Un nuevo informe económico se conoció esta semana en el marco del caso supermercados. Si hace unos meses se hicieron públicas las presentaciones de las cadenas involucradas (SMU, Cencosud y Walmart), esta vez fue el turno de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
El documento se denomina “Impactos competitivos de acuerdos de precios mínimos en la industria de supermercados”, realizado por el economista Aldo González, donde evalúa los impactos en la competencia de un conjunto de prácticas ocurridas en la relación comercial entre proveedores de carne de pollo y las supermercadistas.
Los hechos denunciados por la FNE corresponden a la aplicación de una regla por parte de las compañías acusadas que impedía la venta de artículos a público final por debajo del precio mayorista de referencia que estas tres cadenas enfrentan.
“Los supermercados que detectaban descuentos o promociones por debajo del precio de referencia, denunciaban el hecho a los proveedores correspondientes, con el objeto de forzar el cumplimiento del acuerdo”, asegura el documento respecto de la coordinación que se habría producido entre los años 2008 y 2011.
Y las pruebas con las que cuenta el organismo que lidera Felipe Irarrázabal consideran emails entre los ejecutivos comerciales de los supermercados y los encargados de venta de los proveedores de productos avícolas (Agrosuper, Ariztía y Don Pollo). “Se suman declaraciones de ejecutivos de las empresas participantes del acuerdo, las que son consistentes con el propósito mencionado”, dice el informe.
Según argumenta el economista “el acuerdo tiene implicancias negativas para la competencia, pues impide que parte de los descuentos, o menores precios reales mayoristas, sean traspasados a los consumidores”.
En concreto, el acuerdo habría tenido como efecto una reducción de la intensidad competitiva entre las cadenas de supermercados, “lo que impide que los clientes finales gocen de menores precios por los productos de carne avícola, aunque sea de forma temporal”, postula.
El experto concluye que “ambas partes (proveedor y supermercados) se benefician de la existencia de la regla, debido a que la renta que pueden extraer –y luego repartir- es mayor a la que obtendrían en ausencia de la misma”. Añade que toda la industria gana con esta práctica, “comparado con una situación de contratos privados sin precios mínimos de venta a público”.
Ejemplos de las cadenas
El informe pone tres ejemplos de lo anterior. El primero es Unimarc que, mediante correo electrónico del 6 de mayo de 2010, realiza un reclamo a Agrosuper, en relación a que un local de Walmart en Punta Arenas realiza ventas bajo el costo en dos productos (pollo entero y pechuga entera en bandeja).
El precio mayorista de referencia para el pollo entero era $ 1.333 el kilo. Previo al descuento, Walmart vendía el producto a $ 1.390. En los días 5 y 6 de mayo los precios estuvieron por debajo del precio mayorista ($ 1.252 y $ 1.190, respectivamente) y a partir del 7 de mayo el valor aumentó a $ 1.590.
En un segundo caso y por la misma vía anterior, el 9 de marzo de 2011, Bigger reclama a Agrosuper que Jumbo, en Temuco, está vendiendo pollo entero a $ 990, ante lo cual el proveedor renvía el mensaje a la cadena de Cencosud. Éste último responde que “es una reacción a las ofertas de Bigger”.
En la misma ciudad, pero el 8 de febrero de 2011, Supermercados del Sur envía un email al mismo proveedor donde dice que Santa Isabel ofrecía un precio “demasiado bajo”. Agrosuper reaccionó remitiendo a Santa Isabel el reclamo de otras cadenas por esta situación. “Santa Isabel responde que subirá los precios de inmediato”, y el costo para los clientes pasó de $ 1.384 a $ 1.990, en el mismo día.
Ante su análisis González se pregunta: ¿por qué un supermercado podría querer vender productos bajo su costo de adquisición o precio mayorista de referencia, obteniendo así un margen negativo?
Sus explicaciones son que “el precio mayorista de referencia no es el verdadero costo de oportunidad –o precio mayorista real- de los supermercados, por tanto no existiría un margen negativo efectivo en la venta del producto”.
