En un contexto marcado por los altos precios de los alimentos y la vuelta a la presencialidad en los colegios tras dos años de intermitencia, la socioeconomista Camila Rubio tomó el mando de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).
Como ella misma admite tras poco más de un mes en el cargo, asume como directora nacional de la institución “con los conflictos encima”. Dentro de los 42 programas que tiene el servicio, muchos procesos quedaron desfasados con la pandemia, por lo que una de sus prioridades es poder estar completamente al día en 2023.
“La evaluación de la estructura alimentaria está en un proceso de evaluación, porque si hay productos escaseando o con un precio muy significativo, veremos cómo lo vamos a ir adaptando”.
En cuanto al emblemático Programa de Alimentación Escolar (PAE), se ha vuelto a entregar la comida de manera convencional, que había sido reemplazada por cajas de mercadería. “A esto se suma el estrés de los precios que hay en torno a la alimentación, lo que ha generado que la entrega no esté necesariamente realizándose de forma homogénea en todos los lugares”, afirma Rubio.
Por eso, dice, hay que abordar el PAE con una mirada distinta. “Lo que nosotros tenemos que garantizar es la sostenibilidad del programa, porque no podemos tener riesgos operativos”, sostiene. Agrega que hay una relación que trabajar con el sector privado “y no en el sentido de que existan deficiencias, sino que enfrentamos un escenario distinto, con una inflación sumamente alta y escasez de algunos alimentos”.
La directora cuenta que al asumir se reunió con las empresas del programa para analizar las acciones que se podían llevar a cabo para atender la situación. Este año, los concesionarios habían declarado estar al borde del colapso por sus problemas económicos. De acuerdo a la plataforma de la Ley de Lobby, una de las compañías incluso afirmó estar en su peor momento en 41 años.
Rubio destaca que una de las medidas que han tomado es acelerar los flujos de pago de las deudas que Junaeb tiene con las empresas proveedoras, para que “tampoco tengan un riesgo operativo y nos puedan dar las respuestas oportunas que necesitamos (…) Hay una situación económica que se escapa a ambas partes, pero en el diálogo que hemos tenido, creo que se han valorado las acciones”.
Aceptabilidad como clave
Las bases del PAE contemplan que a las empresas se les pague por ración servida, factor que ve como un incentivo extra para mejorar la aceptabilidad de los menús por parte de los estudiantes.
“Con aceptabilidad los niños comen, aseguramos la ingesta nutricional que buscamos y a las empresas también les sirve. Llegamos de forma real a más niños y niñas y colegios”, argumenta.
Dice que se ha dedicado a visitar escuelas en terreno, donde le ha tomado el pulso al funcionamiento del programa y donde ha podido observar con detención los reparos que hay contra el programa. Para ejemplificar, usa el caso del desayuno. “Después de estar dos años en sus casas llegan al colegio y la minuta era poco aceptada. A veces era un huevo duro con leche, por ejemplo, que tenía cero aceptabilidad. Hoy estamos incorporando pan al desayuno, que también es una respuesta a nuestras características culturales “, comenta.
Nuevas licitaciones
Rubio es consciente de las externalidades que puede generar el PAE. “De forma directa o indirecta nosotros generamos un desarrollo agroalimentario, porque si bien tenemos un contrato con los proveedores, podemos sumar o no productos, que tienen que ver con la realidad de la agroindustria”, explica.
Por eso, su objetivo es armar una política de alimentación escolar que involucre desde las manipuladoras de alimentos al Ministerio de Agricultura.
“La evaluación de la misma estructura alimentaria, de cuáles son los productos que entregamos o no, también está en un proceso de revisión, porque si hay productos escaseando o con un precio muy significativo, veremos cómo lo vamos a ir adaptando”, sostiene Rubio.
Cuenta que entre octubre y noviembre debería salir una licitación que engloba cerca de un tercio del programa, en la que se harán cambios. Desde su punto de vista, durante mucho tiempo el foco fue solo el precio por sí mismo y, a pesar de que iba bajando constantemente, eso hacía muy difícil pensar en la calidad de la alimentación.
Ahora espera incluir nuevas variables “que sean objetivas” más allá del precio. “El tema es cuáles son otros valores agregados que le pueden ir dando al programa”, explica.
Apunta a que pueda haber más competencia en la adjudicación de la licitación. “La concentración genera problemas de operatividad y un riesgo en el servicio. Entonces la idea es que puedan postular más empresas y más proveedores y los que ya están, fortalecerlos”, afirma.
Aterrizar el programa: “Hay que adaptarse a las condiciones de cada establecimiento”
La nueva directora señala que están replanteando algunos de los cambios drásticos que se habían introducido a las licitaciones, como la disminución de las raciones de pan, la entrega de comidas típicas de otros países o el trabajo del laboratorio gastronómico que buscaba incluir nuevos productos en las minutas.
“Son cambios súper positivos, pero no puede ser de un momento a otro. Al final los estudiantes lo que más extrañan es la comida tradicional, como la pasta o el arroz con pollo, que es lo que conocen. No puedes sacar la sal o el azúcar de un momento a otro. Y como vas haciendo estos cambios de forma paulatina, se van adaptando también las condiciones de cada establecimiento”, argumenta.
Por ejemplo, señala que uno de los cambios había sido incorporar omelette al desayuno. Si bien Rubio cree que puede ser una buena idea, afirma que “es poco práctico y no es pertinente con las características propias de las escuelas”.
“Llegamos a 12.000 establecimientos, entregamos más de 4 millones de raciones todos los días, todos con realidades e infraestructura distinta. Entonces, cuando no se trabaja en conjunto con las trabajadoras del programa, la incorporación de estos nuevos productos es drástica y no genera la aceptabilidad que quisiéramos”, remata.
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