Álvaro Elizalde: “Estamos realizando una evaluación acuciosa de las glosas presupuestarias que constituyen excepciones”
El secretario de Estado aborda la necesidad de alcanzar un pacto fiscal, lamenta los condicionamientos de la UDI para sentarse a conversar y asegura que en el caso convenios no habrá impunidad.
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El ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, nos atiende en su oficina de La Moneda luego de reunirse con el titular de Agricultura y previo a otro encuentro con Interior: “El gobierno no para”, afirma la autoridad frente a su escritorio con diversas carpetas con el seguimiento a diversos proyectos de ley en trámite legislativo.
Señala la importancia de avanzar en el pacto fiscal para el desarrollo, pero también adelanta cambios en la próxima ley de presupuestos 2024 para cerrar los espacios a “vulnerabilidades” detectadas en los traspasos de recursos públicos a fundaciones afirmando que no existirá “impunidad” para quienes hayan cometido delitos.
“No hay razón para estar desilusionados, el Presidente de la República ha sido explícito respecto de que aquí no habrá ningún tipo de defensa corporativa”, dice sobre caso convenios.
- ¿El pacto fiscal marca una nueva hoja de ruta del Gobierno? Tienen que enfrentar un Congreso en minoría y una oposición férrea.
- El Pacto Fiscal para el Desarrollo es una iniciativa que se enmarca dentro de los compromisos del Gobierno, pero que además da cuenta de la necesidad de contar con recursos para financiar una serie de necesidades sociales. Estamos hablando de una propuesta que es integral y esperamos que, como resultado del diálogo con los distintos actores, podamos concurrir a un entendimiento sustantivo que nos permita avanzar en esta materia. En las próximas semanas vamos a insistir en este diálogo para finalmente arribar a una propuesta específica que será sometida a consideración del Congreso.
- ¿Cuál es la estrategia legislativa considerando que hay que esperar un año para presentar normas que ya fueron rechazadas?
- Me parece que lo fundamental primero es ponernos de acuerdo en lo que queremos y luego vamos a adoptar ciertas decisiones respecto del mejor procedimiento para avanzar en la aprobación legislativa, tomando todos los resguardos necesarios para cumplir con las normas que establece la Constitución.
- Se busca recaudar mayores recursos, pero ¿cuál es el compromiso del Gobierno considerando el caso convenios?
- Un componente fundamental del pacto fiscal es la modernización del Estado. Ello implica establecer todas las medidas necesarias para mejorar los estándares de gestión pública y garantizar que todo peso de gasto fiscal esté bien gastado. En lo que se refiere al caso de convenios, el Gobierno ha comprometido el total esclarecimiento de los hechos. Toda acción reñida con el principio de probidad; y todo delito, de acreditarse, no puede quedar en la impunidad.
Adicionalmente, estamos trabajando en una serie de iniciativas para cerrar las brechas de vulnerabilidad que se han detectado con motivo del llamado caso convenios.
- ¿Qué medidas?
- La regulación del lobby y de los conflictos de intereses y todo lo que se refiere a destinatarios finales, así como al traspaso desde el sector público al privado y viceversa, de los profesionales que se han desempeñado en ambas áreas. Por tanto, es una agenda bastante ambiciosa que se enmarca dentro del Plan Nacional de Integridad que ha definido el Gobierno y estamos realizando una evaluación acuciosa de todas las glosas presupuestarias que constituyen excepciones al principio de concursabilidad de la Ley de Presupuesto. Debemos consagrar que siempre las decisiones de toda autoridad para la realización de tareas por instituciones privadas con recursos públicos se realicen sobre la base de criterios objetivos y no discrecionales.
- ¿En todo este debate algunos han planteado que quizás esta flexibilidad que entrega la Dipres en esta nueva ley de los gobiernos regionales podría ser reestudiada?
- Obviamente, estamos haciendo el catastro respecto de todas las brechas de vulnerabilidad existentes. Pero también quiero ser enfático sobre este punto, porque he leído que algunos responsabilizan a las modificaciones de la Ley de Presupuesto del año 2022 por el llamado caso convenios, cuando en rigor, los hechos denunciados que se han investigado corresponden precisamente al año 2022 y, por tanto, las decisiones se adoptaron en el marco de la Ley de Presupuesto del año 2021, cuando aún no asumía el nuevo Gobierno.
