Junaeb lanza nueva licitación: busca que empresas puedan enfrentar alzas en alimentos y acabar con el "multirut"

A principios de 2022, las empresas concesionarias de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) declaraban estar al borde del colapso, principalmente, por las alzas en los precios de los alimentos.

Este 2 de diciembre, el servicio publicó las bases de una nueva licitación para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que cubre la entrega de 778.939 raciones diarias entre 2023 y 2026, con un presupuesto de $ 167.516 millones

Frente al escenario económico, la administración de Camila Rubio, que asumió como directora nacional en agosto, decidió incluir nuevas cláusulas para que las compañías del PAE puedan sostenerse ante las alzas en los precios de los alimentos.

“No nos puede pasar que por la inflación o los altos costos, la calidad se vea mermada o que las empresas tengan la necesidad de ir generando un ahorro tal, que ponga en riesgo, por un lado, la operación del servicio y, por otro, la calidad de lo que se entrega”, dice la directora.

Uno de los principales cambios es que el porcentaje del estimado total que se pagaba por anticipado a los concesionarios subirá de un 40% a un 60%. Rubio explica que solo los sueldos de las trabajadoras promedian cerca de un 50% de los costos, por lo que con esto buscan dar estabilidad al servicio

Asimismo, el reajuste de precios que se realizaba cada tres meses, ahora podrá ser mensual si es que el Índice de Precios de Alimentos (IPA) acumula un incremento anual superior al 8%. A octubre, esta cifra ascendía a un 22%.

Transparencia

Otra de las modificaciones sustanciales de la nueva licitación es que los prestadores deben informar quiénes son sus beneficiarios finales, esto es, las personas naturales que posean directa o indirectamente, una participación igual o mayor al 10% del capital o de los derechos a voto de la firma.

Con esto, Junaeb busca abordar el problema del multirut. “Dado los altos montos de las licitaciones, muchas veces se cuestiona la transparencia y los conflictos de intereses. Con esto podemos conocer quién está detrás y asegurar que no es una misma personas con distintas empresas”, afirma la directora.

Por otra parte, se introdujo una “banda de precios”, es decir, un intervalo de valores con que las compañías pueden ofertar al servicio.

Según Rubio, las últimas licitaciones se habían enfocado solo en el precio, lo que, si bien permitía aumentar la cobertura, limitaba las mejoras en la calidad del programa.

“Lo hacemos más competitivo, porque si las grandes empresas se van por volumen, van a ofertar a precios muy bajos. Esto hace que sea más competitivo para empresas medianas y pequeñas”, argumenta.

“Ser más realista”

En 2017, Junaeb lanzaba el “laboratorio gastronómico”, equipo de chefs y nutricionistas que buscaba modernizar el PAE e introducir nuevos recetas para los escolares. En esta licitación, ya no está contemplado.

“Era un buen proyecto, pero cuando una lo miraba en la oficina. Cuando lo llevas a la escuela no funcionaba (…) Si tú piensas en un omelet, es rico y es distinto, pero es inviable preparar 600 en una escuela. Se trató de ser más realista y conciliar las realidades territoriales”, ejemplifica la actual directora.

Por otro lado, la titular del servicio agrega que con esta licitación también buscarán dar los primeros pasos para que el PAE se haga cargo de sus externalidades medioambientales, considerando temas como el reciclaje y el uso de residuos, además de seguir exigiendo que un 5% de las compras se realicen a productores locales.

La semana pasada, Junaeb finalizó anticipadamente su contrato con Ecoimport y LMA –dos empresas de propiedad de Ángelo Castiglione-  que prestaban servicios al PAE en la Región Metropolitana.

Rubio afirma que estas empresas tuvieron desabastecimiento en las bodegas y que “en algunos casos las manipuladoras de alimentos nos señalaban que incluso tenían que colocar plata de su bolsillo para comprar algunos productos”.

La directora relata que las compañías tenían sueldos sin pagar a las trabajadoras y que condicionaron el pago  de estos para ampliar el plazo que tenían para cumplir con estas obligaciones, actitud que Rubio define como “matonesca” y por la que decidieron finalizar los contratos.

Sin embargo, asegura que es un caso aislado y que “no tenemos situaciones como esta en el resto de las empresas (…) La mayoría ha respondido de la mejor forma y ha sido bastante responsable. Cada vez que nos hemos reunido han planteado sus puntos y creo que hay empresas que están trabajando de muy buena forma y con una muy buena disposición a mejorar el servicio y, obviamente, a que se cumplan también las garantías que ellos necesitan”.