El contexto
Chile podría enfrentar una crisis institucional inédita en los últimos 50 años: el término del mandato anticipado de un presidente de la República. Luego de más de un año de investigación, donde se revisaron 11,9 millones de documentos a nivel global, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por su sigla en inglés) publicó el domingo los Pandora Papers. En el caso chileno, los antecedentes no eran del todo nuevos: los datos habían sido publicados por la prensa chilena en 2017 –por radio Biobío, meses antes de la presidencial donde Piñera ganó por segunda vez–; y el fiscal Manuel Guerra los conoció en su investigación del caso Exalmar y la arista que comprometía al proyecto minero Dominga, que terminó con el jefe de Estado absuelto, en un fallo ratificado por la Corte Suprema.
La espectacularidad de la investigación periodística global, sin embargo, cayó en Chile a siete semanas de las presidenciales y parlamentarias y apuntó al gran talón de Aquiles del Presidente: la siempre compleja relación entre sus negocios y la política –cierta opacidad entre los límites–, que lo ha marcado desde antes de asumir su primera administración y que no ha sabido cerrar.
La Fiscalía
El Fiscal Nacional, Jorge Abbot, instruyó el lunes a la Unidad Anticorrupción estudiar los datos divulgados sobre la transacción entre la familia Piñera y el empresario Carlos Alberto Délano en las Islas Vírgenes Británicas para decidir si ameritaban la apertura de una causa penal. Aunque para La Moneda se trataba de un asunto juzgado –ha sido uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno–, las críticas apuntaban a que el fiscal Guerra no habría ahondado en la cláusula específica de mayor controversia, es decir, que el último pago por Dominga habría estado condicionado a que el sector no se declarara zona de exclusión. Luego de 72 horas, ayer trascendió que la Fiscalía abriría una causa penal contra Piñera porque el contrato original de compraventa no habría estado incluido en investigación de 2017. Es decir, que, aunque Guerra tenía la información en el marco de su indagatoria, no accedió al documento original en inglés, que fue publicado en el marco de los Pandora Papers (un asunto que, por cierto, La Moneda refuta).
De concretarse, Piñera cerraría su segundo mandato con la Fiscalía investigándolo por figuras como el cohecho.
Acusación en el Congreso
En menos de 48 horas la oposición anunció una acusación constitucional contra Piñera, en una iniciativa liderada por diputados que aspiran a llegar al Senado, como Marcelo Díaz (Frente Amplio), Gabriel Silber (DC) y Daniel Núñez (PC). No hubo espacio para las voces internas que llamaban a la moderación, porque los papeles aterrizaron en Chile en un terreno delicado: con una escena política confusa y múltiple, con varios niveles jugándose en paralelo –como la aprobación del cuarto retiro del 10% a los fondos de pensiones, que tiene alerta al mercado–, a siete semanas de las elecciones, con un Congreso atomizado donde parlamentarios se juegan su respectiva reelección o paso a la Cámara Alta y con un cuestionable liderazgo de los candidatos a La Moneda.
El plan de la oposición contempla ingresar la acusación la próxima semana para votarla antes de la elección del 21 de noviembre.
Al margen del debate sobre la pertinencia de una acusación contra Piñera, los parlamentarios han optado por acelerar el trámite, pese a que la legislación permite que se presente en los seis meses siguientes a su expiración en el cargo, lo que evitaría una crisis institucional en medio de las elecciones y un cambio de gobierno.
El antecedente
Luego del estallido de hace dos años, la Cámara estudió una acusación constitucional que buscaba la destitución de Piñera. El 12 de diciembre de 2019, por 79 votos a favor y 73 en contra se aprobó la cuestión previa, con lo que quedó rechazada la acusación que apuntaba a su eventual responsabilidad en “las graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes del Estado” durante la revuelta. Es decir, estuvo a solo seis votos de que avanzara.
Actualmente, los cálculos apuntan a que podría avanzar en la Cámara de Diputados (para declararla ha lugar, se necesitará el voto de la mayoría de los diputados en ejercicio). El asunto se complejiza en el Senado, donde la declaración de culpabilidad debería pronunciarse por los dos tercios de los senadores en ejercicio. Dado el actual contexto político, sin embargo, a estas alturas no se puede descartar que los vientos ampujen la acusación en la Cámara Alta, que ha sorprendido con determinadas decisiones, como en las discusiones de los retiros de los fondos de pensiones. No se debería dar por descontado que cuente, incluso, con el apoyo de algún parlamentario oficialista.
La polarización en la recta final
Las esquirlas en la presidencial serán evidentes. De partida, porque la acusación polarizará todavía más la recta final de la campaña, que se encuentra ya polarizada. La carrera a La Moneda, que debería centrarse idealmente en los programas de futuro, terminará versando en torno a la acusación contra Piñera.
El caso será un tema seguro del debate presidencial del próximo lunes 11 y complicará evidentemente al candidato oficialista, Sebastián Sichel, con el que el Gobierno tiene una relación quebrada por sus críticas al Presidente en el marco de los Pandora Papers. En la misma línea, existen serias dudas de que una acusación resulte conveniente para Boric, que lleva la delantera en la carrera a La Moneda: a nadie que pretenda gobernar le convendría recibir a Chile con una institucionalidad en crisis, aunque el diputado ha adelantado que no tendría problemas con apoyar la acusación. Este asunto afecta a Piñera y a su sector, por cierto, pero el término anticipado de un mandato y siquiera la posibilidad de que una salida se concrete antes del 11 de marzo tiene consecuencias políticas difíciles de dimensionar.
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