Continúan conociéndose detalles del proyecto que refuerza el cumplimiento tributario de los contribuyentes, ingresado a trámite esta semana por el Ministerio de Hacienda y con el que busca recaudar el equivalente a 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en un plazo de cuatro años.
El texto contempla una serie de medidas de mayor control para aumentar la recaudación proveniente, especialmente, de los contribuyentes de altos ingresos, así como reducir el espacio para la evasión y la elusión.
Una de las principales -y más controvertidas- es la creación de la figura del "denunciante anónimo" con fines tributarios, asimilándose a la delación compensada para la persecución de ilícitos contra la libre competencia y el mercado de valores.
Según el proyecto de Hacienda, el denunciante anónimo será objeto de las penas de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 15 UTM en caso de aportar antecedentes a sabiendas de que son falsos o fraudulentos, sin perjuicio de las acciones que el denunciado pudiese interponer para resarcir los perjuicios causados.
Asimismo, el denunciante tendrá derecho al 10% de la multa que se aplique como consecuencia del procedimiento judicial realizado a partir de la información proporcionada.
Un documento anexo al proyecto de ley de cumplimiento tributario analiza la experiencia internacional de esta nueva figura, la que opera en varios países desarrollados.
"Existirá un fuerte control respecto de las denuncias, en especial realizando un análisis de admisibilidad para filtrar todas aquellas denuncias que no representen hechos constitutivos de delito o no se acompañen documentos suficientes que permitan abrir una investigación y conferir la calidad de denunciante anónimo a quien realizo la denuncia. Asimismo, el proyecto establece fuertes desincentivos al envío de denuncias dolosas", parte señalando el análisis de Teatinos 120.
Así, agrega que en las últimas décadas, los delitos tributarios han adquirido nuevas formas a través de arreglos "complejos y opacos".
"Este tipo de delitos afecta los ingresos fiscales, ayuda a blanquear ganancias ilícitas y socava la confianza pública en las instituciones", reza el documento, mencionando que en 2022 el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Delitos Fiscales y Otros Delitos, publicó el informe "Poner Fin al Juego de las Empresas Ficticias: Combatiendo a los Profesionales que Facilitan Delitos Fiscales y de Cuello Blanco", que analiza mecanismos para poder interrumpir las actividades de los profesionales que colaboran en la perpetración de estos delitos y promueve el desarrollo de estrategias disuasivas.
"El documento indica que los programas de incentivos para informantes, cuando se implementan de manera efectiva, pueden ser una herramienta crucial para que los reguladores con recursos limitados obtengan información y promuevan un ambiente de mayor transparencia en un entorno de creciente descontento público hacia quienes evaden impuestos y quienes los facilitan", reseña el Ejecutivo.
Para Hacienda, el principal objetivo de esta figura "no es aumentar la recaudación a través de denuncias", sino más bien "disuadir activamente" la comisión de estos delitos. Para lograrlo, dicen, es "esencial" desarrollar un mecanismo creíble que garantice la eficacia en caso de presentarse una denuncia fundamentada.
"Hay dos elementos que son fundamentales para la efectividad de la medida. Por una parte, otorgar garantías al denunciante del carácter anónimo del instrumento y establecer impedimentos a que enfrente eventuales represalias (excepto en el caso de las denuncias maliciosamente falsas). Por otra, establecer incentivos económicos, siempre que las denuncias eleven la recaudación fiscal. Un buen diseño permitirá elevar el atractivo de denunciar en el caso de observar y poseer antecedentes concretos de delitos tributarios, lo que a su vez representa un fuerte desincentivo para la comisión de estos delitos", señala Hacienda.
Incentivos y recaudación
Analizando la experiencia comparada, Hacienda destaca al Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, quienes aseguran la privacidad y confidencialidad del informante. Además, incorporan disposiciones contra represalias, como la prohibición de despedir o discriminar a una persona por haber realizado una denuncia.
En cuanto al uso de recompensas monetarias, se ha implementado en diversos países como incentivo para fomentar las denuncias. Así, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur e Inglaterra son ejemplos de países que ofrecen incentivos económicos a los denunciantes.
"Es común a todas las administraciones que, para ser elegible al beneficio, el denunciante debe haber proporcionado información que haya contribuido significativamente al caso", señala el texto de Hacienda.
En Estados Unidos, la retribución oscila entre un 15% y un 30% de lo recolectado por la autoridad fiscal; en Corea del Sur, entre un 5% a un 20% de lo recaudado, con un tope de US$ 3,5 millones; en Canadá, en tanto, la recompensa tiene un rango entre 5% a 15% siempre y cuando el ingreso recaudado supere los US$ 75 mil; mientras que en el Reino Unido los pagos son discrecionales y dependen de cada caso.
Otra de las conclusiones del análisis de Hacienda es que la figura del denunciante anónimo tiene un efecto directo en la recaudación al proveer de información "útil" para identificar a potenciales evasores.
Por ejemplo, cita un estudio de Call et al (2017) que encontró que las causas en que participan informantes consiguen multas más altas y sentencias de prisión más largas para los ejecutivos culpables. La probabilidad de una sanción monetaria incrementa en un 8,6%, y la probabilidad de una sanción penal en un 6,6%, concluye dicho paper.
Otra investigación citada es Wilde (2017), que concluyó que en Estados Unidos, las empresas sujetas a acusaciones de denunciantes anónimos muestran disminuciones significativas en la presentación de informes financieros incorrectos y en la planificación tributaria agresiva, en comparación con las empresas de control. Se observó que este efecto disuasorio persiste durante al menos dos años más allá del año de la acusación.
"La recaudación efectiva a partir de denuncias anónimas es relevante, aunque relativamente acotada en comparación a los ingresos fiscales. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos la administración tributaria recauda alrededor de US$ 300 millones al año en impuesto a la renta como resultado de denuncias anónimas (Amir, Lazar, & Levi, 2018). No obstante, el efecto indirecto de estos programas, es decir, la disuasión de la evasión fiscal puede tener un impacto mucho mayor y resultar en un aumento significativo en las recaudaciones", destaca Hacienda en el análisis de la literatura sobre este mecanismo.
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Sebastian Valdenegro
