La próxima semana el Congreso no sesiona, porque tanto diputados como senadores se concentrarán en su trabajo en terreno. Sin embargo, algunos ecos de lo que está ocurriendo en estos días le seguirán provocando dolores de cabeza al presidente Gabriel Boric, que deberá luchar contra sus propios fantasmas, pues más que nunca ha sentido en carne propia lo difícil que es gobernar, sobre todo –como en su caso-, cuando se viene saliendo de haber sido parte de un sector que hizo una implacable oposición, especialmente en algunos temas clave.
Este miércoles, el Partido Republicano cumplió su postergado anuncio de que acusaría constitucionalmente a la ministra del Interior, Izkia Siches. Aunque no logró subir a representantes de Chile Vamos al carro de las firmas –sólo se necesitan 10- para ingresar la solicitud, algunos parlamentarios de la UD y RN han anunciado su respaldo, otros lo están meditando. Ello, pese a que el sector se había comprometido con la Democracia Cristiana (DC) a no respaldar esta iniciativa, en el marco del acuerdo para presentar una reforma que permita modificar la nueva Constitución con 4/7.
En la Cámara comentan que la oposición respetó su compromiso, ya que formalmente no suscribieron la acusación. Incluso el jefe de bancada de RN, Andrés Longton, argumentó que no la patrocinaron porque tienen “dudas respecto de su viabilidad jurídica”, no así de la consideración política que cabe hacer. Por lo mismo, en Chile Vamos están convencidos de que será complejo que los parlamentarios que representan las regiones de La Araucanía y el Biobío –afectadas por la violencia- no se inclinen a respaldar la propuesta, a la hora de votar.
De hecho, existe la convicción de que la acusación contra Siches ni siquiera sorteará la Cámara -aun cuando sólo requiere de 78 votos para ser aprobada-. Por lo pronto, el jefe de bancada de los diputados de Evópoli, Francisco Undurraga fue categórico en rechazar la medida: “Nosotros no vamos a apoyar la acusación constitucional (…), no nos vamos a dar un gusto irresponsable”, sentenció.
De ahí que, aunque aparentemente no tenga futuro, sí significará un tremendo dolor de cabeza para el Presidente, sin mencionar el problema político que se genera para la propia afectada.
Aún está vivo, en la mente de muchos parlamentarios opositores, el recuerdo de la segunda acusación constitucional en contra del ahora expresidente Sebastián Piñera, a raíz del escándalo de los llamados “Pandora Papers”. Iniciativa respaldada desde la DC al Partido Comunista, pasando por el Frente Amplio. De hecho, diputados del partido del presidente Boric, como Gonzalo Winter, la respaldaron con entusiasmo. Tanto que, sorpresivamente, incluso logró traspasar la valla de la Cámara y fueron los senadores los que terminaron por desecharla.
La oposición no olvida los “malos ratos” que hicieron pasar a La Moneda completa y a todo el sector, ni “los efectos políticos” que hubiera tenido una eventual aprobación del instrumento en esa época, que habrían comenzado como es lógico con la destitución del mandatario. “Una irresponsabilidad total”, exclama un parlamentario, con sólo recordar. En cambio, si la acusación contra Siches llegara a ver la luz, el Presidente sólo tiene que cambiarla, reflexiona un diputado, “tampoco es tan grave”, agrega.
Si como todos creen no supera la Cámara, la ministra quedaría más cuestionada lo que –según algunos- forzaría el cambio de gabinete que desde todos los sectores especulaban ocurriría post Cuenta Pública.
El fantasma de los retiros pasados
Adicionalmente, el Presidente deberá lidiar con una preocupación transversal respecto a que no se estarían generando las ayudas necesarias para que la ciudadanía pueda enfrentar los gastos de un invierno inclemente, con los precios de la canasta básica que no terminan de subir debido a la alta inflación y sin bonos que contribuyan a sortear la difícil situación económica que atraviesan sobre todo las familias más vulnerables. Una de las sorpresas de la primera Cuenta Pública de Boric fue justamente que no anunciara ningún bono. Incluso en el oficialismo quedaron de una pieza, ya que no eran pocos los que estaban convencidos que, dada la dura crisis económica, el Presidente anunciaría un “bono de invierno”, por lo que posteriormente pidieron al gobierno un esfuerzo en este sentido.
En medio de este escenario, el lunes recién pasado, los diputados de la UDI Cristian Labbé y Juan Manuel Fuenzalida enviaron una carta al presidente Gabriel Boric. La breve misiva hace prever que se podría abrir otro flanco para el mandatario. Ello, porque los parlamentarios gremialistas firmantes buscan el respaldo de Boric para una reforma constitucional que establece un mecanismo de retiro de recursos del Fondo del Seguro de Cesantía. Según explicó uno de los autores de la iniciativa, el diputado Labbé, este retiro se realizaría por una sola vez y de un monto que variaría entre los $ 400 mil y $ 600 mil.
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Labbé asegura que su propuesta beneficiaría a unos 10 millones de trabajadores y en la misiva a Boric argumentan que “creemos que esta opción regulada de modo responsable tendría la virtud de lograr el apoyo económico necesario a los sectores más vulnerables y a la clase media”. Y de esta manera sortear los efectos de la Pandemia y la inflación que están creando –sostienen- una situación insostenible en las familias chilenas, haciendo indispensable “otorgar soluciones de manera inmediata”.
Labbé explica que esta propuesta, que debe materializarse a través de una reforma constitucional, para lo cual –del mismo modo que para el caso de los retiros desde las AFP- el Presidente tiene atribución exclusiva, genera mucho menos inflación que los populares retiros de fondos desde las AFP y que en el caso de que el mandatario se niegue a respaldarlo, lo ingresarán de todos modos de vuelta de la semana distrital.
La petición de respaldo al Presidente tiene dos lógicas. Por una parte, que hay sectores de la UDI que siempre rechazaron los retiros de fondos argumentando los efectos nocivos que provocarían en la economía; pero también porque tenían y tienen la convicción de que no corresponde saltarse la atribución presidencial, aprobando una reforma constitucional con un quórum menor a los 2/3. Ello, porque de no apoyarla el mandatario se buscaría viabilizarla con 3/5 (93 votos) usando los mismos argumentos que el actual oficialismo utilizó en su momento para pasar sobre Sebastián Piñera.
La otra razón de ser de la misiva es presionar a Boric para que respalde la norma, considerando que resultaría una incoherencia que habiendo votado a favor de los retiros como diputado, ahora se niegue a apoyar esta propuesta. Sin embargo, el diputado Labbé asegura que si no la respalda el mandatario de aquí a fin de mes la ingresarán de todas maneras. Habrá que esperar para ver si su bancada lo apoya.
En cualquier caso, la próxima semana en que el Congreso no sesiona, el presidente tendrá que prepararse para enfrentar la acusación constitucional contra su jefa de gabinete y para enfrentar un proyecto que puede resultar altamente popular. Ello, sin mencionar uno por uno la innumerable cantidad de mociones que se están comenzando a presentar en materia de seguridad. Y, más encima, la semana de vuelta a las sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente deberá mandar el oficio para una nueva prórroga al estado de excepción –en caso de querer volver a extenderlo-, donde ya no será tan fácil, pues desde la derecha han amenazado con no volver a respaldar un estado de excepción “acotado”. A lo que se suma que el ministro que coordina la relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, Giorgio Jackson, está siendo duramente cuestionado desde el Partido Socialista.
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