El sociólogo Octavio Avendaño, académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, explica que "el fenómeno de la desafección hacia el sistema político" se registra hace tiempo en nuestro país. Mientras que entre 1958 y 1973 la tendencia era al aumento de la participación electoral –comenta–, desde 1988 a la fecha solo ha disminuido, con el récord de abstención en las últimas elecciones de gobernadores (solo sufragaron dos de cada 10 convocados). Firme partidario del voto obligatorio en el debate de hace una década, el doctor en Ciencia Política de la Università degli studi di Firenze analiza: "A partir de ese momento, el sistema explosiona. Si la tendencia era a la baja en la participación, con el voto voluntario se hizo crónico el fenómeno. La elección que le permitió llegar a Michelle Bachelet por segunda vez a La Moneda fue con baja participación, sobre todo en la segunda vuelta. Lo mismo ocurrió en 2017".
–Se decía que la gente no participaba porque el sistema político chileno no era competitivo...
–Sin embargo, a partir de 2009 observamos una tendencia hacia el aumento de la oferta programática, con la irrupción de MEO y luego del Frente Amplio, que en 2017 se consolida como una tercera fuerza, con casi el 20% de la representación en la Cámara de Diputados. Pero no se produce lo que esperaba: el aumento de la oferta no generó un mayor incentivo a la participación.
–Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
–Hay factores arraigados y estructurales en la población, como la baja confianza en las instituciones y un desinterés completo por la política. Hay un segmento de la población a la que no la van a movilizar con nada y que no va a ser movilizable por ninguna fuerza, porque hay descredito hacia todo. Hacia lo que significa el funcionamiento del sistema democrático, incluso la presencia de opciones. Hay un fenómeno de descrédito, de desconfianza, de apoliticismo, muy notorio en la población.
–Hay quienes dicen que no se trata de un desinterés hacia lo político, sino a la forma de hacer política desde los partidos...
– El fenómeno del antipartidismo está muy arraigado en Chile. Había desaparecido y emerge en los últimos años a través de fuerzas políticas que buscan irrumpir para ser integradas al sistema, como una parte del Frente Amplio que usa este recurso para desplazar a los partidos tradicionales. Lo mismo que la Lista del Pueblo, aunque también hay un antipartidismo de sectores de la derecha, como ocurrió con Errázuriz a inicios de los años noventa, con Lavín a fines de la misma década, con Kast en los últimos años y con quienes, siendo parte de ese sector, consideran que los temas de interés públicos se resuelven a través de soluciones técnicas y no políticas. En definitiva, el sistema en su conjunto se alimenta de un discurso que contribuye a acentuar el descrédito hacia la política, los partidos y las instituciones democráticas.
–¿Cuál es el riesgo?
–El gran riesgo, que no es menor, es que nos vamos a enfrentar a procesos de cambios bajo condiciones de precariedad institucional. El escenario político chileno está marcado por la volatilidad y cambia con las horas. Un día el problema es la DC, otro día es el PS, otro día es la alianza de gobierno, otro día el Frente Amplio, otro día es el PC. Pero todos los días observamos alzas y caídas de los grupos políticos que se refleja en términos electorales. Lo que ocurre en las elecciones de mayo no se refleja en junio y, con probabilidad, los resultados de las últimas elecciones no se van a proyectar hasta fin de año. Hasta las elecciones parlamentarias y presidenciales habrá seguramente muchos eventos que van a alterar el mapa político.
–¿Qué ocurre con el resto de las organizaciones representativas?
–Ni el mundo sindical, ni los colegios profesionales ni las federaciones estudiantiles están convocando. La FECH no logra un quórum superior al 25% para sus elecciones internas. Y ningún dirigente sindical fue electo para la convención, ninguno. Mientras, la capacidad de los partidos es débil para movilizar y no quiero decir que haya que reemplazarlos, todo lo contrario. Manifiesto de manera enfática que hay que fortalecerlos y que no tiene sentido seguir creando en Chile más partidos alternativos.
