El gran edificio Portal Fernández Concha fue en su día un hotel de moda en el centro de Santiago. Ahora, este inmueble estilo Beaux-Arts del siglo XIX se ha convertido en el rostro de la ola de delincuencia que azota al país.
En los últimos cinco años, cuando la banda venezolana Tren de Aragua se introdujo por primera vez en Chile -una de las economías más seguras y desarrolladas de América Latina-, varios presuntos miembros de la banda convirtieron las habitaciones alquiladas del céntrico edificio en la base de una red de tráfico sexual.
La policía informó que desmanteló la operación en 2023, pero en una tarde reciente, las mujeres jóvenes todavía rondaban en la plaza exterior, acercándose a los hombres que pasaban.
"En el peak, teníamos 1.500 personas entrando cada día", dijo un guardia de seguridad del edificio. "Casi todas las semanas veía peleas con cuchillos en el exterior. Nunca había visto nada igual".
Los expertos afirman que Chile ha sido víctima de una tendencia regional, en la que los grupos de delincuencia organizada han adoptado modelos de negocio menos ligados a sus territorios de origen a raíz de la pandemia. Células situadas en distintos países ejercen su autonomía a la vez que se comunican con su base de origen y asumen trabajos por encargo, lo que permite a las bandas expandirse a nuevas regiones.
Oportunidad criminal
El Tren de Aragua, formado en 2014 dentro de una prisión venezolana, ha sido una de las más exitosas. Aprovechó el éxodo de unos 7,7 millones de refugiados del colapso económico de su país de origen, lo que ha ampliado el grupo de pobres, desempleados y marginados vulnerables a la explotación en toda la región.
Aunque Perú, Ecuador y Colombia han denunciado su presencia, la falta de competencia delictiva y la relativa riqueza de Chile lo han convertido en un objetivo especialmente apetecible.
"El Tren de Aragua y otros grupos extranjeros vieron una gran oportunidad de negocio en el flujo de personas vulnerables hacia el país", dijo a Financial Times el director de crimen organizado de la Fiscalía Nacional, Ignacio Castillo. "Han cambiado fundamentalmente la naturaleza de la delincuencia en Chile", sostuvo.
La tasa de homicidios de Chile se ha casi duplicado desde 2019, llegando a 4,5 por cada 100 mil habitantes en 2023, muy ligeramente por debajo de 2022. El año pasado perdió su lugar como el país con la tasa de homicidios más baja de la región en favor de El Salvador, donde una ofensiva contra las pandillas locales redujo drásticamente la violencia, según un ranking del grupo de vigilancia Insight Crime.
Los secuestros, la extorsión y el tráfico sexual también han aumentado en Chile, según Castillo.
El temor a las bandas ha transformado la política del país. Siete de cada 10 chilenos consideran que la delincuencia es su principal preocupación, según una encuesta de Ipsos realizada en marzo. Eso ha desviado la atención de las desigualdades económicas que provocaron protestas masivas en 2019, y ha ayudado a minar la popularidad del presidente Gabriel Boric, incluso mientras su gobierno de izquierda trabaja para reforzar la política de seguridad.
"La delincuencia y el crimen organizado son las mayores amenazas que enfrentamos hoy", dijo Boric el fin de semana pasado en su discurso de la Cuenta Pública 2024. "Sin seguridad no hay libertad, y sin libertad no hay democracia", consignó.
El caso Ojeda
En una tarde reciente en Maipú, la música salsa sonaba a todo volumen desde una de las centenares de casas improvisadas con fibropanel y chapa ondulada bajo un paso subterráneo, que albergan principalmente a inmigrantes haitianos y venezolanos.
En marzo se encontró aquí un cuerpo metido en una maleta y enterrado bajo cemento: el cadáver de Ronald Ojeda, exmilitar venezolano y crítico del régimen autoritario del presidente venezolano Nicolás Maduro.
