociones relacionadas sobre responsabilidades de las entidades financieras cuando sus clientes se vean perjudicados por ataques informáticos contra las compañías.

Los proyectos apuntaban a exigir mayores medidas para resguardar a los usuarios ante ciberataques, ya sea desde que las entidades se hagan cargo, hasta declarar nulos los contratos de seguros por estos eventos.