–¿Cómo explica el éxito de la Lista del Pueblo en las constituyentes?
–El debilitamiento de los partidos es organizativo. Hoy no hay ningún partido en Chile que sea nacional, como la DC a comienzos de los 90. No hay ninguna colectividad tradicional que tenga representación en las regiones extremas. Ese fue el primer síntoma de la desnacionalización de los partidos. Los partidos se han transformado –y esto explica en parte el éxito de la Lista del Pueblo– en estructuras que funcionan a nivel local, que pueden responder a demandas locales, pero no son capaces de convocar a escala nacional.
–¿Qué opina que se le haya dado facilidades a los independientes para postular a la convención y que algunos sectores lo intenten replicar con miras a la parlamentaria?
–La inclusión de los independientes estuvo bien para la convención. Pero es distinto el papel de los independientes en este momento crucial al que puedan tener en momentos de regularidad del funcionamiento del sistema político. Por una razón. ¿A quién le rinden cuentas los independientes? Tener parlamentarios independientes sería exponerse a que empiecen a fallar los mecanismos de control de cuentas, que ya fallan. Un representante partidario rinde cuentas y si tiene un mal desempeño, va a sufrir un costo político. Pero con los independientes esta lógica se diluye completamente.
–¿Cómo se entiende el apoliticismo con una ciudadanía aparentemente movilizada?
–Existe una interpretación errada de pensar que la movilización de octubre de 2019 fue una movilización del conjunto del país. Efectivamente, se vieron muchos territorios involucrados y hubo movilizaciones, paralizaciones y huelgas en todas las ciudades y pueblos, incluso en los lugares más recónditos, pero no estamos hablando de la población en su conjunto. ¿Qué pasa con los seis millones de habitantes de Santiago que no fueron a la marcha del millón y medio? Los que se involucran y se hacen artífices del proceso de cambio de cambio son muy pocos, es un segmento minoritario. El resto de la población que no se interesa en nada, pero tampoco se manifiesta. Entonces, hay grandes incógnitas: ¿qué podría movilizarlos? ¿cuáles son los intereses y expectativas que tiene esa población? ¿qué va a pasar con esa población en este proceso de cambios que iniciamos? Tenemos muchas interrogantes no resueltas.
–¿Cómo entender las señales aparentemente contradictorias del electorado? Luego del segundo Gobierno de Bachelet que empujó transformaciones levantadas en las movilizaciones de 2011, gana nuevamente Piñera.
–Esta extraña volatilidad es, a mi juicio, consecuencia de la inorganicidad que existe en el tejido social en buena parte de la sociedad chilena. Los centros comerciales estaban llenos 48 horas antes de las elecciones de gobernadores, pero, luego, nadie fue a votar.
–¿Cómo se lo explica?
–La clase política y sobre todo el mundo progresista no quiere reconocer que que existen expectativas sociales que no tienen relación al cambio estructural por una sociedad igualitaria, como uno quisiera. El común de los chilenos apuesta por tener más oportunidades en el mercado. No se puede desconocer que hay una atomización y un individualismo exacerbado en la sociedad, sobre todo en algunos segmentos, cuyas aspiraciones no apuntan a mayor igualdad, que era lo que empujaban las reformas de Michelle Bachelet. Las personas demandan oportunidades, pero incluso para distinguirse de sus vecinos.
–¿A qué se refiere con mayores oportunidades en el mercado?
–Con la modernización de los años noventa se generaron una serie de oportunidades para sectores medios, medios bajos y bajos, quienes accedieron a niveles de consumo inéditos en relación a las generaciones anteriores. Objetivamente, mejoraron sus condiciones de vida, vieron aumentar sus salarios reales, tuvieron acceso a la educación superior, a vivienda propia, a movilidad en el empleo, viajar fuera de Chile, etcétera. Parte importante de estos segmentos advierte ese cambio en términos cuantitativos y no cualitativo. No necesariamente pone en tela de juicio si la educación, la vivienda y el estilo de vida que hoy poseen es de calidad. Les preocupa el efecto del sobreendeudamiento, pero no están dispuestos a retornar a una vida restringida y austera. En otras palabras, si lo que se generó estuvo sustentado en el crédito fácil y en el sobreendeudamiento, preferirían que esas condiciones mejoraran a tener que compartir sus ahorros en un sistema de reparto, pagar más impuestos y renunciar a todo lo que accedieron sin ayuda del Estado.
