Finalmente, el diálogo dio sus frutos. Pasadas las 11 de la mañana de este miércoles, el Ejecutivo y los senadores de la comisión de Hacienda alcanzaron un acuerdo para destrabar la tramitación del proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, con lo que se viabilizó la aprobación de la idea de legislar del texto.
Así, los cinco senadores de la instancia, Ricardo Lagos Weber (PPD), José Miguel Insulza (PS), José García (RN), Juan Antonio Coloma (UDI) y Felipe Kast (Evópoli), aprobaron la idea de legislar de la propuesta, con lo que se espera que se discuta en la Sala de la Cámara Alta la próxima semana.
Este es el corazón del denominado pacto fiscal, ya que contempla en régimen una recaudación adicional de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Al menos, eso considera el proyecto original, lo que cambiará tras las negociaciones entre las partes.
El ministro Marcel valoró el acuerdo y la aprobación de la idea de legislar, anticipando que entre agosto y septiembre es factible despachar el proyecto del Congreso, cumpliendo la meta de hacerlo antes del ingreso del Presupuesto 2025.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó los detalles del protocolo en el inicio de la sesión de la comisión de Hacienda de la Cámara Alta, planteando que contempla cuatro ejes.
El primero se relaciona con principios del nuevo sistema tributario, en línea con los acordados en los diálogos sociales convocados en abril de 2022, en el marco de la reforma tributaria original. El segundo, con materias donde existe acuerdo “básico” entre las partes. Tercero, materias donde se requiere un análisis en “mayor profundidad”. Y, el último, se refiere a las implicancias para las finanzas públicas.
Impuestos Internos
En el segundo tópico, lo principal es el consenso respecto a cambios en la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), estableciendo una serie de ajustes que le restarán facultades al titular del organismo, aunque aquello estará supeditado al avance de una serie de mecanismos que den al organismo más herramientas de fiscalización y del combate a la evasión y elusión. Esto se analizará en el marco de una comisión técnica entre asesores de Hacienda y los senadores (ver notas relacionadas).
Aquí, son siete los puntos convenidos.
El primero es fortalecer el carácter del SII como un ente “técnico, con estructuras y procesos que fortalezcan su independencia del gobierno de turno y de los intereses particulares”, tanto en su dirección como subdirecciones.
El segundo es el establecimiento de plazos máximos de permanencia en los cargos de decisión.
El uso “efectivo” de los convenios de desempeño como instrumento para fijar metas de gestión a las autoridades y evaluar su cumplimiento es lo tercero.
Un punto clave es el cuarto acuerdo, que se relaciona con establecer una entidad colegiada externa que emita opinión sobre las estrategias de fiscalización del SII, evalúe su implementación y revise, con carácter vinculante, la juridicidad de las circulares de aplicación general que prepare el servicio en el ejercicio de sus facultades interpretativas.
“El nombramiento de los integrantes de dicha entidad deberá garantizar su capacidad técnica e independencia”, dice el documento.
Este era uno de los principales puntos de debate, ya que los senadores de oposición planteaban la necesidad de dotar de mayor autonomía al director del SII, con lo que estarían dispuestos a darle más facultades de fiscalización en temas como el secreto bancario y la Norma General Antielusión (NGA).
El director (s) del SII, Javier Etcheberry, se mostró contrario a que le resten potestades al servicio si, adicionalmente, se mantienen las actuales limitaciones para aplicar la NGA o levantar el secreto bancario. Este miércoles, el ingeniero no participó de la comisión, a diferencia de la sesión del martes.
Eso sí, fuentes señalan que se debe a que la instancia solo se abocaría a la votación en general del texto y no a un análisis técnico del proyecto. En esa segunda fase, tendrá un rol más protagónico.
También, en el protocolo se propone “despersonalizar” las decisiones de mayor relevancia institucional en el SII; la implementación de nuevas normas de probidad y transparencia; y la incorporación de mayores estándares de rendición de cuentas a la ciudadanía.
Compromiso antielusión
Además de los temas relacionados a la gobernanza del SII, el protocolo incluye acuerdos para avanzar en la normativa antielusión al margen de la NGA, que incluye el combate a la informalidad y fortalecimiento y modernización del catálogo de delitos tributarios.
En este punto, se incluyen como materias convenidas la implementación de normas de cooperación eficaz de parte de contribuyentes acusados de delitos fiscales; la modernización de los tipos penales tributarios (una materia a ser revisada por penalistas expertos); las medidas contra la informalidad; y perfeccionar algunas reglas del IVA destinadas a combatir la evasión e informalidad.
También se acordó trabajar en el fortalecimiento del rol central que deben cumplir Aduanas y la Tesorería, a través de las materias de revisión inmediata que contempla este proyecto de ley, tomando nota de otras que deben ser analizadas con mayor profundidad y con más tiempo.
Principios incluyen que cargas tributarias se perciban como “justas y proporcionadas”
El combate a la informalidad y el fortalecimiento de la persecución de los delitos fiscales fueron otros de los mínimos consensuados.
El protocolo precisa que son ocho los principios acordados para un nuevo sistema tributario. Aquí el detalle:
1. Establecer un marco jurídico con reglas “claras, simples y justas” para todos los contribuyentes, que promueva el cumplimiento tributario en el marco de los principios de juridicidad y legalidad.
