La trastienda de cómo vivieron la CMF y el SII las primeras 24 horas de la crisis tras la filtración de audios en caso Factop
La Comisión para el Mercado Financiero presentó una denuncia por presunto delito de soborno y el Servicio de Impuestos Internos por eventual cohecho. Ambos acudieron al Ministerio Público.
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La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, se encontraba en Paris, Francia, participando de la reunión del comité de gobierno corporativo de la OCDE, cuando le alertaron que una crisis a escala mayor se estaba incubando en Santiago.
La publicación realizada por Ciper Chile de los audios de una conversación entre el socio de Factop, Daniel Sauer, y sus abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos respecto de la estrategia legal del factoring, incluía supuestos pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la CMF.
Después de hacer el respectivo control de daños del primer día de crisis, ambas reparticiones activaron un despliegue comunicacional con acciones legales concretas.
Primero fue la CMF. A primera hora de este miércoles sesionó de manera extraordinaria (habitualmente se reúnen los jueves) el Consejo de la CMF.
Pasadas las 11:00 horas, el regulador emitió un comunicado informando que presentaría una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito de soborno en contra de Hermosilla, Sauer y Villalobos.
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Un día antes de que estallara el escándalo, el lunes 13 de noviembre, el Fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF, Andrés Montes, había recibido de manera anónima el mencionado audio, que fue revelado por Ciper Chile.
“Para el Consejo de la CMF resulta de la máxima gravedad que se intente influir en las decisiones de organismos públicos mediante favores o pagos de algún tipo, como asimismo aceptarlos o solicitarlos”, sostuvo el regulador.
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A nivel interno, las acusaciones de sobornos sorprendieron a los funcionarios. Berstein, en su calidad de jefa de Servicio y apoyada por el Consejo de la CMF, instruyó una investigación interna a objeto de determinar eventuales infracciones administrativas y las sanciones que resulten pertinentes.
El encargado de la investigación interna en la CMF será el secretario general del organismo, Gerardo Bravo, un abogado experto en materias administrativas y sumarios.
En la tarde, y antes de tomar el vuelo de regreso a Chile, Berstein se conectó por una plataforma (tipo Zoom u otra) y envió un mensaje de tranquilidad a los funcionarios.
SII presenta acción penal
Pasadas las 13:00 horas vino el turno del SII. Si bien el martes había anunciado una investigación interna para detectar si habían funcionarios involucrados, este miércoles presentó una denuncia penal contra quienes resulten responsables por el eventual delito de cohecho.
También, informó la creación de un grupo especial de trabajo, integrado por funcionarios de las subdirecciones de Fiscalización y Jurídica, que realizarán los procesos asociados a la indagación de las aristas relacionadas con STF Corredora de Bolsa, Factop y sus controladores.
Con posterioridad al comunicado, Frigolett estuvo disponible para responder consultas respecto a la acción penal, explicando que está dirigida contra Hermosilla, Villalobos y Sauer, y “a todos quienes resulten responsables” en caso que la indagatoria pueda ampliarse.
“Puede haber un conjunto de otros que estén actuando en red. Veremos hacia dónde nos conduce esta denuncia que posteriormente, en función de lo que vayamos descubriendo con el Ministerio Público, veremos cómo se va desarrollando y haremos los procesos asociados a las querellas una vez que tengamos claridad de quiénes y cuáles son los delitos cometidos”, planteó.
También reconoció que se enteró de los audios cuando fueron divulgados por Ciper Chile. “En ese momento nos enteramos”, sinceró.
Posteriormente, se reunió con directivos del SII para publicar una declaración donde se anunció la investigación interna. La denuncia penal, en cambio, está enfocada en eventuales imputados externos al Servicio.
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¿Una red operando?
El director del SII se mostró preocupado ante la posibilidad de que una red de personas esté cometiendo delitos de cohecho con funcionarios del organismo.
“Esto nos viene a poner en alerta porque habrían redes que probablemente están, mediante el uso de prácticas reñidas con la ética, recordemos que es un abogado que está detrás y que estaría estructurando un accionar, que tiene aires de corrupción”, detalló.
“Si hay una red que está actuando detrás, tenemos que hacernos cargo y puede estar actuando en distintas direcciones de la Región Metropolitana. En la investigación no partimos con ningún prejuicio”, sostuvo.
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Frigolett también defendió el sistema que regula la interacción entre asesores de contribuyentes y fiscalizadores, enfatizando que el esquema deja una “traza y huella” de lo registrado en la fiscalización y el levantamiento de antecedentes.
“Nosotros tenemos un registro de alrededor de 2 millones de contribuyentes que están concurriendo como personas naturales o en representación de un tercero, por cuestiones muy operativas, y en otros casos puede haber algunas situaciones en la cual se requieren algunas indicaciones más precisas”, planteó.
Asimismo, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, informó que se abrió una carpeta para el proceso del caso de Hermosilla.
Funcionarios públicos
A nivel interno, durante la tarde del martes, las conversaciones vía WhatsApp entre los funcionarios del SII y la CMF giraban en torno a un solo tema: quién era la persona -o grupo de trabajadores- que habría recibido las eventuales coimas.
En el caso del SII, las dos directivas de trabajadores tomaron contacto con el subdirector de Desarrollo de Personas, Claudio Duarte, para advertir del impacto en la moral de los funcionarios y solicitarle a Frigolett una respuesta en el plazo más breve.
Al día siguiente, las asociaciones de funcionarios del SII y la CMF emitieron un comunicado conjunto: “Rechazamos categóricamente cualquier forma de corrupción, incumplimiento ético y malas prácticas que afecten la probidad de nuestras instituciones y socaven la confianza pública, especialmente por tratarse de entidades fiscalizadoras y reguladoras, cuya labor es esencial para la transparencia y estabilidad de nuestro sistema económico”.