Que la productividad vuelva a crecer a 1,5% anual, dejando atrás una década de estancamiento, fue la meta que planteó el Presidente Gabriel Boric en su primera cuenta pública. Luego, la semana pasada, reiteró la urgencia de implementar una agenda que aborde el tema, tras conocerse que este año la inversión caería un 4,8%, según el Banco Central.
Esta preocupación no es nueva, pero se siguen sumando antecedentes a la discusión: el Banco Mundial elaboró un “Diagnóstico del Sector Privado de País”, que afirma que “el proceso constituyente en marcha es una oportunidad para sentar las bases para que el sector privado sea un socio más fuerte en la construcción de una sociedad más inclusiva y una economía innovadora, más productiva y verde”.
El estudio, que se le presentó al ministro de Econonía, Nicolás Grau, destaca que mejorar la productividad, construir una economía basada en el conocimiento aumentando el apoyo a la innovación, y actualizar habilidades para mejorar la inclusión e innovación, son los temas transversales requeridos para alcanzar estas metas.
También reconoce restricciones transversales que impiden el crecimiento del mundo privado, centrándose en problemas relacionados con productividad, comercio, competencia, innovación, educación y habilidades, mercado laboral y mayor segmentación, y ecologización de la economía.
A partir de esto, identifica tres áreas que “ilustran el potencial del sector privado para apoyar una transición hacia una economía verde basada en el conocimiento”: desarrollo del hidrógeno verde, agricultura climáticamente inteligente y economía digital.
“El hidrógeno verde como
fuente de futuro crecimiento”
El estudio del Banco Mundial destaca que probablemente el hidrógeno de emisión cero -o hidrógeno verde- sea “un componente central de un futuro bajo en carbono”. Si bien resalta que Chile apunta a convertirse en un líder mundial en esta industria -aprovechando la abundancia y bajo costo de sus recursos de energía renovable- también identifica restricciones para el país.
Por ejemplo, alerta que este tipo de proyectos es riesgoso para los inversionistas, pues son intensivos en capital, tienen costos iniciales altos, y no son rentables cuando compiten con el hidrógeno gris, “a menos que se introduzcan suficientes impuestos o subsidios para el carbono”.
El reporte plantea como un objetivo estratégico clave diseñar e implementar mecanismos de financiamiento combinado para atraer inversión privada para infraestructura.
Para esto, en el corto a mediano plazo sugiere establecer pronósticos de las inversiones en infraestructura esperadas, requeridas bajo diferentes escenarios de adopción de hidrógeno verde, enfocadas en satisfacer los nichos de demanda.
También se propone implementar esquemas de remuneración en virtud de los mecanismos de asociación público-privada, y organizar “road shows” para promover la cartera entre los posibles inversionistas privados. Otra sugerencia es establecer mecanismos para la revisión continua de las necesidades de tecnología a nivel local, y desarrollar la regulación integral ambiental, sanitaria y ocupacional, entre varias otras. Los potenciales socios para implementar estas ideas serían el gobierno, ProChile, InvestChile, e instituciones financieras internacionales.
Otro objetivo tiene que ver con proporcionar una fuente de ingresos estable y predecible para inversiones de hidrógeno verde, a través de mecanismos basados en precios. Esto, diseñando e implementando un esquema de contrato por diferencia para el hidrógeno verde y productos derivados del mismo, a través de un proceso de subasta que empareje compradores financiables con una oferta competitiva de hidrógeno verde chileno.
Para esto, posibles socios serían la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), el gobierno de Alemania, Agencia de Sostenibilidad Energética, e InvestChile, entre otros.
Una tercera meta es aprovechar el Artículo 6 del Acuerdo de París para apoyar la expansión en proyectos de hidrógeno verde, iniciando la compra de certificados de reducción de emisiones con la asistencia financiera de los donantes y aprovechando un esquema de contrato por diferencia aplicado a las reducciones de gases efecto invernadero. Esto, d la mano de la GIZ, el BID y el B. Mundial.
“Mejor resiliencia y competitividad mediante
Agricultura Climáticamente Inteligente”
Las sequías y mayores temperaturas son solo algunos fenómenos que han hecho cada vez más visible una de las grandes crisis actuales: el cambio climático. Dada la importancia de la agricultura y la industria alimentaria en la economía nacional, los riesgos para Chile son altos, por lo que el Banco Mundial asegura que la agricultura climáticamente inteligente (ACI) es una oportunidad en el contexto actual.
