Isapres Colmena y Nueva Masvida concretan último intento por reflotar la fusión que frenó la FNE

Luego del rechazo que formuló la Fiscalía Nacional Económica el 3 de febrero pasado a su operación de fusión, los controladores de las isapres Colmena -encabezados por el grupo Bethia- y Nueva Masvida –la estadounidense Nexus Health- cumplieron ayer una etapa clave en su decisión de insistir con esta operación al presentar sus alegatos ante el Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia (TDLC), organismo ante el cual interpusieron un recurso de revisión.

En la instancia se hizo presente el nutrido equipo legal que asesora a ambas isapres en un último intento por lograr que se dé luz verde el plan que crearía al mayor actor del mercado.

“En el escenario más extremo de todos, no concentrarían más del 30% de participación, y los riesgos de una operación de esta naturaleza son mínimos y las eficiencias notorias”, sostuvo Julio Pellegrini,

“La decisión de prohibición debe ser revertida, porque la resolución reclamada hizo un análisis incorrecto y, además, del gran abanico de múltiples hipótesis y escenarios posibles eligió el más pesimista y aprensivo, seleccionando solo lo que le convenía para prohibir la operación. Intentó hacer “calzar” esta operación como una de aquellas que tendría la aptitud de “reducir sustancialmente” la competencia, en circunstancias que no lo era”, señaló el abogado Julio Pellegrini. El socio de Pellegrini & Rencoret representó a Colmena Holding SpA junto al economista de Compass Lexecon, Fernando Coloma, mientras que por Colmena Golden Cross S.A. asistió Francisco Bórquez, de Barros & Errázuriz.

Junto con argumentar que “estamos hablando del cuarto y el quinto actor del mercado que, en el escenario más extremo de todos, no concentrarían más del 30% de participación (…) y los riesgos de una operación de esta naturaleza son mínimos y las eficiencias notorias”, Pellegrini señaló en su argumentación ante el TDLC para pedir la revisión de proceso que los informes económicos que fundamentan el recurso “tratan las enormes falencias y errores del análisis contenido en la resolución, y también dan cuenta del hecho de que se seleccionaron arbitrariamente aquellos antecedentes necesarios para la construcción de una teoría del caso que llevara al rechazo”.

Al respecto, Coloma afirmó que el análisis de riesgo de la FNE “fue excesivamente estricto en la evaluación de los efectos de la operación comparado con criterios aplicados en el pasado”. En este punto, sostuvo que los cálculos presentados por la autoridad “son poco fiables y presentan una serie de errores metodológicos”, aseverando que existen antecedentes para pensar que, en caso de existir un riesgo de reducción sustancial de la competencia, las acciones de mitigación ofrecidas por las partes debieron haber motivado a la FNE a “abrirse a discutir con más detalle estas medidas y optar por aprobar la operación sin necesidad de una desinversión”.

El factor eficiencia

Uno de los temas que marcó los alegatos de los representantes de ambas isapres fue la defensa de las eficiencias que implicaría su fusión y el papel que jugaría esta variable como contrapeso a los riesgos queestimó la FNE para el mercado y las condiciones ofrecidas a los afiliados en materias como los costos de los planes de salud. “La operación genera al menos cuatro eficiencias, verificables, suficientes, oportunas e inherentes”, aseveró Ronaldo Bruna, de Global Economistas, quien concurrió a la sesión en representación de Nexus Health junto al abogado Matías Edwards, del estudio Albagli Zaliasnik.

“Las eficiencias no solo son verificables, sino que son suficientes para contrapesar los riesgos calculados por la FNE, que se ubican entre los $12.545 y $31.077 millones. Son mucho menores a las eficiencias calculadas en nuestro estudio: entre $54.073 y $85.314 millones aproximadamente”, aseveró.

Argumentos de la fiscalía

Representado la posición de la FNE, su Jefa de la División Fusiones Francisca Levin, fue enfática en sus argumentos en pro de la conveniencia de mantener sin efecto una fusión entre ambas isapres.

“La fiscalía concluyó que la operación implicaría efectos que son sustanciales y, por lo tanto, la única medida posible es prohibir la operación”, señaló.

Asimismo, puso en tela de juicio la efectividad de las medidas de mitigación propuestas por ambas compañías. “Los riesgos que la operación genera no tienen contrapeso”, argumentó Levin.