La trastienda de cómo el Gobierno dejó a caer a la ministra de Bienes Nacionales tras polémica por la compra de la casa de Allende

“Esto es algo que no debió haber sucedido”.

De esta manera, la ministra del Interior, Carolina Tohá, resumió el sentir de gran parte del Gobierno, que a casi un año de terminar su mandato sufrió este lunes una nueva baja en el gabinete. Esta vez, producto de un error que debió haber sido detectado a tiempo en la fallida compra de una casa del exPresidente Salvador Allende para convertirla en museo.

Cerca del mediodía de este lunes, la vocería en La Moneda a cargo de la ministra (s), Aisén Etcheverry, contemplada en principio para detallar los énfasis del gobierno en la primera semana legislativa de 2025, daba un giro. Se comunicaba, en paralelo, por parte de Presidencia en escuetas seis líneas que el mandatario había solicitado la renuncia a la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval y agradecía su desempeño.

El conflicto generado por la vulneración a la Constitución que implicaba comprar la casa transgrediendo la prohibición de realizar contratos con el Estado que tienen los ministros y parlamentarios, teniendo a Maya Fernández, la titular de Defensa y nieta del exmandatario, como una de las propietarias del inmueble -al igual que la senadora e hija del exPresidente, Isabel Allende (PS)- ya habían colmado la paciencia en la sede del Ejecutivo.

A pesar de que Sandoval llegó a explicar personalmente lo sucedido, no fueron atendidos sus argumentos y pocos minutos después de bajar desde el segundo piso de La Moneda, se daba a conocer el pedido de renuncia de la militante del Frente Amplio.

Pero la salida de la periodista y exdiputada se comenzó a gestar el pasado viernes, cuando la histórica visita al Polo Sur del Presidente Boric junto a un equipo de ministros y científicos se vio opacada por la atención mediática del caso y las criticas transversales a la hoy frustrada adquisición, que bordearía los $ 1.000 millones.       

Se le abrió un nuevo flanco a La Moneda, a 13 meses de terminar el mandato de la actual administración, que vuelve a poner en tela de juicio los equipos a cargo de visar este tipo de decisiones y la experiencia para ejercer los cargos.

El Ejecutivo, en un intento de controlar los daños, centró la responsabilidad política en la extitular de Bienes Nacionales, repartición que estaba a cargo de gestionar la compra. Pero desde la oposición ya anticipan que exigirán que Fernández también asuma su responsabilidad política.  

Apoyo de la familia Allende

En un comunicado, la familia Allende se refirió al caso, señalando explicando que “adherimos al proyecto del Gobierno” y que “nuestra única motivación ha sido que la casa se transforme en un museo, como ocurre con los sitios republicanos simbólicos en tantas partes del mundo” y que “para el cumplimiento de este propósito, durante todo este proceso nos hemos atenido a los trámites indicados. Tal como compartimos en su momento la iniciativa, compartimos ahora la decisión de desistirse de la adquisición de la residencia familiar”.

“Horror jurídico”

El analista político y profesor de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, sostuvo que con la salida de Sandoval el Gobierno ha reconocido públicamente el error “achacando la responsabilidad política a la exministra de Bienes Nacionales, lo que concluyó con su salida del gabinete”, enfatizando que “el error fue demasiado grosero como para dejarlo pasar, toda vez que la propia Constitución prohíbe los contratos entre ministros o legisladores con el Estado”.

El experto sostuvo que nadie entiende cómo "este horror jurídico avanzó sin mayores trabas hasta casi convertirse en un acto formal e irreversible”, lo que hubiese traído peores consecuencias, como una acusación constitucional contra la ministra Fernández y la cesación en el cargo de la senadora Isabel Allende.

"Acá, definitivamente, no hubo intento de aprovechamiento o engaño. Simplemente, el caso fue producto de la incompetencia de los encargados de revisar estos procedimientos”, agregó.

Para el director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Marco Moreno, con lo sucedido “queda establecido que junto a las responsabilidades penales y administrativas, las políticas son cada vez más necesarias para garantizar el control la rendición de cuentas”.

Planteó que “el aprendizaje es que el Gobierno tiene que mejorar los mecanismos de control y asesoría tecno-política que evite estos errores auto infligidos”.