¿Quiénes ven más corrupción en el país? Mayores de 45 años, de la zona centro y preocupados por el "pituto"

Pese a haber marcado una baja desde el 73% que alcanzó a fines de 2023, todavía un 69% de los chilenos considera que mucha gente o casi todas las personas que trabajan en el servicio público podrían estar involucrados en actos de corrupción. Así lo reveló el detalle de la última medición del Estudio Nacional de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos (CEP) de junio y julio, presentados la semana pasada.

Si bien el porcentaje es inferior que aquel medido anteriormente, el coordinador académico y miembro del Comité de Opinión Pública del CEP, Sebastián Izquierdo, destaca que aumentó la cantidad de personas que señalaron que un número moderado de personas están involucradas en corrupción en el servicio público, pasando de un 16% a 19%.

En este contexto, se mantuvo en 9% quienes creen que casi nadie está involucrado.

El 63% de los jóvenes de 18 y 29 años estiman que se se ha propagado la corrupción, cifra que sube al 74% en el caso de los más edad.

Por institución, las tres con la mayor percepción de corrupción son el Congreso (63%), el Gobierno (60%) y los tribunales de justicia (50%).

“Uno podría concluir que la ciudadanía sigue igualmente preocupada que el año pasado en relación a los niveles de corrupción en el sector público”, dice.

El fenómeno no es particular del país y se observa tanto a nivel global, como en América Latina, pero Izquierdo señala que en el caso de Chile se ha tratado de enfrentar el tema mediante el fortalecimiento de una institucionalidad que procure buenas prácticas.

De ahí, por ejemplo, han surgido leyes como la relacionada con lobby.

Pese a lo anterior, advierte que han surgido casos de connotación pública en el último tiempo -como el de fundaciones y el que involucró al conocido abogado Luis Hermosilla- que “podrían ser una de las explicaciones de esta preocupación manifiesta de la población”.

Las mayores inquietudes

Al desglosar por grupos demográficos, la encuesta del CEP constata ciertos matices en la percepción de corrupción en el servicio público.

Si bien no existen diferencias significativas entre hombres y mujeres que creen que está extendida la corrupción -68% y 69%, respectivamente-, hay un componente etario que muestra brechas llamativas al respecto.

El 63% de los jóvenes de 18 y 29 años estiman que se se ha propagado, cifra que aumenta al 74% en el caso de los adultos de entre 45 y 59 años.

Una distancia que también queda en evidencia bajo el parámetro de las macrozonas del país, destacando con el 81% quienes pertenecen a la zona centro y 71% en el sur austral, mientras que en el norte y metropolitana son del 68% y 65%, cada una.

Mirada por entidad

Por institución pública, las tres que concentran la mayor percepción de corrupción son el Congreso (63%), el Gobierno (60%) y los tribunales de justicia (50%). En todas es mayor en mujeres de 45 y 59 años.

En cuanto empresas, pero a distancia de las entidades anteriores, son peor vistas las públicas (47%) que las privadas (44%). La visión crítica se observa más entre las chilenas que en los chilenos, pero los jóvenes dudan de las segundas y los adultos de las primeras.

En la última encuesta, el CEP también midió al Servicio de Impuestos Internos (SII), cuya percepción de de corrupción alcanzó, sin grandes diferencias por género, pero sí mayor entre los adultos de 45 y 59 años (47%), al igual que entre quienes cuentan con educación media incompleta.

También se incluyó por primera vez al Ministerio Público (fiscales), que incluso tuvo una mayor percepción con un 50%.

“Por ejemplo, el caso fundaciones la encuesta CEP lo midió en la mitad de de esos actos de corrupción llegamos en torno al 57%. Uno cuando observa justamente el Ministerio Público, los fiscales o el Servicio de Impuestos Internos muy justamente enlodado con el caso Hermosilla, muestra que, a mi juicio, un 40% en esas instituciones es un porcentaje relativamente alto”, explicó Izquierdo.

Valor al mérito

Al profundizar en el tipo las prácticas de corrupción que se considera más extendidas de parte de las autoridades públicas, la que es transversal a todo grupo etario es la relacionada con ubicar a familiares y/o amigos en posiciones de poder, lo que coloquialmente se conoce como “pitutos”.

De acuerdo a los datos, un 29% estima que ese modus operandi es el más típico, siendo bastante parejo por edades y sexo. Donde resalta es cuando considera el criterio zona del país, pues la visión más crítica está entre aquellas personas de la zona centro (44%).

“Lo que esconde esta preocupación es justamente la de un atentado contra la valoración de la población que tiene contra el mérito. Los pitutos justamente van en contra del mérito”, expresó Izquierdo.

De hecho, la misma encuesta también preguntó acerca de cuán importante creen las personas que es el trabajo duro para surgir en la vida y el 86% lo identificó como algo importante, un salto importante respecto a 2019 cuando el 73% señaló la misma alternativa.

“Justamente, cuando uno ve estos hechos de corrupción atenta contra esos principios, valores del mérito y, por eso, existe ese nivel de rechazo ciudadano transversal”, señaló.

Además, el 61% se mostró de acuerdo con que en Chile los establecimientos públicos de alta exigencia seleccionen a los estudiantes por sus méritos académicos. Lo que también corrobora una relación con la medición del problema de la corrupción.

“Nuevamente, una de las causas que más preocupación generan son cuando se otorgan puestos de trabajo a personas que no tienen los méritos, sino que más bien tienen ciertas vinculaciones personales o políticos con el personal”, indicó.

Adicionalmente, Izquierdo señaló que si bien Chile ha avanzado en la institucionalidad, como por ejemplo, el sistema de Alta Dirección Pública (ADP) para tener procesos más transparentes y competitivos, estos están vinculados a niveles jerárquicos y a posiciones más altas.

“Es en ciertas instituciones, no en todas y, por lo tanto, no está extendido y no debería ser sorpresa que los problemas de favores políticos en los puestos de trabajo del sector público que continúan. Pero Chile ha avanzado en la materia, pero no suficiente”, reflexionó el coordinador académico del CEP.