–¿Algún ejemplo del último tiempo?
–La mejor demostración de todo esto fue el modo en que las personas reaccionaron ante la posibilidad del retiro del 10%. Aplaudieron una solución que era individual, pero no colectiva, pues a nadie le importó qué ocurría con aquellas personas que no habían cotizado o cotizado lo suficiente por el tipo de trabajo y de relación contractual que han poseído durante su trayectoria laboral.
–Lo que plantea hecha por tierra la idea de que el problema es la desigualdad...
–No necesariamente, porque se pone en cuestión el problema de la desigualdad cuando no se perciben opciones y oportunidades. Pero cuando esas oportunidades aparecen las personas olvidan las limitaciones y restricciones estructurales que han debido enfrentar.
–¿A qué se refiere cuando habla de la necesidad de distinguirse incluso con el vecino?
–Lo vimos entre los años 2014 y 2015, a propósito de la reforma educacional impulsada para poner fin al lucro y eliminación del copago. La pregunta que se hacían muchas personas era: "¿Qué pasará con la educación particular subvencionada?". O, "¿no me darán la oportunidad de escoger el colegio que quiero para mis hijos?". Esto porque existe la creencia de que al tener las nuevas generaciones acceso a una educación que no era pública, porque implicaba pagar una mensualidad, los hijos tendrían una mejor preparación y por ende tendrían mayores oportunidades. Además, en el caso de los sectores populares, porque enviarlos a otro colegio y no el del barrio permitiría no tener que mezclar a sus hijos con los del vecino o con el de aquellas familias que se sabe se dedican al microtráfico. Es la consecuencia que ha traído consigo la segregación social dentro de la ciudad y, por otro lado, la creencia de que todo lo que es público y es proporcionado por el Estado es malo, en cambio lo que es privado es mejor porque es el resultado de mi esfuerzo personal.
–¿La atomización y el individualismo de la sociedad chilena explicaría la multiplicidad de demandas diferentes en el marco de las revueltas?
–Totalmente cierto. Y lo vimos a partir del 18 de octubre de 2019, donde pudimos apreciar un movimiento que, además de inorgánico y carente de conducción, era muy diverso. Al inicio participaban y se involucraban desde los sectores medios altos (vimos protestas en Las Condes y Providencia) hasta quienes habitan en los barrios periféricos y populares del gran Santiago.
Algo similar se vio en el resto del país. Pero las demandas que convocaba eran distintas y no necesariamente lograban converger entre sí. Para algunos lo importante era reafirmar sus identidades, para las feministas la crítica al patriarcado, para los pueblos originarios todo lo relacionado con la dominación, para otros la desigualdad social, la clase política, el neoliberalismo. Una diversidad de demandas que iban desde mejorar sus niveles de vida deteriorados en los últimos años por efecto del sobreendeudamiento a quienes planteaban de plano un cambio total del sistema.
–El Congreso avanza en la reposición del voto obligatorio. ¿Qué opina?
–El voto obligatorio llega tarde. Soy partidario del voto obligatorio, siempre lo defendí. Pero en este momento el voto obligatorio sería un arma de doble filo, más que una solución. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a movilizar a ese 60 o 50% que no ha votado de manera regular.
–Pero ¿para una democracia no sería mejor saberlo?
–Sería bueno saberlo, pero tal vez ese 50 o 60% que no ha votado de manera regular se movilizaría por soluciones de tipo populista o autoritaria. Es riesgoso. Hace 15 años atrás era la solución más adecuada para resolver los problemas que se estaban evidenciando en el sistema político. Pero hoy día lo pongo en duda y, sobre todo, si en este momento particular es conveniente.
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