Hacienda se abre a cambios en Norma Antielusión y analiza nueva regularización de capitales en el extranjero

Como ha sido tradición en los últimos meses, cada jueves se reúnen en el Ministerio de Hacienda los partidos con representación política con las autoridades de Teatinos 120, en búsqueda de lograr un consenso para reactivar el pacto fiscal, lo que también implica retomar la vía legislativa de la reforma tributaria, rechazada en su idea de legislar en marzo en la Cámara de Diputados.

Ayer, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a la subsecretaria Heidi Berner y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, lideraron la última reunión en este ciclo con sus contrapartes políticas, de cara a que la próxima semana se den a conocer los acuerdos alcanzados y el cronograma oficial para la tramitación de los distintos proyectos de ley que dan vida al pacto.

Ayer, el tema de conversación fueron los principios del sistema tributario y el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, propuesta plasmada en un documento de cinco páginas entregado a los asistentes.

Ahí, Hacienda se abrió a modificar uno de los ejes principales de su proyecto: la aplicación administrativa de la Norma General Antielusión (NGA).

En simple, esto implica que dicha norma pueda ser aplicada directamente por el Servicio de Impuestos Internos (SII), y no decidida por un tribunal tributario como ocurre hoy. La reforma original del Ejecutivo contemplaba, eso sí, mecanismos para evitar la vulneración de los derechos de los contribuyentes en la aplicación administrativa de la norma.

Aquello generó un rechazo generalizado en la oposición, que advertía que con esa medida el SII sería “juez y parte” en la aplicación de la norma, que busca sancionar a quienes utilicen esquemas u operaciones para reducir el pago de impuestos.

En el documento entregado ayer, Teatinos 120 se abre por primera vez a que la aplicación administrativa o judicial de la norma sea resuelta por el Congreso a través de la discusión legislativa.

En el texto, Hacienda señala que si los legisladores definen la aplicación administrativa, propone incorporar un comité externo consultivo que entregue una opinión “objetiva” sobre la razonabilidad económica de las operaciones analizadas por el SII antes de que el servicio aplique la norma.

¿Y si se define mantener la aplicación vía tribunales? Hacienda propone modificaciones que busquen “aclarar” el procedimiento en materias como notificaciones y audiencias.

Nueva ventana para regularizar capitales

Otro de los ajustes relevantes que incorporó el Ejecutivo en su propuesta son una serie de incentivos a la regularización.

En el último punto del documento, se menciona la posibilidad de incorporar, por una sola vez, mecanismos para que los contribuyentes puedan regularizar situaciones de “incumplimiento tributario”, que involucren por ejemplo capitales en el exterior, u operaciones en que hubiesen tenido que pagar impuestos como timbres y estampillas y a las herencias, por ejemplo.

El diseño de ventanas transitorias para regularizar situaciones tributarias anómalas ha sido una práctica constantes en las últimas reformas tributarias, ya que los proyectos legislados en 2014 y 2020 también contemplaron dichos mecanismos con tasas únicas, sea para repatriar inversiones en el exterior o retirar recursos del extinto fondo de utilidades tributarias (FUT).

Secreto bancario y denunciante anónimo

En total, son cerca de 30 medidas que puso Hacienda sobre la mesa para reforzar el cumplimiento en el pago de los impuestos. A estos se le agregan 12 principios para el nuevo sistema tributario, como la eficiencia, suficiencia, justicia y legalidad del régimen impositivo.

Asimismo, el Gobierno insistirá en dos medidas que tienen un perfil controversial: cambios al levantamiento del secreto bancario con fines tributarios, donde será el contribuyente quien deberá oponerse a través de un procedimiento judicial; y la creación del “denunciante anónimo”, basado en la experiencia de dicha figura en el mercado de valores, pero considerando sanciones en el caso de denuncias maliciosamente falsas.