Senado aprueba por unanimidad en general el proyecto que amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Con la expectación y posterior debate que generó la primera Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric ayer miércoles, pasó casi desapercibido el hecho de que tras el término de la tradicional ceremonia, el Senado siguió con la agenda programada para esa jornada. En ese contexto, también resultó casi inadvertido que se votara en la Sala de la Cámara Alta la idea de legislar de la moción parlamentaria, que modifica diversos cuerpos legales para ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas y regula el ejercicio de la acción penal, respecto de los delitos contra el orden socioeconómico.

Esta iniciativa, que se encuentra en su segundo trámite, es el resultado de dos mociones parlamentarias fusionadas, que fueron presentadas en la Cámara por los entonces diputados y actuales senadores Matías Walker (DC), Paulina Núñez (RN) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli). El proyecto ingresó a la Cámara en enero de 2020 y ha ido avanzando lenta, pero permanentemente. Así es como llegó a la Comisión de Constitución del Senado, de la mano de uno de sus autores, el actual presidente de la instancia, Matías Walker, y este miércoles fue votado en general por la Sala que lo aprobó por unanimidad.

Uno de los objetivos de esta legislación es que Chile se ponga al día en materia de legislación penal económica medioambiental  y, en este sentido, en su informe a la Sala, Walker uno de sus principales promotores, señaló que “el objetivo de esta iniciativa consiste en sistematizar todos los delitos económicos y atentados contra el medioambiente, modificar ciertos cuerpos legales que tipifiquen delitos contra el orden socioeconómico  y adecuar las penas aplicables a todos ellos”.

Tras la votación en la Sala, la iniciativa que figura con urgencia simple, fue devuelta a la Comisión de Constitución con el fin de que siga el estudio en particular de la iniciativa.

Los ejes del proyecto de nuevo Código Penal: suma penas más efectivas y crea nuevo catálogo de delitos

Según explicó la moción parlamentaria consta de 65 artículos repartidos en cinco capítulos: El Título Primero contiene disposiciones sobre delitos económicos y establece cuatro categorías: Delitos Económicos Absolutos, que se dan con completa independencia de las condiciones en las que se cometen; Delitos Patrimoniales, aquellos que se cometen al interior o en beneficio de una empresa, circunstancia que hace aplicable las reglas de los delitos económicos, pero sólo respecto de empresas medianas o grandes y no de pequeñas o microempresas; Delitos Funcionarios, aquellos que son cometidos fuera de la empresa, pero se conectan con delitos cometidos dentro o en beneficio de una empresa; y, Delitos Auxiliares a otras clase, cuando se cometen en conexión a otro delito, como el lavado de activos.

Contenidos del proyecto

El Título II, comprende normas y reglas sobre las Pymes y consecuencias adicionales aplicables a las personas responsables de los delitos económicos; el Título III se refiere al comiso de ganancias y distingue dos supuestos de aplicación: establece casos en que exista condena previa y establece determinados supuestos en que procede su aplicación sin condena previa; el Título IV dispone modificaciones a una serie de cuerpos legales como son el Código Penal, Código Procesal Penal, Código Orgánico de Tribunales, la Ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, Ley sobre sociedades anónimas, Ley de mercado de valores, decreto ley 3.500, ley que regula la administración de fondos de terceros y carteras individuales, ley sobre normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones, la ley sobre derechos de los consumidores y la ley que crea el Ministerio y servicios de evaluación ambiental y la Superintendencia de Medioambiente, la ley que establece un régimen de limitación de la responsabilidad para titulares y usuarios de tarjetas de pago y transacción electrónica en caso de extravío, hurto, robo o fraude, el decreto ley que fija normas para la defensa de la libre competencia, el Código Tributario, decreto del Ministerio de Hacienda que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado y el decreto sobre ordenanza de Aduanas.

Por último, el Título V contiene las reglas sobre la aplicación temporal del proyecto, sobre la provisión de fraccionamiento de las normas que fueran pertinentes para determinar si la aplicación de la ley resulta más favorable, sobre la determinación del tiempo de ejecución del hecho que se entenderá perpetrado en el momento o durante el lapso del cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.