El fiscal de la República dijo que el Tren de Aragua había llevado a cabo el asesinato de Ojeda. Más tarde añadió que el asesinato había sido "organizado" desde Venezuela y que probablemente tenía motivaciones políticas.
El ministro de Asuntos Exteriores de Maduro respondió afirmando que la banda "no existe", lo que desencadenó una disputa diplomática.
Asentamientos de inmigrantes similares al de Maipú han surgido por todo Chile, al no poder absorber el Estado a millones de recién llegados: la población nacida en el extranjero en el país pasó de sólo el 1,8% en 2013 al 13% en 2023.
"El Estado pierde el control en estas zonas, y hay una generación de jóvenes que no tiene acceso a la educación, la salud y el empleo", afirmó Claudio González, director del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. "Es un terreno de caza perfecto para los grupos delictivos".
El temor al crimen organizado ha fomentado el sentimiento antimigrante entre los chilenos, según las encuestas, pero González afirmó que las propias víctimas de las bandas son en su mayoría inmigrantes. Los casos de delitos violentos cometidos por bandas contra chilenos son "muy excepcionales", afirmó.
Un voluntario que trabaja con niños en un proyecto artístico comunitario en el asentamiento -quien no quiso dar su nombre, porque también trabaja para el Gobierno-, dijo que las autoridades sólo habían llevado a cabo "intervenciones aisladas", como dispensarios de salud improvisados, y no habían llegado a los migrantes indocumentados.
"La mayoría de las veces tratan a estas comunidades como un problema de seguridad; no dan prioridad a su calidad de vida, así que no resuelven el problema", afirmó el voluntario.
Según Ronna Rísquez, periodista venezolana que publicó un libro sobre la banda el año pasado, el Tren de Aragua difiere mucho de otros grupos más conocidos, como los cárteles mexicanos.
"Esos grupos están militarizados y [tienden a permanecer en] territorios fijos, mientras que el Tren de Aragua es más fluido, con células poco conectadas", dijo, añadiendo que el grupo contaba con 3 mil personas como máximo.
La banda realiza trabajos por encargo, como asesinatos o transporte de drogas para otras bandas, explicó González. "Son básicamente depredadores que buscan nichos que explotar: hacen mucho daño, pero no son muy sofisticados", añadió.
Impacto electoral
La llegada del crimen organizado a Chile, unida a un conflicto con grupos indígenas separatistas en el sur, ha situado la seguridad en el primer plano de la agenda política de cara a las elecciones del próximo año.
La derecha chilena ha aprovechado el historial de Boric como crítico con la policía del país. Sus índices de aprobación han subido a un máximo histórico del 84% en medio de la ola de crímenes, según la encuestadora Cadem.
La situación se ha convertido en un quebradero de cabeza para Boric, que esperaba ampliar la red de seguridad social y la protección de los derechos humanos en Chile, pero que se ha visto obligado a centrarse en la seguridad.
Desde 2022, el gobierno ha creado unidades contra la delincuencia organizada en la fiscalía y la policía, ha puesto en marcha la primera política nacional contra la delincuencia organizada y ha aprobado decenas de reformas relacionadas con la delincuencia.
Tras haber encarcelado a unos 100 miembros del Tren de Aragua, según las autoridades, Chile se prepara para iniciar el primer juicio masivo de la región contra el grupo, con 38 personas -34 venezolanos y cuatro chilenos- que se enfrentan a cargos donde se incluyen asesinato, secuestro y tráfico de personas y de drogas.
Sin embargo, el país no es inmune a la corrupción institucional que permite la expansión del crimen organizado. En abril, los medios de comunicación chilenos informaron de que dos miembros de la Policía de Investigaciones de Chile habían compartido información con el Tren de Aragua.
"Nuestras instituciones han reaccionado de manera ejemplar y muy eficiente", aseguró Castillo, pero advirtiendo que "cuando se trata de este tipo de delitos, hay que estar permanentemente alerta".
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