Apenas 24 horas después de que se firmara el protocolo de acuerdo entre Hacienda y los senadores de la comisión del ramo para destrabar el proyecto antievasión y elusión, la comisión tributaria de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) se reunió para analizar el contenido de la propuesta y definir los pasos a seguir.
El grupo, integrado por más de 20 especialistas que representan a todas las ramas del gran empresariado, es presidido por el abogado y socio de Tax Advisors, Christian Blanche.
"La comisión tributaria de la CPC opera permanentemente, nunca ha dejado de operar. Y una vez que se apruebe el proyecto de cumplimiento tributario, va a seguir operando, porque no solo estamos viendo los proyectos de ley, sino que estamos participando en las consultas que se hacen de las circulares, estamos participando permanentemente en oficios. Estamos muy atento", señala el especialista, analizando en detalle lo acordado por el Ejecutivo y el Legislativo en materia de impuestos, tanto en lo referido al cumplimiento de las obligaciones tributarias como al próximo proyecto de cambios al impuesto a la renta que prepara el Gobierno.
“El protocolo de acuerdo es bastante general, pero en principio nos parece bien. Nos parece bien que haya una gobernanza más independiente de la administración tributaria y que haya un control de la juridicidad de los actos de la administración”.
- ¿Qué es lo que más destacaría del acuerdo?
- El protocolo de acuerdo es bastante general y tenemos que entrar a verlo en detalle, pero en principio nos parece bien. Nos parece bien que haya una gobernanza más independiente de la administración tributaria y nos parece bien que haya un control de la juridicidad de los actos de la administración, a propósito del tema de las circulares.
Pero también quizá podría haber un control de juridicidad de los oficios en caso de que sean contradictorios o haya un cambio de criterio. Sería bueno que este consejo externo pudiese hacerse cargo de esto y no solo de las circulares. Por ejemplo, hay varios oficios del artículo 26 bis, que son vinculantes para el contribuyente y donde se hace realmente una auditoría tributaria de un contribuyente y el servicio determina si una operación es o no elusiva. Si no se acompañan los antecedentes y el SII no permite llevar a cabo el acto, se están generando restricciones de derechos en el caso de que esa resolución sea ilegal o arbitaria. Este consejo debiera poder tener control de legalidad de esos actos de parte del SII.
- ¿Ven como positivo que se le pongan ciertas restricciones al accionar del SII?
- Estamos de acuerdo en que se le pongan regulaciones a la dirección nacional del servicio. Este consejo, si bien no conocemos el detalle de cómo se elige, estamos esperanzados de que el comité técnico que está definiendo las indicaciones pueda llegar a buen puerto.
- ¿Quiénes debieran integrar este consejo externo? Porque la idea es que tampoco sean personas con conflictos de interés, como asesores tributarios de empresas.
- Podrían ser exdirectores del SII, algunas otras personas que también tengan experiencia en el mundo empresarial. No conocemos el sentido ni el detalle de ese consejo externo, habría que ver bien cuáles son las funciones que va a llevar a cabo, pero no veo de que tenga que haber restricciones a que sean exasesores tributarios. Lo importante es que haya personas que no tengan incompatibilidad de intereses.
- La comisión técnica también analizará temas relevantes, como el denunciante anónimo, la flexibilización del levantamiento del secreto bancario y la aplicación de la Norma General Antielusiva (NGA). ¿Cree que puede terminar equilibrándose ese mayor control sobre la dirección nacional a cambio de nuevas facultades de fiscalización y control de la evasión y la elusión para el SII?
- Nos parece que la calificación de la elusión en sede judicial es una garantía para el contribuyente y no se debería retroceder en eso. Eso es bien importante, porque en definitiva hoy el control jurisdiccional lo tiene el Tribunal Tributario y Aduanero (TTA). Y que el SII pueda partir con una liquidación de impuestos deja en una situación desmejorada al contribuyente y en una desigualdad de armas.
- ¿Pero no le da garantías que en otras herramientas, como el secreto bancario y el denunciante anónimo, el protocolo establezca que se van a acotar a materias exclusivas de delitos tributarios y combate al crimen organizado?
- Lo que pasa es que el proyecto tributario se cruza con el proyecto de inteligencia económica. Todo lo vinculado con crimen organizado, narcotráfico y lavado de activos, está incluido en el proyecto de inteligencia económica, donde participa la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Fiscalía y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), donde también hay un intercambio de información entre esos organismos con el SII, Aduanas y Tesorería. Creo que hay que enfocarse en ese otro proyecto.
Ahora, desde el punto de vista del proyecto de cumplimiento tributario, el problema que vemos es que hoy se ha pedido que el TTA autorice al SII sin audiencia del contribuyente en casos más graves, como la fiscalización unificada de grupos empresariales, precios de transferencia, rentas pasivas, exceso de endeudamiento o recopilación de antecedentes para una investigación por delitos tributarios. Nos parece que en estos casos siempre se debiera escuchar al contribuyente y se debería aplicar el procedimiento general, no algo excepcional. Quizá en una recopilación de antecedentes podría darse una situación distinta porque ahí habría sospechas fundadas de que podría existir un delito tributario, pero en los demás casos hay una fiscalización simple y común.
Además, hay que pensar que en los casos en que se ha pedido acceso al secreto bancario, en los cuatro casos se ha permitido al SII el acceso. Quizá lo que se podría hacer es que se acorten los plazos para que el SII no tenga que demorar meses en acceder a la información. Eso nos parece razonable.
- ¿Cuál plazo sería razonable?
- Debería demorar un mes, un mes y medio a lo más. Y en el caso de delitos de lavado de activos y crimen organizado, el ministro de corte autoriza en menos de 24 horas a la UAF y a la CMF. Al final ese es un procedimiento eficiente.
- La segunda parte del protocolo se relaciona con el proyecto de cambios al impuesto a la renta. ¿Cómo se imagina ese proyecto? Ya el Gobierno ha dicho que incluso la recaudación neta podría ser neutra y ya no el 0,6% del PIB que se necesitaba originalmente.
- Siempre hemos pensando que el sistema tributario debería simplificarse y, por lo tanto, lo ideal sería volver a un sistema integrado y bajar la tasa a un 20%. Si eso no es posible, mantener el sistema igual y tratar de crear incentivos al ahorro a la inversión y generen ahorro y crecimiento y eso, a la larga, genere mayor recaudación.
- Además del sistema dual, ¿qué otros impuestos sacaría de la discusión? Se habla mucho del impuesto a las personas y a las ganancias de capital en la bolsa.
- Hace poco, las ganancias de capital por operaciones bursátiles eran ingresos que no tributaban y eran un muy buen incentivo. Hoy ya están gravados con un impuesto de 10%. Dejemos que opere el sistema, no podemos estar cambiándolo a cada rato, hay que darle un respiro al mercado de capitales. Por ahora, lo que hay que hacer es despejar la economía y crecer y eso no lo vamos a hacer poniendo cortapisas al crecimiento.
- ¿Van a insistir con la idea de reducir a 23% el impuesto corporativo?
- Nos parece muy importante que las empresas puedan tener tasas competitivas. Lamentablemente la tendencia mundial es la contraria a la que lleva Chile, que está subiendo las tasas y hoy el promedio a nivel global es una tasa corporativa del 23%. Cuando Chile tenía una tasa de 10%, afuera había una tasa promedio de 35%. Siempre estamos al revés y debiéramos aprender un poco de la experiencia. Esas tasas menores nos hicieron generar mayor actividad económica y recaudación.
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