Cerrar la modernización del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea es una prioridad de la política exterior del Presidente Gabriel Boric, y hacerlo en el plazo original -este mes- es parte de la meta. Un objetivo que a fines de octubre la canciller Antonia Urrejola reafirmó que se logrará, al asegurar que “de aquí a fines de noviembre vamos a estar listos”.
Y es que, en las últimas semanas, los equipos negociadores habrían logrado destrabar los dos puntos que el Gobierno definió como “líneas rojas” para suscribir el acuerdo, se comenta en Cancillería. Desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), liderada por José Miguel Ahumada, dicen que las conversaciones “van avanzando satisfactoriamente, a buen ritmo y según el cronograma definido en mayo”.
Precisan que en las próximas semanas están contempladas nuevas reuniones virtuales en pos de llegar al cierre político del acuerdo, y si bien recalcan que no pueden entrar en detalles, se declaran “muy satisfechos con los resultados que se han ido alcanzando en temas muy importantes para Chile”.
La primera “línea roja” para el Ejecutivo estaba en el artículo sobre export pricing en el capítulo de Energía y Materias Primas. El punto es parte de la “plantilla negociadora” de la UE en los últimos años, y también fue complejo para la administración anterior. Con él se busca prohibir el uso de instrumentos de precios preferenciales en el mercado nacional con respecto al internacional, explican quienes han participado de las negociaciones.
La alerta que se levantó en Teatinos 180 fue que esto podría limitar la gestión de materias primas como el litio -clave en el programa de Gobierno-, ya que Chile no podría ofrecerlo a un precio menor a empresas que agreguen valor en el país, como ocurre con las concesiones de Corfo con Albemarle y SQM.
Pero el equipo negociador nacional habría conseguido que se reescribiera, en dicho artículo, el párrafo que contiene la excepción que permite a Chile usar el instrumento para agregar valor en sectores industriales emergentes en el país. Y, se habría cambiado en el anexo la regulación de la misma.
El segundo intransable para el Gobierno era, en el capítulo de Inversiones y Comercio de Servicios, el punto que planteaba exigir a los inversionistas un nivel de investigación y desarrollo (I+D) antes de establecerse, en el artículo de requisitos de desempeño.
En los capítulos de inversiones hay una obligación llamada requisitos de desempeño, que dice que los Estados no pueden condicionar la llegada de una inversión extranjera a que la misma cumpla con determinadas condiciones o requisitos, cuenta alguien familiarizado con las negociaciones.
Si bien Chile acepta estas condiciones en sus acuerdos, para esta modernización la UE incluyó lo relativo a I+D. La administración anterior estableció una reserva para no tener que cumplir plenamente con el requisito, pero el Gobierno la consideró insuficiente, y se apostó por eliminar el punto del tratado, algo que se alcanzó hace semanas.
Los otros puntos
Otro tema visto como un problema en Cancillería era el split, con el que la UE buscaba dividir el acuerdo en tres: uno comercial, uno de cooperación y uno político. Los negociadores nacionales habrían cedido el punto, pero con cambios.
Uno es que, cuando entre en vigor el acuerdo de inversión -que debe ser ratificado por todos los parlamentos- el tratado se reunificará. Pero, esto puede tomar años.
El segundo es que Chile suele negociar que los capítulos de servicios financieros sean autocontenidos, o sea que se aborde todo sobre ellos en el mismo capítulo. Con el split esto no ocurría, y la solución fue replicar el punto en la parte comercial y de inversiones.
Aunque no era una “línea roja”, otro tema valorado -se comenta en Cancillería- es que se habría acordado una mención expresa a la “justa representación de género” en la corte de inversiones, lo que conllevaría a un tribunal paritario.
En Teatinos 180 también se percibe como “una mejora” lo acordado sobre demandas reconvencionales. El término es el nombre legal para las contrademandas que un Estado puede hacer a un inversionista, y si bien la figura no suele recogerse en los acuerdos de Chile, la administración anterior había dejado plasmada la inquietud a nivel general, en la negociación del mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado.
Quienes conocen el tema dicen que lo complejo es determinar las obligaciones que el inversionista habría transgredido para que el Estado pueda demandarlo. Ahora, lo que habría logrado el gobierno es que la comisión administradora del acuerdo podrá hacer interpretaciones vinculantes en línea con los avances del derecho internacional, para incluir nuevas materias.
Otros aspectos acordados se refieren a la propiedad intelectual -se incluye el concepto de “nueva entidad química”- y al requisito de desempeño de ubicación de una casa matriz y la promoción de su industria en regiones.
Todo un cuadro de diálogo que sienta las bases para avanzar hacia la conclusión del proceso de modernización y sobre el cual se espera un pronunciamiento oficial de la Unión Europea en las próximas semanas.
Lo que viene hacia adelante:
revisión legal y discusión parlamentaria
Desde la Subrei explican que, cuando concluyan las conversaciones entre los equipos, el paso siguiente es el cierre político, también conocido como “acuerdo en principio” (agreement in principle).
Luego vendrá la revisión legal de los textos. Y, por reglamentaciones internas de la UE, el Acuerdo modernizado deberá ser traducido a todos los idiomas oficiales del bloque para, posteriormente, ser firmado por las autoridades.
Concluido ese proceso, las autoridades presidenciales o ministeriales de ambas partes deberán suscribir el acuerdo.
Luego el tratado deberá ser discutido y aprobado por el Congreso chileno, por el Parlamento Europeo y por los parlamentos nacionales y subnacionales europeos, según corresponda.
Finalmente, será el turno de la ratificación y promulgación del Acuerdo de Asociación modernizado.
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