2. Garantizar que las obligaciones tributarias, determinadas por la ley, sean percibidas como “justas y proporcionadas” por la ciudadanía, en el marco de un sistema tributario que sea “simple” y con instituciones sólidas”.
3. Combatir “decididamente” la evasión, incentivando la formalización de quienes operan al margen de la normativa vigente y fortaleciendo las normas que permiten la investigación y persecución de delitos tributarios.
Existe acuerdo en contemplar figuras penales “modernas” en materia tributaria, que permitan combatir de manera efectiva la evasión tributaria, con mecanismos “disuasivos y eficientes”.
4. Enfrentar la elusión como una forma “particular de distorsiones en la equidad horizontal y vertical del sistema tributario”. Los mecanismos para luchar contra la misma deben resguardar las garantías de juridicidad, legalidad, debido proceso, objetividad, entre otras.
5. Los órganos de recaudación y fiscalización tributaria deben operar sobre estructuras y procesos “objetivos, independientes, despolitizados, eficientes y de alta excelencia”, con herramientas tecnológicas que ayuden a un mejor cumplimiento tributario, adaptándose a las posibilidades de los contribuyentes.
6. Se define que la Defensoría del Contribuyente (Dedecon) debe contar con las facultades y recursos que le permitan cumplir “efectivamente” el propósito para el cual fue creada.
7. Asegurar el cumplimiento “irrestricto” de las reglas del debido proceso en el ámbito tributario, tanto en los procesos en sede administrativa como judicial.
8. Mejorar “sustantivamente y asegurar reciprocidad” en la eficiencia del gasto público, procurando que las ganancias de eficiencias sean permanentes.
“La mayor recaudación tributaria debe acompañarse de un mejor gasto público e incentivos correctos a la inversión, el ahorro y el crecimiento económico”, cierra el texto.
Hacienda se abre a más ahorros fiscales y a reducir recolección del proyecto de cambios a renta
Marcel confirmó que las modificaciones de tasas ingresarán tras la aprobación del proyecto de cumplimiento.
El protocolo establece actualizar la estimación de la mayor recaudación que se alcanzará en régimen y en la transición intermedia. Esto significa que se ajustará el 1,5% del PIB inicial.
También se precisa el destino prioritario de los recursos: se financiará la Pensión Garantizada Universal (PGU), y la inversión en seguridad ciudadana, incluyendo el apoyo socio-emocional a niños/as y adolescentes con foco en la prevención del delito a través de iniciativas en establecimientos educacionales.
Sala cuna, cuidados y mejoras en salud se financiarán a través de mecanismos distintos del pacto fiscal o mediante nuevas fuentes de recursos.
Asimismo, Hacienda se comprometió a una meta “más desafiante” de ahorro anual de recursos fiscales que la estimada en el informe de la OCDE, la que será de 0,2% del PIB (versus el rango entre 0,11% y 0,13% del PIB de ese reporte).
Adicionalmente, Marcel confirmó que se requerirán menos ingresos en el proyecto de cambios al impuesto a la renta. La propuesta original apuntaba a recolectar 0,6% del PIB. Eso sí, el ministro ratificó que la propuesta se ingresará después del despacho a ley de la iniciativa de cumplimiento tributario.
“Se constata que, dado los incrementos estimados en los ingresos no tributarios, las metas de ahorro de gasto y los proyectos de ley en estudio sobre sala cuna y subsidio eléctrico, la mayor recaudación proyectada en este proyecto de ley permitiría cubrir las necesidades de financiamiento de las medidas sociales establecidas en el pacto fiscal, sin requerir que otros proyectos tributarios contengan un incremento neto de recaudación”, es otro de los compromisos del Ejecutivo.
Comisión técnica resolverá nudos en secreto bancario, NGA y denunciante anónimo
La instancia espera reunirse hoy y definir el cronograma para las dos semanas de trabajo.
Pese a que hubo consenso en varias medidas, hay otra serie que serán definidas por una comisión técnica en la que participará Hacienda y los asesores de los senadores, como la flexibilización del levantamiento del secreto bancario (con foco en hacer más expedito el procedimiento judicial vigente), la aplicación administrativa de la Norma General Antielusión (NGA) y la creación de la figura del denunciante anónimo.
Se propone que el secreto bancario y el denunciante anónimo se puedan aplicar en el marco exclusivo de investigaciones tributarias y de crimen organizado.
Dicha instancia se reunirá hoy y funcionará por un plazo de dos semanas.
El protocolo plantea que este trabajo permitirá distinguir entre: las propuestas que se eliminarán del proyecto; aquellas que se trasladarán a otro proyecto; las que se reformularán y las propuestas que se resuelven en votación en la discusión en particular.
“Las recomendaciones de la mesa técnica serán entregadas a la comisión para completar la discusión en particular del proyecto, a fin de que éste pueda ser despachado dentro de los plazos acordados con la Mesa del Senado para los proyectos del pacto fiscal”, indica el texto.
En cuanto a la NGA, se señala que existen “diferencias respecto de la propuesta actual”, las cuales también serán discutidas en la mesa técnica, teniendo en consideración los cambios que se acuerden en la revisión de la orgánica del SII. Entre los temas que se revisarán en esta instancia se encuentran la fórmula en que se computa la prescripción de las acciones de fiscalización del SII, y la prevalencia de las normas especiales anti-elusión en relación a la Norma General Antielusión, dice el acuerdo.
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