A lo largo de las dos últimas décadas, y en particular entre 2016 y 2019, Chile ha experimentado un notable incremento en su población migrante, lo cual ya está mostrando impactos en la actividad económica.
De acuerdo a un estudio de la fundación española PorCausa, en 2024 la población migrante contribuyó con un 10,3% del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile, superior a su peso poblacional (8,7%).
El documento fue elaborado por el director del área de políticas y desarrollo del Instituto de Salud Global de Barcelona, Gonzalo Fanjul, y el profesor asistente del departamento de economía aplicada en la Universitat de les Illes Baleares, Ismael Gálvez Iniesta.
Los autores señalan que este fenómeno migratorio “no se deriva únicamente de la intensificación del desplazamiento entre los países de la región latinoamericana, sino que responde a factores estructurales como la diversificación productiva, la configuración del mercado laboral y, sobre todo, el envejecimiento demográfico”.
Los economistas también calculan que desde 2018, la contribución migrante al PIB ha crecido tres puntos porcentuales (pp.), casi el doble que el incremento de su peso en la población.
Entre 2013 y 2023, casi el 50% del crecimiento del Producto se explica por la expansión de la población migrante, mientras que los trabajadores de origen local explican sólo el 18%, aseguran los autores.
A su vez, en los migrantes hay más personas en edad de trabajar (82,7% versus 66,6% en chilenos nativos), pero también tienen una mayor tasa de participación laboral (78,8% versus 67,4%) y una menor tasa de desempleo (7,1% contra un 8,7%).
También, los economistas recogen que en el periodo 2018-2023 la contribución de la productividad del trabajo al crecimiento del PIB fue más alta, “lo cual sugiere que la inmigración reciente no parece haber afectado negativamente la eficiencia laboral, más bien lo contrario”. La productividad media del trabajo creció más en 2018-2023 (0,8% anual) que en 2013-2017 (0,1% anual).
Efecto en las arcas públicas
Del lado fiscal, el informe revela que en 2023 los migrantes aportaron US$ 921 millones de impuestos netos al Estado, equivalentes al 0,3% del Producto, mientras que los chilenos contribuyeron con el 1% del PIB.
Cada migrante aporta en promedio US$ 604 netos al Estado, en comparación con los US$ 184 dólares per cápita de los nativos (3,6 veces más).
“Los migrantes consumen menos recursos públicos, con menor gasto en educación y transferencias sociales, especialmente en pensiones y subsidios de vejez”, afirman Fanjul y Gálvez Iniesta.
Por otro lado, calcularon que el costo fiscal de la población migrante irregular “se acerca bastante a cero”, y una regularización generaría beneficios netos para el Estado chileno de unos US$ 85 millones, equivalentes al 0,026% del PIB.
“La tendencia demográfica sugiere que la importancia de la migración sólo aumentará en el tiempo: con una natalidad en descenso (de 1,58 hijos por mujer en 2022, frente al 2,1 de tasa de reemplazo generacional) y un crecimiento acelerado de la población mayor de 65 años, el país se encamina hacia un escenario donde el déficit de mano de obra será estructural”, concluyen los economistas españoles.