El mensaje del Ministerio de Economía a los inversionistas españoles ad portas de la inminente presentación del proyecto sobre permisología

Dar certeza jurídica y agilizar el proceso de tramitación para los proyectos de inversión.

Esos son los objetivos de la Reforma Integral a la Tramitación de Permisos Sectoriales, que trabaja el Ministerio de Economía -y que ingresará prontamente al Congreso-, y sobre la cual un alto funcionario de la cartera expuso ante empresarios españoles en Chile.

En el marco del encuentro "Agenda País" que organiza la Cámara Oficial de Comercio Española (Camacoes), el jefe de la División de Fomento, Inversiones e Industrias del Ministerio de Economía, Nicolás Marshall, profundizó en los ejes centrales de la iniciativa.

Marshall explicó que la nueva institucionalidad que se está creando busca poner fin a los problemas económicos que se generan con la postergación de flujos futuros o de invertir sin tener los retornos a tiempo.

Así, como primer punto, explicó que la propuesta busca agilizar el proceso de tramitación para que se concreten inversiones en el país y entregar mayor certeza jurídica.

En esa línea, agregó que la iniciativa en elaboración crea un sistema de tramitación sectorial que hoy no existe, determina sus límites, define cuáles son los permisos sujetos a tramitación, los clasifica, da definiciones que hoy en día la normativa no tiene y crea una red de permisos que están desperdigados en la administración pública. Asimismo, incluye criterios de razonabilidad y de proporcionalidad.

Para conseguir dichos objetivos, explicó que la propuesta crea una nueva figura de gobernanza, que en concreto se trata de un ente que supervigilará el proceso de entrega de permisos y definirá una ventanilla única, que irá homogenizando y generando propuestas de mejora.

“Lo sustantivo de nuestro proyecto es la creación de una agencia que pueda gobernar un sistema nuevo, incluir los criterios de proporcionalidad y reemplazar permisos por declaraciones. Parte de los objetivos de la reforma es generar una estandarización en los tipos de permisos y proceso de tramitación. Esto generará eficiencias que permitirán reducir los plazos”, agregó el funcionario de la cartera.

Trabajo prelegislativo

Ante los asistentes del evento -entre los que figuraban Eva Flandes Aguilera, vicepresidenta Camacoes y rectora de Universidad SEK; Jorge Peralta, ministro consejero de la Embajada de España en Chile; Joaquín Martí,  director Camacoes; Virginia Font de Matas, gerente general de Camacoes; además de representantes de empresas socias del gremio-, Marshall explicó que la nueva institucionalidad que se está creando busca poner fin a los problemas económicos que se generan con la postergación de flujos futuros o de invertir sin tener los retornos a tiempo, pero también de otros problemas como son los costos sociales de las demoras en los permisos.

Además, planteó que se están realizando esfuerzos para que el proyecto ingrese al Congreso a fin de año con un acuerdo amplio, a través de un trabajo pre-legislativo. “Hay un acuerdo en el fondo, están las voluntades, pero hay temas complejos que no son tan sencillos de salvar como, por ejemplo, la creación de un servicio público y una agencia que implica gasto público. Pero sí creemos que debiera existir un acuerdo y esperamos que para este proyecto exista un fast track”, dijo.

Consultado por los asistentes sobre por qué no se incluyó en el proyecto también la tramitación ambiental, Marshall explicó que la razón de tramitar los permisos sectoriales y los ambientales por separados se debe a que permite avanzar más rápido en su aprobación. “Obliga a que el proyecto de medioambiente también avance y es por esa razón también que ambos proyectos ingresarán al mismo tiempo, pero de forma separada”, aseguró.

Marshall, además, explicó que esta reforma se enmarca en las propuestas de racionalización regulatoria del pacto fiscal que incluye: la reforma al Sistema de Evaluación Ambiental; la reforma a las Concesiones Marítimas; la reforma a la Ley de Patrimonio del Consejo de Monumentos y la reforma integral a la tramitación de permisos sectoriales. 

Durante el año, Camacoes ha realizado una serie de conversatorios en la Universidad SEK, entre los que destacan el evento con la ministra de Obras Públicas Jessica López, el ministro de Economía Nicolás Grau, el ministro de Energía Diego Pardow, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, y la directora del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán.

¿En qué se traduciría la reducción de los plazos para los permisos? Los positivos números que arrojó el análisis de los expertos

Un acortamiento de un tercio en los actuales plazos de permisos equivaldría, en promedio, a una baja de 3,7 puntos porcentuales del impuesto a las utilidades de las empresas afectas.

• El informe de la llamada comisión Marfán, que midió los efectos del crecimiento económico en las arcas fiscales y de algunas de las medidas impulsadas por Hacienda en el marco del pacto fiscal, partió de la base de que se cumplirá la reducción en un tercio de los plazos de permisos sectoriales propuesto por el Gobierno para lo que resta de su mandato.
  En este contexto, sus conclusiones involucraron dos dimensiones:
• 1. El adelantamiento del inicio de los actuales proyectos de inversión contenidos en el catastro de bienes de capital.
  Este efecto, señaló el análisis, considera que, al anticiparse los proyectos actualmente identificados, el Fisco también adelanta la recaudación del impuesto de Primera Categoría correspondiente.
• Así, los expertos estimaron que la duración promedio actual de los permisos de los principales sectores de inversión alcanza a 6,6 años. Un acortamiento de un tercio de este plazo aceleraría los ingresos fiscales asociados a esos proyectos. El valor presente de ese adelantamiento de la caja fiscal equivale a una perpetuidad de casi US$ 940 millones anuales, ó 0,27% del PIB de 2023.
• “Consideramos este cálculo una cota inferior de los efectos posibles”, señala el informe.
• 2. Los nuevos proyectos que podrían hacerse rentables al reducirse los plazos de permisos.
  En esta dimensión, los economistas estimaron que un acortamiento de un tercio en los actuales plazos de permisos equivaldría, en promedio, a una reducción de 3,7 puntos porcentuales del impuesto a las utilidades de las empresas afectas.
• De esta forma, la reducción de un tercio en el plazo de permisos implicaría un aumento del PIB de 2,4% en 10 años o de 0,24% anual, mientras que la mayor recaudación anual promedio ascendería a 0,32% del PIB, lo que significa unos US$ 1.339 millones, y la de las holguras fiscales a 0,21% del PIB, equivalentes a US$ 885 millones.