Restan pocos días para que la Convención Constitucional entregue a la ciudadanía el texto final de lo que será la propuesta de nueva Carta Magna.
Y la jornada 98° de este sábado ha sido clave, puesto que durante esta mañana -y tras el rechazo del informe en una primera instancia- el Pleno aprobó en general la inclusión del informe de reemplazo de la Comisión de Medio Ambiente, mientras que en la tarde dio luz verde a dos temas de impacto en sectores productivos clave: el fin de aprovechamiento de agua y el dominio absoluto del Estado en la minería, que pasaron al borrador final de la nueva Constitución.
Lo anterior, después de dicho documento lograse 114 votos a favor (necesitaba 103 como mínimo para pasar directamente al texto final), 34 en contra, y 3 abstenciones. De modo que durante las últimas horas el trabajo de los políticos al interior de a la sede del ex Congreso se ha centrado en deliberar respecto de cada una de las normas y sus respectivas indicaciones.
Y tal como ocurrió en la primera instancia, los artículos que están siendo actualmente debatidos requieren 103 vistos buenos para ser despachados inmediatamente al borrador de la Convención. En el caso de que logren una cantidad de votos inferior a esta pero superior a 38, estas disposiciones se tomarán como "rechazadas" y tendrán la opción de volver a la Comisión de Medio Ambiente para su posterior modificación. Mientras que en el caso de contar con menos de 38 votos, estos serán automáticamente eliminados del informe.
Es en este contexto y tras cerca de 8 horas de discusión, que temas como el Estatuto Constitucional del Agua, o las normas que definirán nuevas reglas para el desarrollo de la minería en el país de a poco han ido tomando forma. Y con más de la mitad del informe revisado, ya se sabe con certeza cómo ingresarán ambas materias a la redacción de la propuesta de nueva Carta Magna.
Fin a los derechos de aprovechamiento de agua
En lo que respecta al área sanitaria, el Pleno zanjó que el texto final incorporará el Estatuto Constitucional de Aguas, tras haber obtenido 116 votos a favor. Y con ello el artículo 1°, que fija que "el Estado debe proteger las aguas, en todos sus estados y fases, y su ciclo hidrológico", y que "siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas". Y el n° 2, que establece que el "Estado velará por un uso razonable de las aguas", y pone fin a los derechos de aprovechamiento de aguas al dictar que "las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional de Aguas" y serán de carácter "incomerciable".
Asimismo, la propuesta de nueva Constitución integrará la norma que establece que "los Consejos de Cuenca serán los responsables de la administración de las aguas, sin perjuicio de la supervigilancia y demás atribuciones de la Agencia Nacional de las Aguas y otras instituciones competentes". Y se reconoció el "uso tradicional" de aguas situadas en autonomías territoriales indígenas o territorios indígenas, de manera que será el Estado el encargado de "garantizar su protección, integridad y abastecimiento" para los pueblo indígenas.
Por otro lado, durante la sesión se declaró al Estado como "custodio de los humedales, bosques nativos y suelos", y se estableció que será el Estado el encargado de "garantizar la preservación, restauración y la conservación de espacios naturales".
Una de las indicaciones que hasta esta jornada generaba inquietud en el sector sanitario era la n° 17, propuesta por Camila Zárate, coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente, y que establecía que los servicios de producción y distribución de agua potable se realizarían exclusivamente por entidades públicas estatales, dejando de lado a las empresas sanitarias que hoy operan en el país. Sin embargo, esta fue rechazada por 68 a favor, 59 en contra, 16 abstenciones, y quedó totalmente eliminada de toda discusión.
Dominio absoluto de los minerales
En tanto, el Pleno de la CC aprobó por 104 votos a favor, 15 en contra y 28 abstenciones el Estatuto Constitucional de los Minerales, y con ello distintas normas que, en conjunto, fortalecen la participación del Estado en el desarrollo de esta actividad en comparación a los privados. Una de estas disposiciones es el artículo 22°, que indica que "el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales (...)", y que tanto la exploración como explotación y aprovechamiento de estas sustancias quedará sujeta "a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público intergeneracional y la protección ambiental".
Del mismo modo, los convencionales dieron su visto bueno al artículo 23° que dicta que "el Estado establecerá una política para la actividad minera y su encadenamiento productivo, la que considerará, a lo menos, la protección ambiental y social, la innovación, la generación de valor agregado (...)".
Y por último se rechazó el artículo 27°, que propone que "el Estado desarrollará de manera exclusiva la actividad minera (...)", y podrá asociarse "con particulares siempre resguardando la participación mayoritaria" de este. Sin embargo, la norma aún no figura como eliminada del todo, pues al haber conseguido 66 votos a favor, esta podrá volver a la Comisión de Medio Ambiente para una segunda propuesta.
