Tres meses le tomó a la Convención Constitucional aprobar los reglamentos, pero al fin pasó esa valla y ya está en condiciones de entrar al tema de fondo: elaborar una nueva Constitución para Chile, labor que iniciaría el 18 de octubre, según señaló hace unos días el vicepresidente del organismo, Mauricio Bassa.
Sin embargo, aún se debate respecto de los plebiscitos dirimentes y la intención del pacto Vamos por Chile de concurrir o no a la Corte Suprema para que zanje el tema.
Es en este contexto que Diario Financiero conversó con el economista y convencional constituyente Bernardo Fontaine acerca de su mirada, desde dentro, de cómo se ha dado el proceso y lo que viene para la etapa de debate sobre las materias de fondo.
-¿Cómo evalúa el proceso hasta ahora que ya se aprobaron los reglamentos?
-La primera misión fue institucionalizar la Convención, sacarla del modo asamblea universitaria y eso se está logrando bastante rápido con los reglamentos. Sin embargo, la Convención sigue un programa refundacional muy radical. No es un circo sin sentido, como algunos creen. Una parte importante de los constituyentes, en mi opinión, quieren reemplazar la sociedad libre por un modelo colectivista, irreal, estatista y con tendencia totalitaria.
-Me imagino que eso le preocupa.
-Eso es una muy mala señal para el país.
-En ese contexto, ¿quedó conforme con el Reglamento de la Convención?
-El de votaciones sí. El de Ética, más parece redactado por la KGB para acallar la libertad de opinión y crear una suerte de verdad oficial. Y es lamentable que la mesa directiva haya impedido el debate de las 1.128 indicaciones a los reglamentos, dejando de lado que, en democracia, la creación de la ley es un proceso colectivo, donde todos deben participar y no una cocina a puerta cerrada.
-¿El que no se deliberara respecto de las indicaciones los coartó a expresar su opinión?
-La Convención sufre una falta de diálogo democrático y eso impide aportar, pero también escuchar los aportes del resto de las fuerzas políticas.
-Eso es extraño, porque se supone que este es un proceso deliberativo en que van a opinar y escucharse y se suponía que la variedad de miradas al interior favorecería el diálogo.
-Así lo planteé con otros convencionales en un oficio que hicimos llegar a la mesa, exigiendo que se abriera debate libre, para los distintos temas. Pero pudo más la presión por avanzar sin reparar en el diálogo.
Llamado a las organizaciones sociales
-¿Qué destaca como positivo de este proceso?
-La rapidez de los reglamentos y el Reglamento de Consulta Indígena que eliminó la absurda idea, que se había planteado en el borrador original, de que lo aprobado en esa consulta fuera texto de la nueva Constitución, pasando por sobre la Convención. También, dentro de lo positivo, el Reglamento de Participación Popular, que incluyó que los ciudadanos que reúnan 15 mil firmas podrán presentar texto de propuesta constitucional que deberán ser votados.
-Es decir que habrá un nivel de participación directa.
-Sí y llamo a las organizaciones ciudadanas y a los gremios a participar activamente en las audiencias de la Convención y a presentar sus valores y propuestas, que ciertamente van a tener una enorme influencia sobre el resultado de la Constitución.
-¿Siente que las organizaciones sociales, gremios, el mundo empresarial o quienes representan las ideas de centroderecha no han participado o no se han involucrado lo suficiente en el proceso constituyente?
-Sí. No se han involucrado y es fundamental que se involucren no sólo los gremios, sino que las asociaciones de padres, para defender la libertad de educación; las asociaciones de afiliados y ahorrantes previsionales, para defender la propiedad de sus ahorros; los pacientes de enfermedades, para que no los priven de la libertad de elegir el doctor que mejor los atienda. En fin, múltiples agrupaciones que es indispensable que participen.
-El proceso ya está entrando a tierra derecha y se supone que el 18 de octubre se entra a los temas de fondo, ¿cómo visualiza el escenario de cara a esa etapa?
-Está complicado llegar a acuerdos que incorporen las ideas de la centroderecha y de la Social Democracia, hoy no están los votos, ni siquiera el tercio. Y fue mala señal el rechazo de la Convención a incluir, como temas a discutir, principios tan obvios como que el Estado esté al servicio de las personas, la libertad de trabajo sindical, la libertad de enseñanza, el derecho de los padres a educar a sus hijos y la no discriminación arbitraria que debe dar el Estado en materia económica. Esa es la foto hoy. Esperamos reponer esos temas y que prime la moderación.
