El actual embajador de Japón en Chile fue subdirector general y consejero en la agencia japonesa dedicada al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (TPP-11), por lo que conoce muy de cerca lo relacionado con el tratado multilateral, que su país fue el segundo de los 11 miembros en ratificar en julio de 2018.
La semana pasada, la Cancillería chilena envió finalmente la ratificación del acuerdo, con lo cual debería entrar en vigor dentro de dos meses para nuestro país.
“No es cierto que los inversionistas extranjeros puedan cuestionar o exigir el cambio de una política doméstica”.
-El proceso de aprobación y ratificación del TPP11 fue muy complejo y polémico acá en Chile. ¿Eso le sorprendió?
Chile ha tomado una decisión importante y difícil de una manera democrática sobre un tema en que hay diversas opiniones. También en Japón hubo muchas críticas, igual que en Nueva Zelanda, Australia o Canadá, pero todos consiguieron la aprobación de sus Congresos. Así que no fue una sorpresa ver que aquí también había cuestionamientos.
-Usted lleva muchos años trabajando en este tratado. ¿Cuáles son los beneficios específicos que puede aportar a un país como Chile?
El TPP-11 o CPTPP traerá tres beneficios para Chile, que los acuerdos bilaterales existentes no pueden materializar. En primer lugar, abrirá los mercados a Chile más profundamente que los acuerdos bilaterales de libre comercio. Por ejemplo, fui al Maule y visité la fábrica de carne de cerdo y me dijeron que no pueden aumentar la cuota de mercado japonesa porque Canadá y México ya han ratificado el TPP y sus aranceles son mucho más bajos. Lo mismo pasa con la carne de vacuno, el pollo, las naranjas, la miel y el salmón ahumado y otros rubros.
Lo segundo es que el TPP admite normas de origen en todo el tratado, lo que llamamos “made in TPP”, así que eso ampliaría las cadenas de suministro dentro de los países miembros. Por ejemplo, las empresas japonesas pueden extraer litio, y luego quizás quieran exportar a México una batería de litio fabricada en este país, para producir autos eléctricos allá y luego exportarlos Malasia, Singapur o Australia. Así que Chile es ahora parte de esa cadena de valor.
El tercer beneficio es que el TPP es un acuerdo global. Así que Chile puede esperar no sólo ampliar su comercio, incluido el digital, sino también más inversiones de los países del TPP y utilizar más servicios financieros.
-¿Por eso es un tratado de nueva generación?
Sí. Es integral y progresivo. Integral significa que no es sólo comercio, también incluye los derechos de propiedad, los derechos laborales, la protección del medio ambiente, los servicios financieros, las compras públicas y otras cosas. Y progresivo, porque es el primer acuerdo económico multilateral del mundo que incluye el respeto de los derechos indígenas y la promoción de los conocimientos tradicionales. También es el único que tiene sanciones por violar la normativa medioambiental.
-Algunos dicen que da demasiado poder a las empresas frente a los Estados.
Eso es un malentendido. En Japón, después de que ratificáramos el TPP, muchas pequeñas y medianas empresas empezaron a utilizarlo, porque tiene cláusulas claras para proteger sus intereses, para prohibir el soborno y otras normas poco transparentes, es decir, les proporciona un entorno seguro. Y sé que Chile tiene muchas PYME, así que creo que ellas serán las verdaderas beneficiarias.
El segundo punto, que el TPP puede afectar a las políticas nacionales, es falso. Si el Gobierno chileno quiere cambiar una política -fiscal, laboral, medioambiental, etc.-, el TPP no será un obstáculo para las decisiones soberanas. Además, con la cláusula ISDS (solución de diferencias inversor-Estado), no es cierto que los inversores puedan cuestionar o exigir el cambio de la política doméstica. Han pasado cuatro años desde que ratificamos el TPP en Japón y no ha ocurrido nada parecido.
-¿Qué hay de la afirmación de que el TPP beneficiaría prinipalmente a los países desarrollados y no a las economías emergentes?
Es un acuerdo equilibrado, porque tiene debidamente en cuenta a todas las partes. Hay muchas cláusulas de excepción para proteger las políticas nacionales necesarias de las partes más pequeñas. Los países grandes, como Japón y Canadá, sólo tienen pocas excepciones.
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