Ahora, más allá de esta tentación de algunos de traspasarse cuentas entre uno y otro sector político, nosotros creemos que aquí se requiere una mirada integral y constructiva que permita realizar un diagnóstico respecto de cuáles son las brechas de vulnerabilidad y la forma en la cual debemos cerrarlas. Y, en ese contexto, estamos revisando de manera acuciosa la Ley de Presupuesto para que en la propuesta que haremos para septiembre se consideren todas las mejoras necesarias.
“Es una mala excusa”
- El Presidente ha rechazado la postura de la UDI de pedir la salida del ministro Giorgio Jackson para poder dialogar. ¿Cómo se supera esta situación?
- Me parece inadecuado que bajo la lógica de chantaje se ponga como requisito para participar de un diálogo que es necesario para el país. En Chile quién determina la composición del gabinete es el Presidente. Me parece una mala excusa. La pregunta debe ser ¿por una pelea política en que no les gusta tal o cual ministro a un sector político vamos a renunciar a nuestro compromiso de resolver el drama de las pensiones o por el contrario, vamos a actuar con la responsabilidad que corresponde?.
- ¿Qué le parecieron las declaraciones del timonel de la CPC que llamó al Gobierno a tomar medidas para destrabar el diálogo político?
- La voluntad de diálogo del Gobierno es clara, no solo con el mundo político sino también social. Son otros los actores políticos que se han negado a conversar, buscando todo tipo de excusas. Esperamos que cambien y actúen con responsabilidad.
- ¿Y qué le dice a las personas que votaron por el Gobierno y que sienten un poco de desilusión con situaciones de malas prácticas de se supone se venían a erradicar?
- No hay razón para estar desilusionados, el Presidente de la República ha sido explícito respecto de que aquí no habrá ningún tipo de defensa corporativa; y, al contrario, el compromiso del Gobierno es que estos hechos sean esclarecidos y que se apliquen las sanciones correspondientes. En la historia de Chile ha habido múltiples hechos de corrupción. Necesitamos, por tanto, promover una actualización de nuestra legislación para contar con mejores herramientas que desincentiven estos hechos.
Las instituciones correspondientes deben llevar adelante investigaciones y de decretarse delitos, se apliquen las sanciones que establece la ley, el Gobierno es contrario a toda forma de impunidad que pudiera pretender aplicarse respecto a estos hechos.
Reforma de Pensiones: “Si fracasa, el perjuicio no será para el Gobierno”
El ministro Elizalde defiende lo que ha sido la postura del Gobierno sobre el tema previsional. Y su punto de partida es el diagnóstico compartido en la sociedad chilena desde hace ya mucho tiempo de que el país requiere un nuevo sistema de pensiones “para transitar -señala- hacia un verdadero sistema de seguridad social”. Añade que “la propuesta del Gobierno es sólida desde el punto técnico y, adicionalmente, considera elementos de solidaridad que nos parece que son fundamentales para que el aumento de las pensiones sea el mayor posible. Estamos escuchando la mirada de otros sectores políticos en el esfuerzo de construir una mayoría para sacar adelante esta reforma. Por tanto, si este intento fracasa, tal como ocurrió con intentos anteriores, el perjuicio no va a ser para el gobierno, sino que va a ser para los pensionados de nuestro país.
El secretario de Estado plantea que la idea original del Ejecutivo era que toda la cotización adicional se mirara con criterios de solidaridad, porque eso -argumenta- permite que las pensiones tengan un aumento mayor en su monto y que el aumento sea aplicable en lo inmediato. Pero como hay voluntad de entendimiento a través de la ministra Jeannete Jara, se ha manifestado la disposición para una distribución distinta con un 2% que pudiera destinarse a capitalización individual, “ya se dio un tiempo para arribar a acuerdos básicos en una mesa técnica que está liderando la ministra del Trabajo y terminado ese proceso, vamos a hacer propuestas adicionales en el marco de generar un entendimiento en esta materia”.