-Como economista, ¿qué materia le parecen más relevantes a considerar en la nueva Constitución?
-La libertad de trabajo, realizar emprendimientos y empresas en libertad, la no discriminación arbitraria por parte del Estado, la iniciativa exclusiva de gasto en manos del Ejecutivo, para mantener ordenadas las finanzas públicas; el Banco Central y la propiedad privada. Y quiero incorporar una obligación nueva para el Estado, que es impulsar la competencia, a través de sus legislaciones y de sus compras para así ampliar y emparejar la cancha a los emprendedores y Pymes. El informe de la Fiscalía Nacional Económica sobre el gas, refuerza la necesidad de incorporar esta obligación en la Constitución.
Plebiscitos dirimentes
-¿Lo deja tranquilo que las normas efectivamente se deban aprobar por 2/3?
-Es una buena noticia. Al menos en esto, la Convención respetará las reglas y tendrá que buscar acuerdos amplios. Esto beneficia al Frente Amplio, por eso lo apoyó; porque podrá construir un tercio hacia la izquierda o hacia la derecha; Gabriel Boric salió debilitado aquí, porque difícilmente puede ofrecer gobernabilidad, cuando el principal partido que lo apoya, el Partido Comunista, no quiso respaldarlo con los 2/3. Y lo que no estuvo bien fue el tema de los plebiscitos dirimentes.
-¿Por qué no lo convencen?
-Los plebiscitos dirimentes son malos, porque muestran la poca voluntad de llegar a un acuerdo amplio por parte de la ultraizquierda y la izquierda dura; y, además, muestran la astucia legal del Frente Amplio que redactó una confusa norma, más propia de un contrato privado que de un reglamento de una Convención, que tiene que ser claro y entendible por todos.
-¿Se podría estar buscando con ello eludir la regla de los 2/3?
-Claro, (el plebiscito dirimente) es una forma tramposa de tratar de violar la rebla constitucional de los 2/3. Lo malo es que lleva a que los constituyentes tengan menos incentivos para buscar acuerdos, porque, total, se puede plebiscitar y chao con la regla de los 2/3.Es como jugar una final sabiendo que hay otro partido y, por tanto, los jugadores se esfuerzan menos.
-¿Estaba disponible a llegar a la Suprema para que resuelva el tema de los plebiscitos dirimentes?
-Era un camino posible que estábamos estudiando. La norma del Reglamento habla de que las instituciones deberán hacer las modificaciones pertinentes –lo que da la idea de que debería pasar por el Congreso-, pero también exige a las instituciones públicas colaborar en el plebiscito dirimente, lo que podría ser interpretado como que bastaría una orden de la Convención al Servel. Eso hace que la norma sea poco clara. Pero para ir a la Corte Suprema se requieren 39 firmas, se requiere que haya un daño y hay un plazo de cinco días. Entonces, la ventana para recurrir a la Corte Suprema era extraordinariamente estrecha.
En definitiva, todo esto demuestra que la reforma constitucional que dio origen a la Convención se hizo extremadamente a la rápida, llena de vacíos e imprecisiones. Esto ha permitido a los sectores que no respetan la institucionalidad buscar resquicios para saltársela. Nada de esto sería posible si la reglamentación de la Convención se hubiera escrito en forma clara.
-¿Diría que se están entregando argumentos para poner en duda la aprobación del plebiscito de salida?
- Yo creo que eso está demasiado lejos. Todavía no se ha escrito ni una línea de la nueva Constitución. Así que me parece toda esa discusión fuera de lugar. Nosotros estamos empeñados en hacer una constitución que refleje los cambios en libertad y que redefina un nuevo Estado al servicio de las personas; por lo tanto, estamos comprometidos en redactar una buena nueva Constitución.
-¿A pesar de las dudas y resquemores que hay en algunos sectores?
-Por supuesto. Nuestro mandato es contribuir a redactar una Constitución que refleje los cambios en libertad que piden los chilenos y que les dé más dignidad, más justicia y más progreso. Y tenemos que tratar de superar todas las enormes dificultades que vemos, para que esa contribución se manifieste en la nueva Constitución.
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