Cuando el 4 de septiembre la ciudadanía rechazó por una amplia mayoría la propuesta de Constitución redactada por la convención, el presidente Gabriel Boric con su cambio de gabinete en las horas sucesivas pareció haber comprendido que la gente demandaba hacia su gobierno un nuevo ciclo, concentrado en la solución de urgencias como las crisis de la delincuencia y la económica. Es lo que aseguró el propio mandatario y sus principales nuevos ministros, como la titular de Interior, Carolina Tohá. Pero el diseño político que se inauguró en la última etapa de este 2022, completado con Ana Lya Uriarte en la Segpres, no ha sido suficiente como para enmendar las deficiencias estructurales de la actual administración –como la falta de experiencia, entendimiento del poder y las dificultades para entenderse con los otros poderes del Estado–, como quedó en evidencia esta semana con la nueva derrota del Ejecutivo en el Senado con la segunda fallida nominación del Fiscal Nacional.
Pese a que el orden público se ha instalado como la principal urgencia de la ciudadanía (42% piensa que la delincuencia y la violencia criminal puede debilitar al Gobierno, de acuerdo a la encuesta Data Influye), La Moneda no ha logrado destrabar la nominación del Fiscal Nacional, una institución que en una semana cumplirá tres meses con jefe subrogante.
¿Por qué el Presidente Boric nominó a Marta Herrera si no tenía los 33 votos necesarios en el Senado? No existe una explicación clara y se sospechó que la estrategia era botar a Herrera para forzar una tercera votación en la Cámara Alta con una nueva quina nombrada por la Suprema. Incluso se pensaba en que La Moneda apostaba al llamado de un nuevo concurso. Pero esta maniobra no solo se trata de una jugada arriesgada, sino demasiado sofisticada. Ha sido descartada públicamente, de paso, por portavoces del Gobierno, como la ministra Tohá.
Si la estrategia era nominar a Herrera y hacer pagar los costos a la derecha apelando al machismo –como se intentó de parte del oficialismo–, francamente fue una jugada destinada al fracaso.
Boric habría sido informado que los votos estaban en el Senado y que, si peligraban, peligraban de igual manera que los otros candidatos. “Con el respeto que me merece como persona, el paso que debiera dar ahora es presentar su renuncia”, escribió Carlos Maldonado, exministro de Justicia, integrante del partido Demócratas, dirigiéndose a la ministra Marcela Ríos, que ha liderado las conversaciones junto a Uriarte. “Porque, o usted ha gestionado ya dos propuestas fracasadas, o el Presidente ha decidido dos veces sin considerar su opinión. En ambos casos, el camino es el mismo”, dijo Maldonado en referencia a una de las ministras que ha quedado en el centro de la controversia.
En este punto, un asunto complejo: existe en el gobierno cierta desconfianza de la representatividad que los propios senadores oficialistas –sobre todo de la comisión de Constitución– tienen sobre sus respectivas bancadas. Con el análisis certero de la fragmentación de las fuerzas políticas en el Parlamento, definitivamente no se creyeron las advertencias y se apostó, sobre todo, a los compromisos adquiridos por las ministras Uriarte y Ríos.
Pero, definitivamente, en este proceso volvieron a fallar los termómetros políticos y la capacidad para cerrar acuerdos. Si el 30 de noviembre faltaron dos votos para la nominación de José Morales, en esta ocasión fallaron siete apoyos, aunque en el Gobierno aseguran que esta semana los descolgados oficialistas fueron menos.
De cualquier forma, las críticas cruzadas entre los senadores oficialistas y el Gobierno luego de la fracasada nominación de Herrera, no facilitan el clima político para lo que viene en 2023, como la tramitación de reformas sustanciales, como la tributaria y de pensiones.
Tensas relaciones
El episodio de esta semana deja en evidencia que las relaciones entre La Moneda y sus fuerzas en la Cámara Alta pasan por un momento especialmente delicado y que difícilmente lleguen a ordenarse de cara a los próximos meses. Es el asunto de fondo de la fallida nominación de Fiscal Nacional: el próximo año resulta fundamental para sacar adelante sus iniciativas.
No parece menor la tensión incluso entre los mismos senadores oficialistas: Pedro Araya, independiente PPD, criticó por misoginia y cobardía a Juan Ignacio Latorre, del Frente Amplio, por vincular el rechazo a Herrera con la exministra Javiera Blanco, pareja de Araya.
En La Moneda se observan ciertas fuerzas intestinas en el Senado que estarían pujando por la nominación de Ángel Valencia, el candidato que en la primera vuelta tenía los mismos 17 votos de respaldo de la Suprema que José Morales y que, sin embargo, el Gobierno no ha considerado pese a que habría contado con los respaldos transversales. Parte de este asunto fue deslizado esta semana por el propio Presidente, que abordó el choque de fuerzas entre algunos senadores y el Ejecutivo. “Esta votación tiene que ver con lo que la ciudadanía rechaza: disputas internas, gallitos con el Gobierno”, aseguró, no solo en referencia a la oposición, que había anunciado previamente su rechazo a Herrera.
El desorden interno del Gobierno quedó de manifiesto de nuevo esta semana cuando hubo declaraciones contradictorias respecto del papel de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, en un veto al candidato Valencia, que ha defendido a imputados por delitos sexuales. La militante del Frente Amplio había desestimado estas versiones, pero la propia Ríos, en una declaración que luego matizó, dijo ante el Senado: “Las organizaciones de mujeres que luchan contra la violencia de género y la propia ministra (Orellana), que tiene un mandato específico de preocuparse por esas materias, manifestaron una preocupación”.
Algo huele a descompuesto y este escenario lo completa la relación entre el Gobierno y la Corte Suprema, tirante a partir de este episodio. Días antes de la votación, la ministra vocera, Camila Vallejo, advirtió que sería “un fracaso de los tres poderes del Estado” un eventual rechazo del Senado a la nominación de Herrera como Fiscal Nacional. Esta declaración hizo reaccionar hasta el inalterable presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, que aseguró: “No tenemos ningún fracaso en el Poder Judicial. Hemos cumplido con todas nuestras obligaciones”.
Con la percepción de que el Ejecutivo busca que el fracaso no solo recaiga en La Moneda, la ministra portavoz del máximo tribunal, Ángela Vivanco, reiteró tras la fallida votación: “Nosotros no hemos sido partícipes de ninguna derrota”.
A su vez, en el Gobierno no cayeron bien las declaraciones de Vivanco de hace algunas semanas, cuando aseguró que los que postulan al cargo “no son necesariamente los mejores, sino los valientes”.
No calmó la situación las declaraciones de Herrera en CNN luego de su fallida postulación. La que fue desde el comienzo la candidata del Gobierno a la Fiscalía Nacional no dejó títere con cabeza esta semana y en el Senado algunos respiraron con cierta sensación de alivio porque no haya conseguido los 33 votos.
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