“La transformación de la agricultura chilena en un sector climáticamente inteligente es fundamental para alinear el sector con los objetivos de las contribuciones nacionalmente determinadas del país, para mantener su competitividad y aumentar la resiliencia de la agricultura familiar”, plantea en su informe.
El BM identifica como un primer objetivo estratégico mejorar la gobernanza de los recursos hídricos a través de la gestión integral de cuencas hidrográficas. ¿Cómo hacerlo? En los próximos dos años se sugiere establecer un marco legal que defina las responsabilidades y competencias de los actores involucrados en la gestión del agua, incluyendo al Ministerio de Agricultura y sus dependencias frente a otros actores públicas.
Hacia más adelante, se propone fortalecer los sistemas de gobernanza para mejorar la capacidad de captación y uso eficiente del agua, argumentando que “una gestión integral de las cuencas hidrográficas debe ser el principal criterio para definir la ubicación de inversiones en infraestructura”, a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General de la Presidencia, de Agricultura y de Obras Públicas.
Una segunda finalidad es -según el informe- facilitar la difusión, financiamiento y adopción de tecnologías ACI existentes, especialmente por pequeños y medianos agricultores. Esto, revisando los instrumentos de financiamiento de ACI disponibles, identificando oportunidades para ampliar el acceso a los instrumentos existentes y promoviendo un nuevo financiamiento, en lo más inmediato.
En dos años más, el camino sería sensibilizar a los agricultores, especialmente pequeños, sobre los beneficios de innovar y adoptar enfoques ACI. Esto, de la mano de promover redes colaborativas de conocimiento similares a los grupos de transferencia tecnológica para pequeños productores, mejorando la coordinación entre el Instituto De Desarrollo Agropecuario, la Fundación para la Innovación Agraria y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, y sumando desde el sector privado, por ejemplo, a la Sociedad Nacional de Agricultura.
Otras metas clave, según el BM, son promover el uso de energías renovables en la agricultura, y ampliar la disponibilidad de agua dulce a través de la inversión pública en infraestructura.
“Empujar el espíritu empresarial
a través de la economía digital”
Chile está “bien posicionado” para beneficiarse de una economía digital dinámica, según el Banco Mundial. Pero esto requiere que se aborden “algunas limitaciones”, especialmente en habilidades, infraestructura y espíritu empresarial.
“El cambio tecnológico podría transformar y reverdecer la economía de Chile y superar las debilidades estructurales, como la baja productividad de empresas, disparidades en la prestación de servicios y la alta concentración territorial de oportunidades económicas”, dice el reporte.
Un primer objetivo estratégico, según el estudio, sería aumentar la competencia y mejorar la regulación. Esto, creando un regulador política y financieramente independiente para las telecomunicaciones, con sólidas capacidades técnicas, de la mano, justamente, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Otra meta podría apuntar a fomentar una mayor “mutualización” de la red de acceso móvil y reforzar el acceso de banda ancha de alta velocidad para la población, según el organismo internacional. El camino, tanto en el corto como en el mediano plazo, sería mejorar el entorno regulatorio, perfeccionando el proceso de asignación de espectro, aprobando y ejecutando el proyecto de ley en materia de protección de datos, cumpliendo el proyecto de ley para declarar los servicios de telecomunicaciones de interés público para garantizar la universalidad y asequibilidad de las telecomunicaciones, y cumpliendo las normas de desagregación del bucle local. Los potenciales socios de implementación serían la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), el Congreso y el sector privado.
Un tercer objetivo apunta a desarrollar una red de acceso de banda ancha fija en áreas rurales y desatendidas a través de medidas regulatorias que fomenten una mutualización más amplia, según la entidad. El BM plantea varias opciones, como emitir licencias específicas que permitan a los actores que no son de telecomunicaciones poseer y operar infraestructura, o apoyar el acceso abierto obligatorio para todos los actores de telecomunicaciones a la infraestructura activa y pasiva, entre otras.
También se sugiere que el gobierno podría mejorar la regulación para establecer una obligación de acceso universal para que los operadores incrementen la cobertura de telecomunicaciones en áreas rurales y urbanas de bajos ingresos, así como regular el acceso a infraestructuras de última milla y larga distancia.
Otro objetivo es acelerar los actores emergentes de la nube locales y regionales, aprobando y ejecutando el proyecto de ley en materia de protección de datos, nuevamente junto a la Subtel, el Congreso y los privados.
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