La segunda tesis que plantea es la aplicación de la estrategia loss-leading, consistente en aplicar fuertes descuentos sobre un determinado conjunto de productos para atraer clientes al supermercado y obtener beneficios al considerar la globalidad de los productos vendidos.
Las fechas más relevantes del proceso:
DICIEMBRE DE 2011 Comienza la investigación, luego que Carabineros allanó las instalaciones de las principales cadenas supermercadistas del país: Cencosud, Walmart, Unimarc y Tottus. En la diligencia se incautan computadores de los encargados de las áreas de abarrotes y carnicería.
ENERO DE 2016 Tras cinco años de investigación, la FNE presentó un requerimiento ante el TLDC contra Cencosud, SMU, y Walmart, acusándolos de una "práctica concertada destinada a fijar, por intermedio de sus proveedores, un precio de venta para la carne de pollo fresca en supermercados que fuera igual o superior a su precio de lista mayorista". Pidió la multa máxima contemplada en estos casos (30 mil UTA).
DICIEMBRE DE 2016 Interrogan en forma simultánea, para contrastar posiciones, a los gerentes generales de las cadenas involucradas: Jaime Soler (Cencosud), Marcelo Gálvez (SMU) y Horacio Barbeito (Walmart).
MARZO DE 2017 SMU, Cencosud y Walmart entregan sus informes económicos ante el TDLC en los que rebaten la tesis expuesta por la FNE, descartando la existencia de posibles casos de colusión, e incluso apuntando a inconsistencias en el proceso impulsado por el persecutor.
SEPTIEMBRE DE 2017 El 21 de ese mes, se cumplirá el plazo para que los implicados en las investigaciones hagan llegar al TDLC sus pruebas instrumentales.
OCTUBRE DE 2017 Para el día 4, está fijada la audiencia en que las partes presentarán sus posturas ante el TDLC, organismo que preside Enrique Vergara (en la foto), quien tendrá que definir si existió o no colusión.
Cadenas rechazaron acusación y alegaron falta de rigurosidad
Enfáticas han sido a la hora de su defensa las tres cadenas supermercadistas involucradas en el requerimiento de la FNE ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC).
En primera instancia, a través de su contestación, Cencosud aseguró que "tras una investigación de más de cuatro años, resulta sorprendente la falta de rigurosidad de la FNE en aspectos tan básicos como la individualización del requerido", esto porque la demanda fue dirigida contra Cencosud S.A., en circunstancias que es la sociedad Cencosud Retail S.A. la que tiene como objeto social la administración, gestión y explotación de supermercados.
SMU, en tanto, expresó que la acusación no entrega ningún tipo de antecedentes económicos o fácticos que puedan probar la acusación, todo "para intentar construir artificiosamente y sin éxito una teoría colusiva inexistente entre cadenas supermercadistas".
La compañía controlada por Álvaro Saieh, explicó que "la acusación sólo perjudica profundamente a la compañía en términos económicos y reputacionales" y agregó que el requerimiento es contradictorio, debilita la competencia y omite las negociaciones duras entre la compañía y sus proveedores.
Por su parte, Walmart ha sido la más activa en la defensa, ya que fue la primera que presentó sus informes económicos y agregó otros dos análisis en derecho para demostrar su inocencia. Uno de ellos lo encargó a un experto internacional en libre competencia que citó ejemplos de casos similares ocurridos en Europa.
En su defensa, la estadounidense asegura la insuficiencia de los correos relevantes entre las cadenas que acompañan el requerimiento. La FNE presentó 153 cadenas de comunicaciones y en 17 de ellas están involucrados uno o más colaboradores de esa empresa, como destinatarios o emisores.
"No es posible extraer antecedente alguno que dé cuenta del conocimiento o participación de la compañía en la supuesta regla, acuerdo o práctica concertada que imputa la FNE", dice Walmart.
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