Tras la aprobación de dichas normas, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero -que reúne a las principales empresas del sector que operan en Chile-, señaló en su cuenta de Twitter: "Confiamos que se reconducirá la discusión a propuestas más razonables que justifiquen los cambios que necesita el país, sin arriesgar los miles de empleos que dependen de la minería; y reconozcan que esta industria necesita certeza y estabilidad para su desarrollo y aporte".
Cabe destacar que la red de más de cien organizaciones del sector minero chileno y de su entorno agrupadas en Compromiso Minero -que incluye a las más grandes empresas del sector como Antofagasta Minerals, Anglo American, Escondida-BHP, SQM, Barrick, entre otras- envió una carta a los convencionales en la que expresaron su preocupación por las normas sobre minería contenidas en este informe.
Y afirmaron que el texto "contiene varias normas que, de aprobarse, resultarán muy perjudiciales para todo el sector minero chileno: empresas pequeñas, medianas y grandes; pueblos, ciudades y regiones que viven de esta industria; el empleo que se sostiene de ésta y su cadena de valor; y el país en general", indicaron en la misiva.
Soberanía y Seguridad Alimentaria
Otra de las materias abordadas durante la jornada fue la de soberanía alimentaria, la cual si bien fue rechazada con 97 a favor, 34 en contra y 13 abstenciones, podrá volver a la Comisión de Medio Ambiente para una segunda propuesta. Y, por su parte, se aprobó el artículo 17° que indica que "es deber del Estado asegurar la soberanía y seguridad alimentaria. Para esto promoverá la producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios ecológicamente responsables".
Pero algunos actores del sector, como la Federación de Productores de Fruta de Chile (Fedefruta), no resultó conformes con la discusión que se dio al interior del Ex Congreso respecto de esta norma. Y a través de un comunicado el gremio cuestionó los "motivos" detrás de la aprobación de los artículos referidos al Estatuto Constitucional de las Aguas y de Soberanía Alimentaria.
"Cuando conconstituyentes hablan de proteger las aguas y el ciclo hidrológico, algo que es bueno, esconden motivos que nos pueden dejar sin abastecimiento para todas las necesidades", sostuvo Jorge Valenzuela, Presidente de Fedefruta. Y agregó que "en una sesión de la Comisión de Medio Ambiente en abril, una convencional dijo que la idea de proteger el ciclo hidrológico, significaba el dejar atrás la discusión de infraestructuras para el 'acaparamiento' de agua".
Asimismo, el vocero de la federación dijo que en relación al artículo 17°, "el colocar conceptos como seguridad alimentaria y derecho a la alimentación sana, se ve bien si solo se revisa el artículo aprobado. Pero la percepción es muy distinta cuando uno escucha el debate en el pleno y encuentra argumentos como el que se llama a aprobar esto para proteger la soberanía alimentaria de la producción de frutales para la exportación".
"A partir de estas declaraciones buscan no solo dejarnos sin agricultura formal, sino también dejar atrás a un productor de maíz de cuatro hectáreas, que es monocultivo para ellos, desconociendo totalmente quien es quien en el campo chileno (...)", sostuvo. Y aclaró que "Fedefruta nunca ha contrapuesto la agroecología a la agroindustria, pero ellos artificialmente están construyendo un contexto artificial del mundo rural en Chile".
Sistema económico
Por otra parte, este sábado el Pleno rechazó la norma de Sistema económico y política fiscal por 101 votos a favor, 7 en contra y 27 abstenciones, por lo que esta pasará de nuevo a la comisión. Y dio el visto bueno al inciso 2 del artículo 32°, que indica que "el rol económico del Estado se fundará, de manera coordinada y coherente, en los principios y objetivos económicos de solidaridad, diversificación productiva, economía social y solidaria y pluralismo económico".
También, durante la sesión se zanjó incluir en el texto final el artículo 34° que establece que el Estado "tendrá iniciativa pública en la actividad económica", y que para ello "podrá desarrollar actividades empresariales, las que podrán adoptar diversas formas de propiedad, gestión y organización según determine la normativa respectiva". Y que será el Estado el responsable de "prevenir y sancionar los abusos en los mercados".
Esto, mientras que los artículos 38° y 40°, que proponen que el gasto público se oriente "a asegurar la satisfacción de los derechos consagrados" en dicha Constitución, y que "el Estado deberá asegurar la protección de las personas en las relaciones de consumo", respectivamente, fueron rechazados. De esta manera, ambos deberán pasar a la comisión correspondiente para una segunda propuesta.
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