Presupuesto 2024: bancadas definen estrategia para un erario marcado por el caso Convenios

Se acerca agosto y con ello comienza a estrecharse el plazo para que comience la tramitación de la principal ley de la República: el proyecto de Presupuestos 2024, el segundo que elabora la administración Boric.

Esta semana, Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) entraron en la recta final del diseño, con la convocatoria a los comités de expertos del PIB no minero tendencial y el precio del cobre de largo plazo, dos de los insumos principales para calcular el espacio de gasto público. Los especialisas entregarán sus persectivas el 30 de agosto, un mes antes de que venza el plazo para ingresar el proyecto a la Cámara de Diputados.

El diseño del erario se produce en un contexto político complejo por los coletazos del caso fundaciones, que han vuelto a poner sobre la mesa la falta de control en el uso y traspaso de los recursos fiscales a entidades no gubernamentales.

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Por lo mismo, Hacienda buscará profundizar el esfuerzo del año pasado, cuando apuntó a reducir la cantidad de glosas presupuestarias en 28%, de un total de 2.602. En su mayoría, versan sobre solicitudes de información, algunas redundantes a ojos de Teatinos 120.

Y es que el diagnóstico del ministro Mario Marcel es que una reducción en la cantidad de glosas permitirá eficientar el gasto y un mayor control al destino y la ejecución de los gastos. Por esto, adelantó, para 2024 se trabajará con los parlamentarios en una disminución de 25%.

Los ejes de la oposición

El diputado UDI de la comisión de Hacienda, Guillermo Ramírez, espera un alza “significativa” en las platas para seguridad, así como un aumento “muy moderado” en el presupuesto total: “En las glosas nos preocuparemos especialmente de fiscalizar todo lo que sea susceptible de trato directo con la sociedad civil, para asegurar el correcto uso de los fondos públicos”.

Su par de Republicanos, Agustín Romero, dice que la bancada volverá a poner la lupa sobre lo que consideran un “gasto político” en áreas como Derechos Humanos, el plan “Buen Vivir” y los programas de reparaciones a víctimas del estallido social: “Queremos un mayor control a los programas con transferencias a fundaciones, como campamentos, salud, recuperación de barrios. Y lo que no se justifique, se rechazará”.

Bajo una lógica similar, Sofía Cid, diputada RN de la misma instancia, dice que además van a “buscar fórmulas para mejorar los mecanismos de fiscalización. También nos interesa potenciar los recursos en seguridad y control de la migración”.

El senador RN de la comisión de Hacienda, José García, cree que las partidas de Interior, Educación, Salud, Vivienda y Gobiernos Regionales concentrarán la discusión, pero lanza que las transferencias a fundaciones “serán parte importante del debate”.

De hecho, Luciano Cruz-Coke (Evópoli) dice que pedirá realizar un “barrido” de todas las glosas presupuestarias que contemplan transferencias a la sociedad civil, como Vivienda, Culturas, Educación y regiones: “Aspiramos también a generar ahorros que permitan aumentar gasto en inversión y promoción del empleo”, recalca.

La senadora de Demócratas, Ximena Rincón, señala que ofició a todos los ministerios para que informen sobre la forma, montos de asignación, fundaciones relacionadas. De los 24, solo ha respondido Bienes Nacionales.

Oficialismo pide más control y foco en ayudas

Este año será “muy crucial” la revisión de recursos que se transfieren vía directa y conocer desde la Dipres las medidas que se tomarán para “evitar el abuso que hicieron algunas fundaciones”, define el senador y presidente de la comisión especial mixta de Presupuestos, Ricardo Lagos Weber. Enfatiza que el foco del gasto debe apuntar a la eliminación de listas de espera en salud, así como a seguridad pública e infraestructura regional.

Su colega en dicha instancia, el senador Daniel Núñez (PC), también espera que el Gobierno haga un trabajo pre-legislativo con miras a modernizar los mecanismos de transferencias.

La presidenta de las comisiones de Economía y Trabajo del Senado, Loreto Carvajal (PPD), dice que junto con revisar las glosas para “disminuir” las asignaciones directas a Gobiernos Regionales, espera un erario que “reactive la actividad económica” y financie medidas que generen empleos.

La senadora DC, Yasna Provoste, adelanta que propondrá perfeccionar el artículo 23 de la ley, que establece la concursabilidad de las transferencias corrientes a instituciones privadas, “para que este criterio se extienda a las transferencias de capital y así disminuir las asignaciones directas que se vieron este 2023 en los Gobiernos Regionales, Desarrollo Social y Minvu”.

El foco de la presidenta de la comisión de Hacienda de la Cámara, Gael Yeomans (CS), será priorizar la reconstrucción post emergencias naturales, así como mejorar la inversión en prevención y capacidades. “También, mejorar la cobertura del programa Centros de Mujer, aumentar el gasto en atención primaria de Salud, incrementar los aportes a las viviendas ya existentes y otorgar más competencias investigativas contra los delitos”, enumera.

Por su lado, Jaime Naranjo (PS) espera que se sentencie un “nunca más” en la discusión respecto a permitir transferencia a privados sin control: “En términos generales, el Presupuesto debe estar orientado para ser pro crecimiento,inversión y empleo”, complementa.

Jaime Sáez, diputado RD de la comisión, considera que el eje debe ser tomar medidas para resolver la “incapacidad del mismo Estado” para resolver problemas sociales: “Hay estamentos en Salud, Educación y otros servicios que son críticos que tienen dotaciones muy limitadas y que han externalizado la provisión de servicios. Eso hay que revertirlo en el Presupuesto”.

El también integrante de Hacienda de la Cámara, Boris Barrera (PC), espera que el Gobierno sea “más riguroso e inflexible” con las glosas que permiten transferencias a actores privados, “para evitar que generen situaciones como las que hemos visto. Todo esto lo planteamos en su momento en la tramitación del Presupuesto 2023”.