Tras llevar una carta al fiscal regional Pablo Gómez, a cargo del denominado caso SQM, en la que le solicitan que oficie al Ministerio Público de Brasil por presuntas irregularidades de desvío de dinero hacia Chile para el financiamiento de campañas políticas, parlamentarios opositores anunciaron que recurrirán al Congreso de ese país para que se amplíen los mandatos de la comisión investigadora y, de esta forma, se puedan indagar eventuales nexos con nuestro país, apuntando específicamente a los procesos electorales que protagonizaron Marco Enríquez- Ominami y la presidenta de la República, Michelle Bachelet.
Para ello, los diputados de Renovación Nacional (RN), Paulina Núñez, José Manuel Edwards y Gonzalo Fuenzalida, junto al UDI Felipe Ward llegaron hasta la Fiscalía Regional de Valparaíso.
Los diputados tienen la convicción de que “existen sospechas fundadas de que pudo haber habido financiamiento ilegal de campañas para Marco Enriquez Ominani y potencialmente para Michelle Bachelet”, según explicó Edwards.
Los dichos del parlamentario se fundan en que, según plantea, “existía un modus operandi de la corrupción en Brasil y, ese mismo modus operandi, al parecer, habría funcionado en Chile”, información que tendría la oposición a partir de “lo que nos dice el presidente de la comisión investigadora en Brasil”.
“Por lo tanto, dada la información que tenemos y los viajes que hizo el ex presidente Lula con los ejecutivos de Brasil (a Chile), creemos que es importante despejar las dudas, si es que finalmente hubo financiamiento ilegal para algunas campañas presidenciales en Chile, sea de la constructora OAS, Odebrecht, o de cualquiera de las constructoras que tienen intereses en Chile y que están siendo investigadas en Brasil”.
De ahí la solicitud a Gómez, pues esperan que el persecutor extienda a Brasil las mismas indagaciones que está haciendo para obtener información en Estados Unidos, explicó Edwards.
Mientras que la diputada Núñez indicó que parlamentarios brasileños ya cuenta con antecedentes que desde su sector enviaron al Congreso Brasileño “y han señalado que estos modus operandi que han ocurrido en Argentina, en Bolivia y en Angola, y otros países que se han investigado a través de sus comisiones, también estaría ocurriendo en Chile”.
Los diputados, además, anunciaron que se reunirán con el fiscal Nacional, Jorge Abbott, para que el Ministerio Público se involucre en el caso. Al respecto Núñez planteó que “tenemos dudas, de saber a qué vino la presidenta Dilma Rousseff en una visita relámpago hace un par de meses, e incluso hemos oficiado para conocer la agenda que tuvo”.
Ward, en tanto, fue categórico: “Estamos pidiendo algo bastante simple, que se investigue. El fiscal nacional ha señalado recientemente que no hay sesgo político en las investigaciones que realiza la Fiscalía y este es el momento de demostrarlo. Confiamos en que va a ser así, lamentablemente en el pasado no ha sido así”.
Senado no retrocede y aprueba ley contra filtraciones
Con un contundente respaldo de 29 votos a favor y sólo cinco abstenciones, los senadores aprobaron el polémico artículo de la Ley Corta Antidelincuencia que sanciona las filtraciones en el marco de investigaciones judiciales decretadas como secretas, cuya tramitación coincide con los permanentes reclamos que ha realizado la oposición porque se han filtrado a la prensa antecedentes sobre procesos de dirigentes de sus filas vinculados al financiamiento irregular de campañas políticas.
Sólo se abstuvieron los senadores, Lily Pérez, Antonio Horvath, Alejandro Navarro, Carlos Bianchi y Alejandro Guillier. Entre los 29 que dieron su voto para que el artículo siga su tramitación hacia la Cámára de Diputados está el presidente de la Comisión de Constitución, senador pro DC Pedro Araya, quien explicó que la norma del secreto de la investigación data del año 2000 y nadie nunca la ha cuestionado y aclaró que lo que se hizo en este proyecto fue "precisar que en el caso que se decrete secreta una investigación, quiénes son los obligados a guardar el secreto".
El senador descartó de plano que esta norma afecte el trabajo de la prensa, puesto que los obligados a guardar el mencionado secreto son los funcionarios públicos que conocen la investigación, los intervinientes del proceso penal y aquellas personas particulares respecto de las cuales se tiene que cumplir una diligencia.
Quien también defendió la normativa fue el también integrante de la Comisión de Constitución del Senado, el RN Alberto Espina, quien descartó que este polémico artículo busque terminar con las filtraciones de procesos que afectan a figuras políticas, particularmente de la oposición, y también negó que pudiera afectar la labor periodística.
"Aquí no hay que hacer distinciones. Las investigaciones tienen que ser exitosas, porque lo que importa es que si hay un político que obtiene financiamiento ilegal, no sólo se le investigue, sino que se le pruebe y se le condene", sentenció Espina.